Un grupo de activistas se ha concretado este miércoles frente el Ministerio de Sanidad en Madrid para denunciar que la exclusión sanitaria de personas migrantes que sigue existiendo un año después de la entrada en vigor del Real Decreto que, en teoría, devolvía la llamada sanidad universal al sistema de salud español.

Convocados por las organizaciones Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) —integrada por más de 300 organizaciones— y Yo SÍ Sanidad Universal, los concentrados han derribado el muro simbólico que habían colocado para escenificar las trabas que el Real Decreto Ley 7/2018 de 27 de julio sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que hoy cumple un año, pone a diversos perfiles de personas migrantes para acceder a la sanidad pública. Entre los casos más destacados, explican las organizaciones, se encuentran mujeres embarazadas, menores y solicitantes de asilo, así como personas extranjeras que han llegado a España por vía de la reagrupación familiar comunitaria, al tener hijos que han conseguido la nacionalidad española.

Estas organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno una "nueva regulación integral y garantista" que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.

Durante este último año, asociaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1.300 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación, explican.

Los covocantes recuerda que "la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012 [decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy], la contemplaba de manera expresa.

Según estar organizaciones, como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

"Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

“La información cruzada te angustia. Cada vez que iba al centro de salud me decían una cosa distinta”, dice Francisca, de origen chileno y con menos de tres meses de estancia en España.

Además, las organizaciones denuncian que el Gobierno se ha negado a abordar la exclusión de las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar para vivir con sus hijos e hijas. Tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que cierra la puerta al reconocimiento de su derecho por la vía judicial, "se impone la necesidad urgente de una modificación legislativa que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad avanzada y frágil estado de salud no admite dilaciones", demandan.

Una normativa "ambigua"

Las organizaciones firmantes ya advirtieron de esta situación durante el proceso de elaboración del RDL 7/2018, en el que insistieron en que "la excesiva ambigüedad en la redacción del texto", así como la introducción de "múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria" –como la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación de difícil obtención como es el certificado de no exportación del derecho o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por ejemplo un seguro médico)- "son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas".

"La nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad", critican.

El Gobierno defiende su decreto

Desde Moncloa han celebrado este miércoles el aniversario de una Real Decreto que, según el Ejecutivo, ha puesto fin a la exclusión sanitaria que el PP introdujo en 2012 bajo el argumento de la sostenibilidad del sistema de salud, en plena oleada de recortes sociales fruto de la crisis económica.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, también ha publicado un vídeo en Twitter en el que celebra el aniversario de una decreto que "ha acabado con la exclusión sanitaria". "Hoy es un día para estar satisfechos de nuestro Sistema Nacional de Salud", ha dicho la ministra. Unas declaraciones que han sido contestadas por los convocantes de la protesta. "Señores del Gobierno: repetir mil veces una mentira no la convierte en verdad", ha denunciado Yo Sí Sanidad Universal.