Ignacio, Carlos, María, Ramón, Sergio, Dani, Mavi, Lucía y María Ángeles. La prensa ha destapado este lunes el enésimo caso de una policía infiltrada en movimientos sociales de Madrid y Barcelona desde 2022. El modus operandi suele seguir siempre el mismo patrón: gente joven que lleva poco tiempo en el cuerpo, sin formación específica y que entra en contacto con los activistas a través de gimnasios, jornadas de puertas abiertas, manifestaciones o espacios políticos donde caben casi todas las ideologías. 

María Ángeles, conocida en los movimientos antirrepresivos de la capital como Marta de Aranjuez, es la protagonista del último caso que sacaron a la luz El Salto y La Directa. Esta funcionaria del Ministerio del Interior tiene 62 años y estuvo infiltrada durante más de tres décadas en centros sociales y colectivos como la Coordinadora Antifascista de Madrid y Madres Contra la Represión. "Lo más significativo es que llevaba operando casi 30 años. Esto lo pone todo más negro sobre blanco, porque han pasado cinco gobiernos distintos y ninguno mandó interrumpir sus funciones de espionaje. Es un asunto de Estado", reivindican desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. 

Madres Contra la Represión tomó la decisión de expulsarla poco después de la pandemia, cuando sus compañeras tuvieron los suficientes indicios como para sospechar de su identidad. "Las primeras señales de alerta las recibimos durante el confinamiento, así que nos pilló con las manos atadas. Hicimos pesquisas y empezamos a dudar. Le planteamos varias cuestiones durante una asamblea y nos preguntó por su número de placa, pero tuvo una reacción más suave de lo previsto", matizan desde el colectivo. 

La agente se licenció hace 40 años, cuando la actual sede de la Escuela de Policía de Ávila –donde se forman casi todos los policías infiltrados– ni siquiera se había terminado de construir. Nada más terminar su formación, entró en contacto con el movimiento okupa. "Las acciones se dirigen generalmente contra determinados grupos sociales. El sesgo es evidente y el problema está en la falta de regulación", explicaba Juanjo Medina, coordinador del grupo de estudios policiales de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, en este artículo de Público.

La legislación actual no permite de manera explícita estas prácticas, pero tampoco las impide. La Ley de Enjuiciamiento Criminal deja la puerta abierta a las investigaciones encubiertas. El texto, no obstante, considera que debe existir una investigación en curso para infiltrar personal en cualquier colectivo. La Justicia tiene que autorizar específicamente a los policías para utilizar identidades falsas, de lo contrario, estaríamos hablando de una "extralimitación de sus funciones". El Gobierno argumenta que son agentes de inteligencia y trabajan para "prevenir la delincuencia". 

Sumar ha presentado en los últimos meses dos preguntas para tratar de saber el porqué de la infiltración de agentes en movimientos sociales de todo el país. "Estas acciones tienen que ser residuales y minoritarias, siempre amparadas en cuestiones de seguridad de Estado. Interior dice que es una práctica necesaria para prevenir la delincuencia. Entonces, ¿por qué no investigan los movimientos de las petroleras, las farmacéuticas, los fondos buitre y las grandes constructoras, que son las que tienen posibilidades reales de delinquir con efectos sobre la democracia?", sugiere Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar que firma las peticiones de información.

Interior ha rechazado en repetidas ocasiones hacer pública la relación total de policías infiltrados en los colectivos sociales de las grandes ciudades españolas. "El Gobierno debería decirnos cuántos efectivos tiene encubiertos en movimientos provivienda y cuántos en fondos buitre; cuántos tiene en plataformas ecologistas y cuántos en empresas petroleras. Si la relación no es ponderada, hablamos de un sesgo ideológico que tumbaría su versión. No estaríamos hablando de vigilar la delincuencia, sino de criminalizar los movimientos sociales", continúa el parlamentario.

María Ángeles, 30 años de espionaje

María Ángeles participó durante tres décadas en distintas asambleas, manifestaciones y protestas antifascistas con la máscara de Marta de Aranjuez. La funcionaria llegó a solicitar los permisos para varias concentraciones en la Delegación del Gobierno, todo ello con su DNI falso. "Era una persona que estaba en todas partes, todos la conocíamos, aunque solo fuera de vista. Ella hacía por verse, participaba en todo tipo de actos y no dudaba en poner la cara o marchar en primera línea", detallan desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. 

