La inmobiliaria de la familia Aguirre extiende la amenaza de desahucio a otros cuatro bloques de Madrid

El modelo de negocio está tan claro que las dudas son pocas y los temores, elevados. El destino de más de 50 vecinos del número 22 de la calle Galileo de Madrid, en el barrio de Chamberí, se encamina hacia el desahucio; en muchos casos, después de décadas como inquilinos modelo y de inversiones propias para reparar las desvencijadas casas.

La socimi Elix Rental Housing, capitaneada por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, y dedicada a la compra, rehabilitación, alquiler y venta de viviendas –a la especulación inmobiliaria, según otras voces– se hizo con todo bloque y comenzó a enviar el temido burofax a los residentes. No habrá renovación de los contratos que vayan venciendo, que ya son los de unos cuantos inquilinos. Por eso se organizaron junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid para declararse "bloque en lucha" e intentar negociar la renovación de sus alquileres, que siempre han sido bajos si se comparan con los precios actuales de la vivienda en ese barrio.

Pero los planes, a la vista del historial de esta sociedad de inversión, son otros. Y el miedo a nuevos desahucios se extiende ahora a otros cuatro edificios madrileños y uno en Barcelona en los que Elix Rental Housing  ha puesto sus ojos. Se trata, según la información publicada para su junta de accionistas, de bloques completos en los distritos de Tetuán, Lavapiés y Ciudad Lineal, además de otro bloque en el barrio de Gràcia de Barcelona. A estos se suma un inmueble más en el barrio madrileño de Canillejas por el que la socimi ya ha depositado las arras y espera culminar la operación antes de junio, según un documento informativo de la compañía.

Protesta en la junta de accionistas

Ante los nuevos planes y después de que la empresa ignorara los intentos de comunicación de los vecinos, varios de ellos se plantaron el lunes en la sede de Elix Rental Housing, en la calle Serrano de Madrid. Iban a acompañados de activistas del Sindicato con el objetivo de pedir explicaciones y una mesa de negociación a los directivos y accionistas, que se reunían, según el Sindicato y el orden del día de la junta (que la empresa ya ha retirado de su web), para votar la aprobación de estas compras consideradas "activos esenciales para la Sociedad".

"Representantes de la socimi se comprometieron a abrir un proceso de negociación y a designar una compañía mediadora. Es un avance, porque hasta ese momento ni respondían a las cartas de los inquilinos ni atendían las llamadas", explica a Público Alicia, miembro del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Ampliación de capital

Lo que no está claro todavía es si la junta de accionistas ha autorizado las compras, algo que se da por hecho teniendo en cuenta la importancia para su crecimiento. Elix Rental Housing tiene pendiente una nueva junta de accionistas el próximo febrero para aprobar una gran ampliación de capital de cara a estas operaciones. Según la información disponible en la web de la compañía, prevén ampliar el capital social más de 880.000 euros, además de otro aumento mediante aportaciones dinerarias por importe nominal de medio millón de euros y por un importe total efectivo de diez millones.

Este movimiento de capital en el inflado mercado del alquiler español se vende a los accionistas como una "gran oportunidad de inversión" dada su "resiliencia", su "demanda no discrecional" y su "alta diversificación de inquilinos" en un "entorno inflacionario". Es el lenguaje que usan los grandes fondos buitre que hace años anidaron en España y las innumerables socimis –sociedades de inversión dedicadas al alquiler– que nacieron tras las crisis financiera de 2008, beneficiadas con grandes exenciones fiscales durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Sin embargo, para los habitantes de estos barrios, ajenos a las grandes operaciones inmobiliarias, solo significa alza de precios, desahucios y gentrificación.

El triste ejemplo no está muy lejos del bloque recién comprado en Chamberí. Todos los inquilinos de un edificio de la calle Cardenal Cisneros fueron expulsados y sustituidos por otros inquilinos con mucho más poder adquisitivo después de que Elix Vintage –otra socimi con los mismo inversores– lo comprara y lo revendiera tras convertir los pisos en viviendas de lujo.

Lo mismo ocurrió, según denuncia el Sindicato de Inquilinas, con un total de 22 edificios en Madrid y Barcelona. "Tras desahuciarlos enteros, un total de 421 viviendas, los renovaron y volvieron a vender a un precio mucho más alto en menos de cinco años. Una técnica estrella de la especulación inmobiliaria que busca sacar el máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin importar el efecto que tiene en la vida de las vecinas expulsadas ni en los barrios gentrificados", denuncian los activistas.

El Sindicato de Inquilinas asegura que ya se ha puesto en contacto contactado con los vecinos de algunos de los nuevo bloques que la socimi prevé comprar. Su objetivo, como ya ha hecho en varias ciudades de Madrid, es "organizar a todas las vecinas en un frente común contra la socimi". No son solo los previsibles desahucios lo que tratan de impedir, sino la prevalencia de un modelo de ciudad neoliberal en el que sus habitantes son designados en función de su nivel adquisitivo y los beneficios que los fondos de inversión pueden conseguir con cada operación especulativa.

Los activistas y los vecinos afectados ya han dado la batalla contra grandes propietarios como Néstar, Cerberus o Blackstone, considerado el mayor casero de España; o incluso la Sareb, conocida como el banco malo, cuyo principal propietario es el Estado. En algunas ocasiones han logrado evitar subidas abusivas de los alquileres para cientos de inquilinos, mientras en que en otros casos los desalojos se llevaron a cabo tras dilatados procesos judiciales y grandes despliegues policiales que acapararon los focos mediáticos. En este caso, tanto Elix como AltamarCAM, principal inversora, ya se han convertido en el nuevo enemigo del Sindicato de Inquilinas.