La crisis del sexto mayor banco españolLa UE acumula medio centenar de demandas de inversores por la caída del Banco Popular

Un grupo de inversores descontentos han puesto 51 demandas contra los reguladores de la Unión Europea por la liquidación de Banco Popular, lo que supone uno de los mayores desafíos legales para la UE y un nuevo ataque contra la normativa del bloque sobre rescates bancarios.

El aluvión de casos, enviados al Tribunal General de la UE, es el primer test legal sobre cómo se aplican las nuevas normas bancarias europeas para forzar que los inversores soporten el coste de rescatar a un banco antes de que se emplee dinero público.

Las autoridades europeas intervinieron en junio tras una salida de depósitos de Popular, organizándose apresuradamente su venta, finalmente adjudicada a Santander por un euro, después de que el Banco Central Europeo determinase que era probable que la entidad pudiera quebrar.

Los accionistas de Popular y los tenedores de bonos junior perdieron alrededor de 4.000 millones de euros después de que la Junta Única de Resolución (JUR) forzase la venta de la entidad financiera, entonces la sexta de España.

Los contribuyentes españoles no asumieron la factura de la intervención y los ahorradores y actividades del banco no quedaron afectadas después de que Santander tomase el control de su atribulado rival. Pero el rescate, decidido en la noche del 7 de junio por la JUR y la Comisión Europea, golpeó con dureza a los accionistas y algunos bonistas de Popular, que ahora intentan devolver el golpe.

Las 51 demandas ante el Tribunal General de la UE antes de la fecha límite del 17 de agosto contra la JUR, y en algunos casos contra la propia Comisión, suponen el mayor número de acciones legales tomadas ante el tribunal contra una única resolución de la UE, dijo uno de sus responsables. El tribunal lleva los casos contra las instituciones de la UE. Sus decisiones se pueden apelar ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Entre los demandantes hay grandes fondos de inversión internacionales, como Algebris y Anchorage Capital, fondos de pensiones españoles, grupos de defensa de los consumidores, bancos cooperativos italianos e inversores mexicanos, según información vista en el sitio web del tribunal. La JUR rechazó comentar sobre estos casos.

No hay un plazo límite para que el tribunal emita su veredicto, en un proceso que lleva de media 18 meses, según las estadísticas del tribunal.

Hasta ahora el único caso similar fue uno el año pasado ligado al rescate del Gobierno esloveno de bancos locales en 2013, en el que los jueces dictaron que era legal imponer pérdidas a los inversores. El caso fue un precedente de la nueva normativa europea, más dura sobre los rescates.

Debate sobre las normas

Las demandas se producen en un momento en el que hay conversaciones para revisar en parte la normativa de rescates bancarios de la UE, a menos de dos años de su introducción.

La resolución forzada de Popular fue provocada por una salida de depósitos que a cambio ha alentado las conversaciones sobre cómo evitar una repetición en futuro. Los estados de la UE estudian medidas que les permitirían evitar temporalmente que la gente retire dinero de sus cuentas cuando un banco afronta dificultades, según un documento preparado por la presidencia estonia de la UE.

El debate sobre este asunto está abierto, dijo el martes un portavoz de la presidencia.

También hay conversaciones paralelas sobre si excluir a los depositantes de la lista de inversores que pueden verse forzados a cubrir las pérdidas en caso de un rescate, dijo una fuente de la UE.

Las normas de la UE para rescates bancarios dictan que accionistas y bonistas deberían asumir primero las consecuencias del fracaso de una entidad, pero los depósitos superiores a los 100.000 euros también podrían verse afectados. Eso ayudó a extender el pánico entre los ahorradores del Popular.

El Parlamento Europeo votará previsiblemente en las próximas semanas sobre cambios en las normas que regulan la lista de acreedores bancarios en caso de insolvencia.