Los exdirectivos del Banco de España defienden los datos de Bankia antes de salir a bolsa

Los datos contables  de Bankia disponibles a finales de marzo de 2011, año en el que la entidad salió a Bolsa, no indicaban que hubiesen errores para impedir el debut bursátil, esto han afirmado ante el juez del 'caso Bankia', Fernando Andreu, el excoordinador ejecutivo en el Departamento de Inspección del Banco de España Mariano García Herrera-Canturri y el exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.

Ambos exdirectivos del supervisor, que han declarado este miércoles ante el magistrado en calidad de investigados, han ratificado las declaraciones que prestaron, en esta ocasión como testigos, en julio de 2016, en las que aseguraron que Bankia disponía de provisiones suficientes de 3.000 millones de euros para cubrir deterioros adicionales en caso de necesidad, según han informado fuentes jurídicas.

De hecho, Herrera García-Canturri ,concretó en julio que esta reserva ascendía a 3.027 millones de euros.

Asimismo, ha apuntado que los correos que envió el inspector José Antonio Casaus advirtiendo de la "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia ante su inminente salida a Bolsa en julio de 2011 ya manifestaba que había más de 3.000 millones de euros sin asignar en esta fecha.

Según han informado fuentes presentes en la declaración , tanto Herrera García-Canturri como Tello ,recientemente jubilado, han aseverado que los datos de los que disponía el equipo de inspección del Banco de España sobre las cuentas a fecha de 31 de marzo de 2011 eran correctos.

Parte del interrogatorio se ha centrado en las tesis de los peritos judiciales aportados a la causa, cuyos informes manifiestan que en 2010 las siete cajas de ahorro, Caja Madrid, Bancaja, Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de La Rioja, Caja Ávila y Caja Segovia, que conformaron el Sistema Integral de Protección (SIP), y posteriormente BFA-Bankia, presentaban una "anomalía contable" y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer una "imagen fiel" a inversores y accionistas.

Según explicaron los peritos, se cuestiona las cuentas con las que el grupo hizo factible su debut bursátil, ya que supuestamente el Banco de España autorizó un determinado tratamiento contable en el que se contabilizaron las pérdidas de las siete cajas extintas sin pasar por la cuenta de resultados.

Sin embargo, el también exdirectivo del Fondo de Reestructructuración Ordenada Bancaria (FROB) Mariano Herrera ha rechazado esta teoría de los peritos judiciales diciendo que en estas cuentas no se apreciaban deficiencias.

Sobre los correos de Casaus, los dos exdirectivos del organismo supervisor han reconocido que tenían conocimiento del contenido, pero que nunca los recibieron. Al igual que constataron este martes Comín y González durante sus declaraciones, estos mensajes son una opinión personal del inspector.

Los correos enviados entre abril y mayo de 2011 advertían reiteradamente "de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada

Los correos enviados entre abril y mayo de 2011 advertían reiteradamente "de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)". Con respecto a las alternativas que ofrecía Casaus, han dicho que en la práctica no eran realizables.

Este jueves terminan las declaraciones como investigados de los ocho responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el momento de la salida a Bolsa de Bankia.

Mañana será el turno del exgobernador del Bde Miguel Ángel Fernández Ordóñez y del exsubgobernador Francisco Javier Aríztegui Yáñez. Este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado Casaus como testigo.

El juez del 'caso Bankia' rechazó en varias ocasiones citar a los ochos exdirectivos como investigados, pero se vio obligado a hacerlo cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó parte del último recurso presentado por la acusación popular en representación de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), en la que pedía su imputación al conocerse la existencia de las advertencias de inviabilidad.