Sònia Calvó y Gemma Garcia, periodistas: "Hay un silencio oficial en los casos de policías infiltrados en movimientos sociales catalanes"

Las periodistas Sònia Calvó (Barcelona, 1990) y Gemma Garcia (Barcelona, 1982) reciben a Público en la redacción de La Directa, el medio que destapó en junio de 2022 un primer caso de infiltración policial en movimientos sociales de los Països Catalans. El agente, que se hacía llamar Marc Hernàndez, aterrizó en Barcelona a finales de 2019, tras un convulso otoño político marcado por las protestas contra las sentencias del Procés. Tirando del hilo, el equipo de investigación de La Directa identificó hasta tres agentes más y descubrió una operación coordinada del Cuerpo Nacional de Policía, diseñada para captar información y "entender qué pasaba en Catalunya" en ese momento.

Ahora, las entrevistamos con motivo del reportaje Infiltrats, que se estrenará el domingo en el programa 30 minuts. Se trata de una producción de 3Cat, en colaboración con La Directa y Polar Star Films, que amplía la información ya publicada, con "material inédito" sobre los patrones comunes de los agentes infiltrados en Girona, València y Barcelona y los errores clave que permitieron su identificación. Además, también se abre el debate sobre los límites de este tipo de operaciones a través de una veintena de entrevistas a activistas, testigos, abogados, psiquiatras, expertos y policías.

Los agentes infiltrados se mimetizaron durante un par de años, matriculándose en la universidad, ocupando plazas públicas, liderando acciones de sabotaje e, incluso, manteniendo relaciones sexoafectivas para vincularse a los movimientos sociales. Aunque los métodos de cada policía eran diferentes, todos compartían una serie de características "asimilables" que alertaron a los compañeros de militancia. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la finalidad de las infiltraciones, hasta dónde se quería llegar o qué hicieron con la información obtenida. Sin embargo, el impacto psicosocial que provocaron perdura y el reportaje, según las periodistas, es una especie de reparación mediática para las personas y colectivos que presentaron querellas que no han prosperado.

¿Qué indicios motivaron la investigación?

G: La investigación comenzó en la primavera de 2022. Unos activistas nos alertaron de sospechas sobre una persona que, en ese momento, militaba en Resistim al Gòtic, un colectivo vecinal de vivienda, y en el SEPC, el Sindicato de Estudiantes de los Països Catalans. A partir de ahí, comenzamos a rastrear varias fuentes, incluidas las redes sociales de esta persona, e hicimos ciertas comprobaciones hasta destapar su identidad. Se trataba de un agente del Cuerpo Nacional de Policía, miembro de la 33ª promoción de la escuela de policía de Ávila, que usaba el nombre falso de Marc Hernàndez Pons. Este es el primer caso que descubrimos como La Directa.

¿Cuáles son las incoherencias detectadas que hicieron saltar la alarma?

G: Han habido unos patrones comunes que se han repetido. Eran personas que hablaban poco de su pasado, que tenían trabajos esporádicos o de temporada, que hacían intermitencias regulares para, teóricamente, visitar a la familia, y que desconectaban mínimamente las comunicaciones. En un momento, también empezaron una retirada bajo el pretexto de alguna enfermedad o problema familiar. No se sabe si esta retirada se produce porque se intuye que hay sospechas o porque se decide retirar a esta persona por otras cuestiones vinculadas a la operación.

¿Qué dificultades comportó esta investigación?

G: Como equipo de investigación, ha comportado mucha paciencia y persistencia. Es un trabajo que implica estirar hilos que a menudo no llevan a nada. Han sido muchas horas rastreando información y haciendo comprobaciones, un trabajo de hormiga que no tiene resultados inmediatos, pero que nos ha permitido descubrir una operación coordinada de infiltración policial, detectar unos patrones comunes y explicar qué impacto psicosocial ha tenido.

S: El reportaje de 3Cat no habría sido posible sin la investigación de estos años de La Directa. Es la culminación de un trabajo que aún continúa. Hasta ahora, se ha hecho la tarea de publicar los casos, pero esta producción es la visión global de todo ello en un solo material en la pantalla. La televisión pública ha apostado por un tema delicado.

¿A qué atribuyen que otros medios con más recursos no hagan investigaciones periodísticas de este tipo sobre los cuerpos policiales?

