El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, abría la caja de pandora este lunes y se quitaba la careta. El motivo de la crisis bilateral que tensiona las relaciones entre los Estados español y marroquí no es otro que la posición española sobre el Sáhara Occidental. La coyuntura ha querido que el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Ghali, se encuentre en un hospital riojano tratándose de la covid-19, ingresado con una identidad alternativa por motivos de seguridad, hecho destapado por la inteligencia marroquí. Esto, sin embargo, no es la causa del chantaje que Marruecos ejerce sobre el Gobierno español y que tuvo en el pasado 18 de mayo la máxima expresión, cuando miles de personas marroquíes (muchas de ellas menores de edad) cruzaron a nado hasta Ceuta azuzadas por el ejecutivo magrebí.

Tal y como reconocía ayer el comunicado difundido desde Rabat, "la crisis no se reduce a un hombre: no comienza con su llegada, ni terminará con su partida. Se trata, ante todo, de una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España". "Las legítimas expectativas de Marruecos van más allá: comienzan con una aclaración, sin ambigüedades, por parte de España, de sus elecciones, sus decisiones y sus posiciones" con respecto al Sáhara Occidental. Las ansias anexionistas del reino alauí se evidencian en este nuevo paso diplomático que pretende influir en la posición española con respecto a la que fuera la provincia 53 española hasta el año 1975. La respuesta de Pedro Sánchez no se hizo esperar: "No es aceptable decir que se atacan fronteras por desavenencias en política exterior".

El conflicto saharaui entraba en una nueva fase el pasado año. A mediados de noviembre, Marruecos violaba el alto el fuego latente desde 1991 al disolver una protesta pacífica de civiles saharauis en la región de Guerguerat. A raíz de este hecho, el Frente Polisario declaraba la guerra en todo el territorio del Sáhara Occidental y los enfrentamientos se han sucedido a lo largo del muro de 2.700 kilómetros construido por Marruecos para dividir el territorio y a su población. En diciembre, el entonces presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, a golpe de tuit reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo contrario a la legalidad internacional. Ningún Estado reconoce la marroquinidad del Sáhara, un "territorio no autónomo" según la ONU, del cual es España la potencia administradora responsable de culminar el proceso de descolonización garantizando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Así lo admitía el secretario de Asuntos Jurídicos, asesor jurídico de Naciones Unidas, Hans Corell, en el año 2002: "El Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo". En la misma línea se expresaba el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un auto de 2014 desde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, donde ejercía como juez: "España sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial".

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, desde el pronunciamiento de Trump del pasado año, no ha modificado su postura, negándose a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y asegurando que el contencioso se ha de resolver en el campo multilateral de Naciones Unidas. Esto hace montar en cólera a Rabat, que vio en la jugada de Trump la oportunidad de materializar sus ansias anexionistas con respecto al Sáhara. España, como potencia administradora, tiene mucho que decir sobre este asunto en el plano internacional y por ello las presiones son tan evidentes hacia Moncloa. Sin embargo, la postura de los sucesivos gobiernos españoles han sido tibias y no han ejercido el liderazgo que cabría esperar de una potencia administradora para resolver este conflicto de origen colonial enquistado.

"El fondo de la crisis es una cuestión de segundas intenciones hostiles de España con respecto al Sáhara, una causa sagrada de todo el pueblo marroquí", recuerda el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores marroquí. "Una causa sagrada". No en vano para el reino alauí la anexión del Sáhara es un tema de primer orden, llegando a equiparar la cuestión territorial en importancia a la propia monarquía y a su relación con lo divino.

Para las élites marroquíes el proyecto del "gran Magreb" es un asunto primordial; sus ansias expansionistas no acabarían en el Sáhara Occidental, también Ceuta y Melilla son consideradas ciudades ocupadas y el proyecto incluiría algunos territorios de países vecinos, como Argelia. La hegemonía en el Magreb de Marruecos, en disputa con Argelia, es un asunto clave para comprender la estrategia y visión geopolítica de Mohamed VI, una cuestión heredada de Hassán II.

'Operación León Africano'

Mientras, desde el próximo 7 de junio y hasta el 18 del mismo mes, se desarrollarán las maniobras militares Operación León Africano, en las que participarán cerca de 8.000 soldados de Estados Unidos, Marruecos, Senegal, Túnez, Italia, Reino Unido, Holanda, Brasil y Canadá. Estas tendrán lugar en Marruecos, en el Sáhara Occidental, en Túnez y Senegal. España no participa en las mismas, a pesar de que otros años sí lo ha hecho. Según explican fuentes del Estado Mayor de la Defensa a Público, esta decisión no tiene nada ver con la actual crisis diplomática entre España y Marruecos, sino en que no se incluyeron en la previsión de los ejercicios militares en los que participarían las Fuerzas Armadas este año 2021.

Sin embargo, el hecho de que parte de estas maniobras militares se vayan a efectuar en el Sáhara Occidental ayuda a comprender la posición española, pues participar supondría, de alguna manera, un reconocimiento implícito de la soberanía de Marruecos sobre este territorio. Llama la atención la buena sintonía entre Estados Unidos y Marruecos incluso con la Administración Biden que, hasta ahora, no se ha atrevido a derogar la declaración trumpista de finales de 2020. 

Además, este martes declara Ghali en la Audiencia Nacional (aunque lo hará por videoconferencia desde el hospital riojano) por unas querellas que le acusan de diversos delitos, incluidos torturas y lesa humanidad. Para más inri, en las próximas semanas la justicia europea habrá de manifestarse sobre el acuerdo de pesca (y otros convenios comerciales) entre Marruecos y la Unión Europea que incluyen recursos naturales del Sáhara Occidental y con los que Marruecos hace negocios con empresas europeas. Los tribunales tomarán posición, otra vez, acerca de la soberanía marroquí sobre las aguas y recursos naturales del Sáhara Occidental. Los nervios están a flor de piel en Rabat.

La cuestión saharaui regresa cíclicamente a la actualidad española. Las difíciles relaciones bilaterales con Marruecos siempre están condicionadas por el contencioso del Sáhara. Son las consecuencias de que España no lograra ceder su soberanía sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en los Acuerdos Tripartitos de Madrid firmados el 14 de noviembre de 1975. Más de 46 años después, el Estado español sigue siendo la potencia administradora del proceso de descolonización del territorio del Sáhara Occidental.

Ahora, el Sáhara Occidental se convierte, otra vez, en un elemento conflictivo de primer nivel en la política española; un país en el que destacan los lazos de solidaridad entre la sociedad española y la saharaui. Estos días, diferentes marchas desde distintos puntos del Estado caminan hacia Madrid, donde confluirán el próximo 18 de julio para reclamar al Gobierno de coalición que se implique más activamente en la defensa de los derechos del pueblo saharaui.