Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, juntos en el minuto de silencio por el aniversario del atentado del 17A

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, han guardado este martes un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17 de agosto de 2017 en su cuarto aniversario.

El acto ha tenido lugar en el Pla de l'Os de La Rambla,  la altura del Memorial, y ha consistido en un minuto de silencio acompañado de la música del 'Cant dels Ocells' y una ofrenda floral, en la línea de lo que se hizo el año pasado.

En primera línea han estado familiares de los fallecidos en los atentados, y también han acudido la presidenta del Parlament, Laura Borràs, y los consellers de Salud e Interior de la Generalitat, Josep Maria Argimon y Joan Ignasi Elena, entre otros.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha reclamado este martes, en el cuarto aniversario de los atentados del 17A, "memoria y dignidad" para los damnificados y sus familias y ha pedido a las autoridades "más empatía" con las víctimas, "abocadas al olvido y marginalidad".

Los recursos en la Audiencia Nacional

Mientras tanto, algunas de las víctimas esperan que la Audiencia Nacional resuelva sus recursos contra la sentencia, por la que se condenó a los responsables de los ataques por delitos de pertenencia a organización terrorista y no como autores de los asesinatos de 16 personas.

El fallo de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal —que acordó penas de 53, 46 y 9 años a tres miembros de la célula yihadista— se dio a conocer el pasado 27 de mayo en una sentencia de 1.018 páginas. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación 11-M, que ejercían las acusaciones populares en la causa, anunciaron poco después su intención de recurrir la resolución.

La AVT interpuso recurso con la intención de que la sentencia sea anulada y se repita el juicio al considerar que el tribunal no se ha pronunciado sobre los cargos de asesinato terrorista que formularon ésta y otras acusaciones.

Desde la AVT recriminaron la decisión de los magistrados de considerar que el delito de asesinato terrorista "no formaba parte del objeto de procedimiento al no haber sido procesados previamente por dichos hechos por parte del juzgado instructor". Pidieron que se condene a dos de los acusados como autores de los asesinatos, además de pertenencia a organización terrorista y otros delitos.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que al menos ocho de las acusaciones particulares y tres de las defensas también han presentado recurso contra el fallo. La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo se sumó al recurso presentado por las víctimas.

Satisfacción de la Fiscalía

Aunque las acusaciones populares se mostraron en contra del fallo, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, mostró su satisfacción por la sentencia porque —a su juicio— no solo acoge todo lo mantenido por el Ministerio Público durante el procedimiento sino porque es "un reconocimiento a las víctimas del atentado".

"Queremos que se reconozca la memoria, la verdad, la justicia, y entendemos que con la sentencia se ha conseguido", llegó a decir el representante del ministerio público en rueda de prensa al día siguiente de que se diera a conocer la resolución de los jueces.

Dado que las penas impuestas por el tribunal a dos de los terroristas (53 y 46 años) fueron mayores a las que solicitaba la Fiscalía, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo aseguró que estaban satisfechos y que ni siquiera ese matiz merecía crítica porque no tenían reproche alguno en contra de los magistrados.

Tres años de investigación

La Fiscalía no acusó a ninguno de los tres investigados de asesinato terrorista al considerar que no tuvieron participación directa en los atentados. Discreparon en este punto con varias de las acusaciones particulares, así como con las acusaciones populares, que solicitaban para dos de los procesados la pena de prisión permanente revisable.

El juicio arrancó en noviembre de 2020 —cuando los acusados llevaban ya tres años en prisión preventiva— y se extendió durante 32 sesiones hasta febrero de 2021. La sentencia llegó justo tres meses después de que finalizara la vista oral con el turno de última palabra de los acusados, quienes insistieron en que no tenían nada que ver con la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils aquel 17 de agosto de 2017.