G: Una de las especialidades de La Directa ha sido la fiscalización de las actuaciones policiales. Hace tiempo que nos dedicamos a revelar espionajes. Hemos publicado intentos de captación de militantes y otros espionajes digitales por parte de los Mossos d'Esquadra. En el reportaje también mencionamos otros medios que no son del ámbito catalán, como El Salto o elDiario.es, que han destapado casos de infiltración policial en Madrid.

S: También hay una parte de la confianza de las fuentes con La Directa y con los periodistas en concreto. Era la clave para poder hacer el reportaje.

¿Cuál era el modus operandi de los agentes infiltrados? ¿Sus acciones estaban completamente planificadas o bien disponían de autonomía para actuar según las circunstancias?

Aunque hay un modus operandi conjunto, sí que hay algunos rasgos que son característicos de cada caso. Dani, que se infiltró en la Cinètika, tuvo diferentes relaciones sexoafectivas con un grupo de chicas que luego interpusieron una querella. Maria, en Girona, mantuvo una relación más larga de tres años con un activista del movimiento independentista, Òscar Campos. Cada uno tiene un método diferente. Marc, por otro lado, se infiltró a través de la universidad, ocupó una plaza pública en la Universidad de Barcelona.

G: El policía de València sí que lideró acciones de sabotaje, es decir, dio un paso más allá en su vinculación. Tienen especificidades, pero los patrones en común son: por un lado, agentes muy jóvenes, alrededor de los treinta años. Luego, son de los Països Catalans, es decir, que hablan catalán. Tres de ellos nacieron en Illes Balears y otro en Catalunya, y la lengua común les facilita un acercamiento a determinados colectivos en un contexto político muy concreto. Y, por último, son de la misma promoción, todos se graduaron en la escuela de policía de Ávila en junio de 2019 y a principios de 2020, bastante rápido, ya aterrizaron en los lugares de infiltración policial.

¿El mantenimiento de relaciones sexoafectivas con miembros de movimientos sociales es una estrategia deliberada para obtener información?

G: No lo sabemos.

S: Lo que pasa en el reportaje y a lo largo de la investigación es que hay preguntas que quedan sin respuesta por las negativas constantes del Ministerio de Interior y de la escuela de policía. Precisamente, una de las peticiones es el derecho a la información que tenemos como periodistas y como ciudadanía. Más allá de eso, entrevistamos a una serie de personas que dan una visión global de por qué pasan estas cosas. Hay versiones diferentes, pero no tenemos la verdad absoluta.

¿Con quién han hablado?

S: Por un lado, con las personas que han sufrido las infiltraciones policiales, con los abogados y con una portavoz de un sindicato policial que, aunque no tiene nada que ver con los casos ni forma parte de las operaciones, tiene conocimiento de cómo funcionan en general.

G: La abogada del caso del agente infiltrado conocido como Daniel afirma que las relaciones sexoafectivas fueron utilizadas como método. Relacionarse con mujeres de una orientación política muy específica, ya fuera porque las conocía en ciertos entornos o las contactaba a través de una aplicación de citas, le permitía acceder a determinados espacios y avanzar en la operación.

S: Las mujeres que elegía no eran aleatorias. Esto le daba una coartada y le permitía mostrar una imagen de activista que le ayudaba a mimetizarse con el entorno.

G: Maria Perelló tuvo una relación larga con un activista muy implicado en los movimientos sociales y el independentismo de Girona y Salt, y eso la avaló.

Sabían que era la pareja de un activista muy implicado, y la gente pasaba por alto comportamientos extraños.

S: Benet Salellas explica que, en condición de pareja, Maria accedió a reuniones con abogados, vulnerando el derecho a defensa de Òscar.

¿Qué ha pasado con los agentes infiltrados después de que se hiciera pública su identidad?

G: Después del primer caso, creemos que hubo una alerta para los otros agentes. Comenzó un efecto cadena y los infiltrados empezaron a distanciarse bajo el pretexto de enfermedad familiar. Los militantes detectaron conductas asimilables y nosotros estiramos el hilo. En relación con lo que ha pasado posteriormente, el Ministerio de Interior ha hecho una defensa cerrada de estas operaciones y no ha querido facilitar información. Se han presentado tres querellas y una demanda al contencioso administrativo.

