La Audiencia libra a las grandes constructoras de la sanción que les impedía tener 30.000 millones en contratos públicos

La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir  que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. 

Eso abre la puerta a que puedan de nuevo presentar ofertas en las licitaciones de obra pública, cuyo volumen supera los 30.000 millones de euros al cabo del año, una tarta de la que precisamente las empresas sancionadas se llevan las principales tajadas, y optar a participar en los programas de los Fondos Next Generation, los fondos de recuperación de la UE. 

"Todas las grandes constructoras han estado implicadas en casos de corrupción en los últimos años", recuerda Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Rey Juan Carlos y experto en temas de transparencia, que llama la atención sobre cómo "es evidente que hay una colusión" en el funcionamiento de los concursos públicos.

"Hay que investigar qué ocurre", señala Silvina Bacigalupo, catedrática de Derecho Penal en la Universitat Autónoma de Madrid y presidenta de Transparencia Internacional, en relación con el "llamativo" porcentaje de sanciones de la CNMC que quedan en el aire en los tribunales o que, al considerar que no se daban todos los requisitos o circunstancias para aplicarlas, son anuladas o reducidas por estos.

La CNMC impuso a principios de julio del año pasado multas por un importe total de 203,6 millones a seis de las principales constructoras españolas, además de la prohibición a estas empresas de contratar con la Administración. Según la CNMC, desde 1992 las compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. Las compañías y sanciones impuestas por Competencia son Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones). Es decir, las seis principales del sector, del que controlan una cuota conjunta del 85%.

Esa misma situación se ha dado con las sanciones por valor de 61 millones de euros y el veto para contratar que la CNMC impuso a finales de agosto de 2021 a doce empresas que se habían llevado 71 de las 101 licitaciones del Ministerio de Fomento en conservación de carreteras entre 2014 y 2018. Según su investigación, "participaban sistemáticamente en todas las licitaciones acordadas, restringiendo el número de ofertas con bajas superiores a un umbral predeterminado".

El procedimiento sancionador de la CNMC concluyó que algunas de esas firmas presentaban propuestas instrumentales a la baja cuya finalidad consistía en eliminar de las pujas económicas a otras ofertas más elevadas o ajustadas a los trabajos en concurso para aumentar así las posibilidades de que otras empresas del grupo supuestamente concertado pudiera hacerse con la contrata.

Las empresas eran matrices y/o filiales de los grandes grupos Acciona, ACS, Ohla, Ferrovial, FCC, Sacyr, Elecnor y Copcisa, es decir, las seis principales del sector, y otras dos, las últimas, de menor entidad.

También ha sucedido con algunas de las compañías a las que la Comisión impuso sanciones por valor de 118 millones de euros por actuar como cartel en concursos de infraestructuras del AVE por valor de 837 millones de euros.

Las sanciones económicas, millonarias aunque al mismo tiempo de impacto leve en las cuentas de empresas cuyo volumen de negocio global superó el año pasado los 200.000 millones de euros, el grueso de ellos en contratos públicos, iban acompañadas de la prohibición de contratar.

Las empresas sancionadas recurrieron las multas y los vetos para contratar ante la Audiencia Nacional, que en las últimas semanas ha ido suspendiendo el pago de las primeras y la aplicación de los segundos de manera cautelar.

Esa era la medida más dura de la sanción, ya que afectaba al núcleo del modelo de negocio de las empresas afectadas, aunque su duración y alcance debía determinarlo, a instancias de la CNMC, la Junta de Contratación del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

"La pena más grave que se puede aplicar en estos casos es la prohibición a las empresas de contratar con las administraciones", explica Bacigalupo, que llama la atención acerca de otro aspecto: "Prácticamente no hay casos de los que se dé traslado a la jurisdicción penal por su gravedad para que sean investigados como delitos contra el mercado y la competencia".

Por el contrario, al tratarse de procedimientos administrativos sobre derecho de competencia esas sanciones se aplican únicamente a las empresas, ya que no es posible exigir responsabilidades a sus responsables en la vía administrativa.

Esas decisiones judiciales, que en todos los casos tienen carácter cautelar a la espera de que esos mismos tribunales se pronuncien sobre el fondo de los asuntos, es decir, sobre si las empresas sancionadas actuaron o no como cárteles y se compincharon para repartirse adjudicaciones como concluyen las resoluciones de la CNMC, mantienen abiertas para esas compañías dos magras vías de negocio.

Una es la de los contratos de infraestructuras de las administraciones públicas, cuya valoración ya supera los 30.000 millones de euros anuales entre los tres escalones (estatal, autonómica y local), según las estimaciones de Seopan, y la otra la progresiva activación de los fondos Next Generation, en las que esas empresas optan a participar en programas inicialmente presupuestados en otros 33.000 millones.

Villoria muestra su preocupación por este segundo bloque de contratos financiados con los fondos comunitarios extraordinarios, para cuyo desarrollo "la ley obliga a establecer controles y sistemas de integridad, que es algo muy necesario".

Sin embargo, añade, empresas que optan a esa financiación "están presionando para no cumplir con los requisitos que está poniendo el Gobierno para cumplir con la UE en materia de transparencia", algo que sitúa al Estado español ante "el riesgo de que Europa nos llame la atención y de que por ese motivo se puedan perder o retirar fondos del programa Next Generation", un volumen de dinero "sustancial" con el que "han visto la luz" unos emporios de los que "está claro que tienen capacidad para presionar a las administraciones".

Hasta octubre, y según una investigación de Newtral, una treintena de empresas sancionadas por la CNMC por prácticas restrictivas de la competencia han accedido a más de 800 millones de euros de los Fondos Next Generation.