Rescate de las autopistasEl Estado asumirá las autopistas quebradas en enero de 2018 y las privatizará en 2019

El Gobierno español tomará el control de las autopistas de peaje quebradas a partir del próximo enero, y en poco más de un año volverá a ofertarlas al sector privado. Así se contempla en el convenio firmado entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), Manuel Niño, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El convenio contempla que ocho de las  nueve autopistas de peaje en quiebra revertirán a Seittsa, de titularidad pública, el 15 de enero de 2018 (la autopista Madrid-Toledo, lo hará el 1 de abril del mismo año). La empresa pública se hará cargo de la explotación de las vías y de su relicitación posterior (vuelta a adjudicar al sector privado), que "no excederá del 31 de diciembre de 2018". El texto del convenio no especifica si las futuras licitaciones se harían en un solo contrato o en varios lotes.

El Ejecutivo no ha logrado en los últimos años cerrar un acuerdo para reequilibrar los contratos de las autopistas con las empresas concesionarias, por lo que finalmente anunció que asumirá el control de las autopistas, actualmente en concurso de acreedores, con la intención de relicitarlas después de que un juez determine la reversión de las concesiones.

Se trata de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto, la de Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la de Alicante Cartagena-Vera

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dijo en abril que las arcas públicas tendrían que pagar algo menos de 3.000 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial en la operación, una cantidad difícilmente recuperable en una futura relicitación, según analistas. El Tribunal de Cuentas estimó la responsabilidad patrimonial en 3.718 millones de euros.

Con la firma del convenio el pasado 16 de agosto, la empresa pública puede comenzar a elaborar los estudios de viabilidad y demanda pertinentes, así como los pliegos para relicitar los nuevos contratos de gestión de las autopistas. 

Por su parte, el Ministerio de Fomento deberá tramitar y aprobar el estudio de viabilidad y los anteproyectos de construcción y explotación, aprobar los pliegos, publicar, adjudicar y formalizar los contratos y aprobar los proyectos que el concesionario presente.

Según explicaron fuentes oficiales de Fomento, el objetivo de completar todo el proceso en el mismo año responde a que, desde que empiecen a revertir las concesiones, el Gobierno deberá computar el gasto automáticamente en el déficit público. De esta manera, el Ejecutivo busca evitar que el déficit de 2018 contabilice únicamente los gastos y no los posteriores ingresos. Además, esto supondría una garantía de cobro para las concesionarias si se produjese una reversión anticipada de los activos a la Administración.

Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la autopista eje aeropuerto, la autopista Madrid-Toledo, la autopista Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la autopista Cartagena-Vera.

La fuerte caída del tráfico en los primeros años de la crisis fue el desencadenante para la quiebra de estas autopistas, que pidieron el concurso de acreedores, bajo el argumento de que los ingresos de peaje no garantizaban a las empresas concesionarias recuperar las inversiones realizadas en la construcción.

El convenio incluye los resultados económicos previstos para las nueve autopistas en 2018. Así, estima que ingresen un total de 103,7 millones de euros, de los que 93,5 corresponden a peajes y 10,2 a ingresos de explotación de áreas de servicio.

Por su parte, el total de gastos estimados para el próximo ejercicio es de 54,6 millones de euros y el beneficio bruto de explotación (Ebitda) es de 49 millones de euros. Al final, el beneficio neto previsto es de 34,4 millones de euros. Estas ganancias serán ingresadas por Seittsa, que ingresará en el Tesoro el total del saldo positivo resultante una vez aprobadas las cuentas anuales de 2018.

El convenio también señala que se aplicarán las mismas tarifas previstas en los contratos de concesión de los que proceden las autopistas.