¿Qué recorrido han tenido las querellas?

G: Han encontrado un muro judicial. Los jueces de instrucción ni siquiera las han investigado. Hay recursos interpuestos que deben resolverse. Y en cuanto a los policías, en el reportaje señalamos cuál es su situación en estos momentos.

¿Pueden avanzar algo sobre la situación actual de los agentes?

S: No. Más que nada, porque aún hacemos investigaciones. El lunes publicaremos la revista mensual de La Directa con más información.

G: Es importante reiterar el silencio oficial y el muro judicial con un papel relevante de la Fiscalía, que debería actuar de oficio en casos donde se pueden haber vulnerado derechos fundamentales. Sin embargo, ha negado que las querellas se acepten a trámite y se inicie una investigación.

“La Fiscalía debería actuar de oficio en casos donde se pueden haber vulnerado derechos fundamentales, pero no ha aceptado las querellas”

La policía utiliza el concepto "agentes de inteligencia", en lugar de agentes encubiertos. ¿Qué diferencia hay y qué impunidad les reporta esta calificación?

G: Hasta ahora, habíamos conocido agentes encubiertos, que son agentes autorizados por un juez y que tienen un control y supervisión externos. Se dedican a supuestos muy concretos, como el terrorismo, el narcotráfico o la trata de personas. Esto está recogido en la ley de enjuiciamiento criminal. Cuando sale el primer caso, el Ministerio de Interior y la Comisaría General de Información emiten un informe donde reconocen por primera vez la existencia de policías infiltrados en movimientos sociales, pero dicen que no son agentes encubiertos, sino agentes de inteligencia.

¿Bajo qué pretexto los infiltran?

G: Dicen que son agentes de inteligencia, que dependen de la Comisaría General de Información y que son para captar información, procesarla y analizarla. No están sujetos a ninguna supervisión judicial.

¿Es legal esto?

G: Se encuentran en una situación de indefinición legal. No hay ninguna ley que los regule ni una figura definida para ellos, a diferencia de los agentes encubiertos. Probablemente existen normativas internas que desconocemos. Por lo tanto, no sabemos cuáles son exactamente sus funciones, cuándo se pueden desplegar estos operativos, qué información pueden recoger ni qué hacen con ella.

S: Son preguntas sin respuesta. En el reportaje entrevistamos a la portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, así como a varias figuras destacadas del mundo de la abogacía, para aclarar dónde se encuentran los límites para evitar vulnerar los derechos fundamentales. Aun así, seguimos sin saber qué control existe, qué pasa si se traspasan esos límites y qué consecuencias se derivan.

¿Es la primera vez que nos encontramos con casos de este tipo en el Estado español?

G: No, los policías infiltrados han existido siempre. Durante mucho tiempo actuaron en organizaciones armadas, pero es cierto que en los años 90 también se infiltraron en movimientos sociales. Lo que pasa es que nunca se había destapado con tanto detalle cómo operaban, se habían identificado patrones ni rastreado tantos datos sobre su identidad.

S: Las infiltraciones son en movimientos sociales y los abogados apuntan que no hay una criminalidad grave y se preguntan qué buscan. Son grupos por el derecho a la vivienda, en defensa de los derechos de las personas migrantes. En el reportaje mencionamos el caso inglés Spycops Scandal para demostrar que no solo pasa aquí y ahora, sino que ha pasado en otros lugares y momentos de la historia.

G: Es una técnica que se ha utilizado siempre, pero la novedad radica en la investigación en profundidad, que destapa una operación coordinada dentro de los movimientos de los Països Catalans. Además, nunca se había llegado tan lejos en el ámbito jurídico para provocar consecuencias y promover una mayor concienciación social.

¿Qué cobertura política por parte del Gobierno español tienen este tipo de operaciones?

G: El Ministerio del Interior se ha negado a darnos información teniendo en cuenta que se han presentado alrededor de 200 preguntas en el Congreso. Se han registrado por escrito y el Gobierno solo ha ofrecido respuestas estándar alegando que los cuerpos y fuerzas de seguridad respetan la Constitución. Son operaciones que están amparadas por la Ley de Secretos Oficiales.

¿Hay alguna diferencia a la hora de ordenar las operaciones dependiendo de quién forme parte del ejecutivo estatal?

