Montoro causa un caos con su primera medida para los autónomos

ZARAGOZA.- Hacienda ha provocado el caos entre los autónomos con su primera medida de presunto apoyo: algo más de tres millones de trabajadores por cuenta ajena desconocían este lunes (cuando finalizaba el plazo para liquidarlo con el Modelo 390) si podían, o no, aplazar la liquidación del IVA que cobraron durante el pasado ejercicio, una de las medidas de presunto apoyo al sector que manejaba el Gobierno.

Los decretos aprobados el 2 de diciembre, que incluían una subida del Impuesto de Sociedades entre otras medidas, no llevaban, sin embargo, el esperado aplazamiento, algo que provocó las quejas de los autónomos al ir acompañado, además, de un aumento de las exigencias para justificar las deudas que tenían pendientes de cobro.

El retraso en el pago de la liquidación es una medida, ya aplicable con el IVA no ingresado, que, de aplicarse, iba a permitir ganar algo de liquidez a los trabajadores por cuenta propia. La solución, sin embargo, provocó mayor incertidumbre, ya que la instrucción dictada a mediados de enero por la directora de Recaudación de la Agencia Tributaria, Soledad García, no dejaba claro si el pago a Hacienda del IVA ya ingresado por los autónomos era aplazable al tiempo que excluía de esa posibilidad a las pymes.

La web de la Agencia Tributaria, por su parte, deja claro que el decreto “eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos” de tributos como el IVA, “salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas” y siempre que se aporten garantías cuando superen los 30.000 euros. Así, añade, “la principal modificación para los autónomos será que deberán acreditar que no han cobrado las cuotas de IVA” cuyo pago pretenden aplazar.

Es decir, las mismas condiciones que antes aunque con un nivel mayor de exigencia para que pudieran beneficiarse de ellas.

“El decreto ley que reguló el aplazamiento del pago del IVA no permitió aplazar los pagos y después una circular determinó que sí podía hacerse con determinadas condiciones”, explica Álvaro Bajén, secretario general de UPTA (Unión de Pequeños Trabajadores Autónomos) en Aragón, que llama la atención sobre el hecho de que “en Derecho Tributario una circular no es interpretativa de las normas”.

Así, “los autónomos no saben si pueden aplazar o no los pagos”, explica Bajén, doctor en Derecho especializado en trabajo autónomo, que considera que las normas dictadas por Hacienda suponen “una incongruencia”.

Esa laguna ha hecho que en el sector cundiera el temor, ya que, si bien Hacienda se muestra hoy aparentemente partidaria de tolerar los aplazamientos, también es cierto que dispone de varios años para inspeccionar las liquidaciones. Y nadie sabe cuál el criterio en el futuro. “Mi consejo a los autónomos es que pidan aplazar el pago”, explica Bajén, quien considera que “si se lo conceden inicialmente no creo que luego vaya a haber sanciones”.

La exigencia con la aportación de los autónomos llama la atención cuando, según indica la última Memoria de Recaudación ( ) de la Agencia Tributaria, el IVA pendiente de cobro al final de los últimos cuatro ejercicios ha oscilado –sin incluir el afectado por procesos sancionadores- entre los 1.476 y los 3.037 millones de euros.

La polémica comenzó con el mismo decreto con el que el Gobierno pretendía acercarse a los postulados de Bruselas, que le exige aumentar los ingresos y recortar los gastos de la Administración para cumplir sus objetivos de déficit, algo que no acaba de casar con una medida que conlleve el aplazamiento de ingresos tributarios.

Por el contrario, el ejecutivo sí está estudiando un nuevo aumento de las cuotas de cotización mínima de los autónomos. Esta, no obstante, no afectaría a todos ellos, sino que se centraría en los que actúan como administradores de sociedades, que superan los dos millones.

PP y Ciudadanos incluyeron en sus acuerdos previos a la investidura de Mariano Rajoy medidas sobre los autónomos como ampliar las bonificaciones, extender la llamada tarifa plana o permitir cotizar solo por los días efectivamente trabajados. “Ninguna resulta sustancial ni será efectiva”, señala Bajén, que destaca la necesidad de otras como la regulación de la segunda oportunidad o asuntos relacionados con la formación.