Felipe González todavía gobernaba España cuando María Ángeles comenzó a infiltrarse en pequeños grupos del movimiento okupa de la capital, según precisan desde Madres Contra la Represión, último colectivo en el que militó. "Esta señora se presentó como una madre separada, tenía don de gentes, logró empatizar con nosotras y nos enseñaba fotos de su familia. El papel lo bordaba, por eso lo vivimos con una mezcla de agobio, rabia y tristeza", reconocen las compañeras del movimiento.

"La pregunta es por qué el sistema mete a una espía como ella en un colectivo como el nuestro, que denuncia la ley mordaza o los casos de represión contra nuestros chavales. La Policía ha detenido varias veces a nuestros hijos, ¿habrá tenido algo que ver María Ángeles? Pues no lo sabemos", cuestionan las militantes de Madres Contra la Represión. La policía infiltrada llegó a pasarse por un acto contra el genocidio en Palestina incluso después de haber sido expulsada del colectivo. 

La vena "fascista" de la policía en Twitter

María Ángeles, una vez descubierta, utilizó su Twitter falso para verter amenazas contra periodistas y políticos progresistas y lanzar mensajes xenófobos, racistas y machistas. Pedro Sánchez era uno de los blancos recurrentes para la funcionaria de Interior: "sinvergüenza", "tirano" o "chorizo" son algunos de los insultos que se pueden leer entre sus respuestas. Irene Montero, Ione Belarra, Mertxe Aizpurua, Francina Armengol, Míriam Nogueras y Yolanda Díaz también han recibido descalificativos como "patética", "asquerosa", "pedazo de mierda", "gilipollas" o "niña de la curva". 

Los discursos de odio también han alcanzado a otras figuras de la cultura, la comunicación y el deporte. "Que la den por culo", respondió la policía a una publicación sobre la medallista olímpica Ana Peleteiro. María Ángeles le llamó "hija de puta" a la futbolista Jennifer Hermoso y preguntó si Cristina Fallarás "se metía fentanilo" tras ver uno de sus vídeos de temática feminista. "El asunto es grave, pero no hace falta hablar de policías infiltrados. Los primeros insultos que recibí por Twitter fueron desde la cuenta del Sindicato Unificado de Policía. Esto debería revisarlo el Ministerio del Interior, porque fue como miel sobre hojuelas para los haters", recuerda la periodista.

El columnista de Público Miquel Ramos también fue víctima del acoso de esta funcionaria en redes. La policía utilizaba su cuenta fake para responder a los tuits del periodista con insultos como "payaso" o comentarios sobre su aspecto físico. "En un primer momento, su perfil me pasó desapercibido, porque recibo insultos de miles de trolls todos los días. Lo que me inquieta es que haya convivido tanto tiempo con activistas y salga de ahí participando del escarnio, haciendo apología de sus ideas de extrema derecha", reivindica Ramos. María Ángeles llegó a jactarse y reaccionar con "jajajaja" a las noticias que medios como Público, El Salto y Directa publicaron sobre los casos de agentes infiltrados en movimientos sociales.

La policía, antes de ser expulsada de Madres Contra la Represión, solo utilizaba esta red social para difundir convocatorias de actos de protesta y denunciar, entre otras cuestiones, casos de corrupción política o judicial. "En cuanto se vio fuera del movimiento, sacó toda la bilis que llevaba 30 años reprimida. Lo que hizo fue mostrar su verdadera cara, opinar como la policía fascista que es", denuncian desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. 

Cristina Fallarás y Miquel Ramos, víctimas de sus insultos en redes, ponen el foco en la responsabilidad de las instituciones. "¿El Ministerio del Interior considera peligrosa la lucha contra el fascismo o la lucha por el derecho a la vivienda? Esto es un ejercicio contra la democracia y nos remite a regímenes autoritarios", advierte la periodista. Ramos critica que el Gobierno eche "balones fuera" y muestre "ambigüedad", dos respuestas "tremendamente graves" si tenemos en cuenta que "se reivindica como progresista". Los movimientos sociales, por su parte, son tajantes: "Es incomprensible que gasten dinero público en perseguirnos cuando no cometemos ningún delito, pudiendo invertirlo en sanidad, colegios o residencias".