S: Las infiltraciones que analizamos están relacionadas con el ministro Grande-Marlaska, pero, como decíamos, siempre han existido. No queremos centrar tanto la atención en qué partido político lidera el Gobierno español, sino en el contexto concreto en el que se produjeron.

G: Estas prácticas de espionaje se han llevado a cabo tanto durante los gobiernos anteriores del PP como en el del PSOE. Hay una clara continuidad en los métodos y las estructuras policiales.

¿Qué representan las infiltraciones para la salud democrática del país?

G: La ciudadanía debería estar preocupada por el hecho de que se infiltren agentes y se destinen importantes recursos económicos y humanos a operaciones que espían preventivamente colectivos vecinales, asociaciones y entidades. Todo esto sin que luego derive en ningún procedimiento judicial ni en detenciones.

S: Lo que no puede ser es que, como medio, solicites información y todas las respuestas a las peticiones de entrevista y transparencia sean negativas.

¿Qué cambios han introducido los movimientos sociales para prevenir futuras infiltraciones? ¿Han modificado protocolos, estructuras o formas de organización?

S: Los movimientos sociales han vivido un vaivén. Ahora bien, reafirman que las infiltraciones no han conseguido romperlos. Evidentemente, las personas y los colectivos han sufrido consecuencias, pero se sigue militando y haciendo trabajo de base. Había el miedo de que se generara un sentimiento de paranoia que hiciera dudar de todo y de todos, pero se ha trabajado mucho para que esto no pase. Son movimientos abiertos, con asambleas participativas y actividades públicas, que no tienen por qué cambiar porque no tienen nada que esconder.

G: Han conseguido resistir uno de los objetivos de estas operaciones: la desmovilización, la propagación del miedo y la generación de dudas y desconfianza.

Si uno de los objetivos era la desmovilización, ¿qué otros se perseguían?

G: No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que las infiltraciones se producen en un contexto determinado, después del otoño de 2019, cuando hay unas movilizaciones masivas en Catalunya a raíz de la sentencia del Procés. Hay el despliegue de agentes y, al mismo tiempo, se intensifica el espionaje con Pegasus. Intuimos, de alguna manera, que el Estado necesita entender qué está pasando en Catalunya a través de diferentes métodos. Captar información para saber cómo se organiza la sociedad masivamente.

S: Marc formaba parte de Resistim al Gòtic. Creemos que entró para extraer información sobre otros grupos por el derecho a la vivienda, pero también para avalar su entrada en el SEPC o en otras organizaciones.

¿Qué repercusión esperan que tenga el reportaje?

S: Estamos convencidas de que se hablará de él. Queremos que sea una especie de reparación para las personas afectadas. Si no la obtienen por la vía judicial, al menos que obtengan el reconocimiento público. Las víctimas fueron muy banalizadas. En el reportaje, hay testimonios de personas que nunca antes habían hablado frente a las cámaras.

“Los peritajes demuestran que las víctimas de las infiltraciones sufrieron maltrato y tortura”

G: Se hará público material audiovisual inédito. Los agentes llegan muy lejos con sus infiltraciones, vulnerando derechos fundamentales como el derecho a la intimidad y la revelación de secretos. Los peritajes confirman que ha habido maltrato y torturas porque se generaron lesiones.

S: Al final es cuestionarnos qué modelo de policía queremos como sociedad democrática, hasta dónde estamos dispuestos a aceptar estas operaciones y por qué se hacen, qué se busca y si realmente era necesario mantener relaciones afectivas tan largas.

¿Tortura y maltrato?

Entrevistamos al director del centro Sira [Centro de Atención a Víctimas de Maltratos y Tortura], Pau Pérez Sales, que ha realizado los peritajes de las personas afectadas. Sus conclusiones fueron expuestas en la comisión de investigación que se abrió en el Parlament de Catalunya a finales de 2023. No es una afirmación nuestra, es que él determinó que eran casos de maltrato y tortura porque cumplían cuatro factores: intencionalidad, sufrimiento grave, un propósito de obtener información, castigar, humillar o discriminar, y que estas acciones las llevó a cabo un funcionario del Estado.

G: Ha habido una afectación psicosocial grave. La mayoría de las víctimas han necesitado atención psicológica y aún arrastran las consecuencias de estos hechos.