Tras el calvario sufrido a bordo del Open Arms, se puede decir que lo peor ya ha pasado para los catorce hombres y la mujer que este viernes han llegado a San Roque (Cádiz); sin embargo, aún les queda un largo periplo por delante de trámites y traslados hasta que encuentren su destino final en España. 

Tras el recibimiento de personal de Cruz Roja y de la Policía Nacional, la primera parada que han hecho nada más bajar del buque militar Audaz, que los recogió en Sicilia el pasado miércoles, es el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Crinavis-San Roquez, dependiente del Ministerio del Interior, donde se les ha informado de sus derechos, entre ellos poder solicitar asilo. 

Acabadas estas gestiones, en las que también han participado efectivos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y que han durado apenas unas horas porque varias gestiones ya habían sido realizadas en Italia, serán llevados al centro de acogida temporal y derivación de inmigrantes de Campano, en Chiclana de la Frontera. 

Inaugurado el verano pasado por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en este centro gaditano, gestionado por Cruz Roja y con capacidad para albergar entre 600 y 700 personas, se presta atención especializada a inmigrantes en la fase de acogida, estabilización y derivación al sistema estatal de protección. 

Su tratamiento no diferirá del que se aplica en otros operativos similares de acogida de inmigrantes, de forma que se desplegará el habitual de estos casos. 

Lo primero, cubrir necesidades básicas

Lo primero que hace el personal de Cruz Roja que les recibe es tratar de cubrir sus necesidades básicas y urgentes, como son el alojamiento y la manutención, comentan desde la organización; tras unos días de adaptación, las personas son entrevistadas y valoradas por los profesionales de distintas áreas para planificar un plan de intervención socio-laboral con ellos. 

Normalmente, el conjunto de actuaciones que hace la organización con los migrantes llegados a las costas españolas (asistencia sanitaria, entrega de vestuario y mantas, suministro de alimentos) depende de las condiciones del viaje y su situación personal; en este caso, se tendrá en cuenta además el tiempo que ya han pasado en el centro italiano al que fueron tras desembarcar en Lampedusa y la información que reciba de cada uno de ellos. 

Además de verificar su estado de salud general, también les prestará servicios sociales, psicológicos y de asistencia legal, todo con ello con el apoyo de intérpretes. 

Como ha ocurrido en otras ocasiones, las 15 personas recibirán una autorización excepcional de entrada por razones humanitarias, aunque esta vez será de siete días de duración para que formalicen su solicitud de asilo. Para los 629 que llegaron en el Aquarius en junio de 2018, ese permiso fue de 45 días, que se redujo a 30 para los 60 que desembarcaron en Barcelona en agosto de ese mismo año. 

El largo camino hacia la protección internacional 

En el hipotético caso de que no lo hicieran, habría que analizar individualmente cada caso para detectar si hay menores (aunque en este grupo son todos adultos) o posibles víctimas de trata, comenta Elena Muñoz, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). 

Para el resto, se iniciaría un proceso de devolución que debería ejecutarse en 72 horas; en los casos en los que no sea posible, se elevan a un juez para que decida si se les interna en un CIE antes de su expulsión. 

Contando con que estas 15 personas (4 procedentes de Eritrea, 3 de Sudán y otras 3 de Gambia, 2 de Ghana, una de Nigeria, otra de Liberia y una última de Etiopía) van a reclamar algún tipo de protección, el siguiente paso que les aguarda tras el Caed de Campano es alguna de las plazas del sistema de acogida de protección internacional repartidas por todas las comunidades autónomas. 

El problema, explica la directora de la Red Acoge, Lucía Maquieira, es que el sistema de asilo en España está completamente colapsado y acumula más de 100.000 expedientes pendientes de resolver; en su inmensa mayoría son de ciudadanos venezolanos que, además, acaban siendo denegados. 

No obstante, para los originarios de este país cuya petición ha sido rechazada, el Gobierno les concedió en marzo un permiso de residencia y de trabajo por razones humanitarias de un año prorrogable por otro más; para el resto de inmigrantes de otras nacionalidades que han visto frustrada su petición, el final que les espera es el de la expulsión. 

Acogida, integración y autonomía

Mientras se resuelve su petición, que en algunos casos se ha llegado a demorar incluso dos años, los inmigrantes del Open Arms que la hayan presentado pasarán por las tres fases del itinerario de integración, que dura 18 meses y puede ampliarse a 24 para personas vulnerables. 

El primer semestre permanecen en la fase de acogida, en la que adquieren las habilidades que les facilitará tener una vida independiente a la salida del centro; cuando eso ocurre y necesitan seguir recibiendo apoyo, inician la fase de integración a través de actuaciones de intervención social y de ayudas económicas, siempre en la comunidad en la que han iniciado el itinerario, que concluirá con la de autonomía. 

Durante el tiempo que se prolongue la resolución, los demandantes de asilo no pueden abandonar el territorio en el que lo han pedido, explica Muñoz. Pero una vez dispongan por fin de la tarjeta que les reconoce como beneficiarios de asilo o de protección internacional, gozarán de la misma libertad de movimientos que cualquier ciudadano extranjero no europeo. 

Así, podrán viajar entre Estados europeos con su documentación en la mano, pero no instalarse en ninguno de ellos para residir y trabajar a menos que pidan un permiso. 

Protocolo de desembarco rápido

Si algo ha demostrado la crisis del Open Arms es la falta de un protocolo europeo de desembarco rápido que impida que personas que ya han sufrido de por sí un largo martirio huyendo de sus países tengan que aguardar semanas en alta mar un puerto, comenta la portavoz de ACNUR en España Rosa Otero. 

Y es que desde que el ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, instaurara su política de puertos cerrados hace ya algo más de un año, lo que ha auspiciado sucesivos acuerdos de reparto voluntario entre países europeos de los inmigrantes llegados a este país y a Malta, las actuaciones en cada caso "han sido ad hoc". 

"No ha habido un procedimiento único", sentencia Otero, quien reclama, como el resto de organizaciones citadas, un protocolo de desembarco rápido de los rescatados por las organizaciones humanitarias. Porque, avisa, "situaciones como la del Open Arms se van a seguir produciendo"