Aunque el termómetro marca algunos grados más que la semana pasada, la campaña de frío de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid comenzó oficialmente ayer. Eso significa que los solicitantes de asilo que llegan a la ciudad sin medios económicos ni contactos que les amparen, tienen aún menos posibilidades de que el Samur Social les dé una de sus concurridas plazas en los albergues y pensiones de su red para personas sin hogar. Y, por si fuera poco, la campaña ha comenzado con una huelga de los trabajadores del Samur Social contra la precariedad y falta de medios y personal que les impone Grupo 5, la empresa adjudicataria que presta servicios al Consistorio.

A las 22.00 horas volvía confirmarse que 17 personas solicitantes de asilo se quedaban en la calle por falta de plazas, entre ellas, tres niños de un matrimonio de Georgia que han tratado de combatir el frío de la tarde correteando por la Carrera de San Francisco mientras sus padres aguardaban, sentados sobre sus maletas, noticias del interior de la rejas que, desde hace meses, permanecen cerradas a los necesitados.

No dormirán en la calle, al menos esta vez, porque la denuncia de la situación en cada vez más medios de comunicación ha logrado movilizar todavía más la solidaridad de vecinos, tanto del céntrico barrio de La Latina como de otros distritos y ciudades de Madrid. La red ciudadana que lleva meses tejiéndose ante el abandono institucional se ha encargado de correr con los gastos de una pensión, al menos para esta noche, a falta de una respuesta del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS), de quien dependen las competencias de asilo y refugio. No es la primera vez que lo hacen. Desde hace semanas, el grupo de WhatsApp "Acción Vecinal" ha ido creciendo y ya son más de 50 miembros, explica José Manuel, uno de los participantes. Llevan ropa de abrigo, comida caliente, café o contribuyen a financiar una caja de resistencia cuando es necesario que familias con niños, como esta de Georgia, no duerman sobre cartones en la calle.

Una niña espera sentada sobre sus maletas a que los trabajadores del Samur Social de Madrid confirme si su familia, procedente de Georgia, tendrá plaza en un albergue para pasar la noche mientras formalizan su solicitud de protección internacional.- JAIRO VARGAS

El resto, siete adultos de Venezuela, dos de Colombia, uno de El Salvador y otro Georgia fueron trasladados a la parroquia vallecana de San Carlos Borromeo, donde hace ya demasiados meses que el cura Javier Baeza cambió los bancos de su capilla por colchones en el suelo para dar cobijo a los que huyen de la violencia, la inseguridad o las crisis humanitarias, sobre todo en América Latina.

Son familias como la de Alejandro Salazar, periodista venezolano de 34 años, que llegó hace casi un mes a Madrid junto a su mujer, su hijo de seis años y su hija, que celebró su primer cumpleaños aquí, el 7 de noviembre. "Huyo de una fuerte persecución política, de las amenazas", explica en la puerta del Samur, donde también aguarda su familia. "Nos llamaban por teléfono diciendo que iban a acabar con nuestras vidas. Nos rompieron el coche, nos amenazan para acallar las voces críticas con la corrupción y la dictadura de Nicolás Maduro", afirma. Sostiene que las amenazas provenían del Sebin, el servicio de inteligencia bolivariano, muy temido en el país por sus detenciones arbitrarias de dirigentes y militantes opositores y sobre el que pesan denuncias de torturas. Denuncias con las que los dirigentes conservadores de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid se han llenado la boca en todas las recientes campañas electorales, pero ahora que la pelota del refugio está en su tejado no parecen importarles tanto, señalan varios de los vecinos que acuden cada tarde a acompañar y ayudar en lo que pueden.

Desorientados

"Si no fuera por los vecinos no podríamos haber resistido hasta hoy. No imaginaba que fuera a ser de esta manera. Huimos casi con lo puesto por miedo. Nos han dado guantes, bufandas, abrigos y mantas. Nos han invitado a sus casas algunas noches. Estamos muy agradecidos", afirma Salazar. La primera semana consiguieron formalizar su solicitud de asilo ante el Ministerio del Interior. Hasta el 11 de febrero no sabrán si es admitida a trámite, momento en el que podrán acceder a alguna de las plazas de la red nacional de acogida del MITRAMISS, donde que también escasean los huecos debido al colapso que arrastra desde hace dos años y al gran aumento de solicitudes, sobre todo, desde 2015. Hasta entonces, el matrimonio y sus hijos solo cuentan con la carta blanca que acredita que no están en situación irregular en el país y con la solidaridad de vecinos, de la Red Solidaria de Acogida y de la parroquia vallecana. "Hemos ido a la Cruz Roja, a CEAR, a varias ONG, pero nos han mandado aquí y aquí nos mandan allá", lamenta. Confiesan haber estado desorientados, de una institución a otra, puerta por puerta, pero ninguna se abría del todo.

Marcela Pradenas, pasó por lo mismo en 1986, cuando huyó de la dictadura de Pinochet en Chile y recibió asilo político en Madrid. Por su experiencia profesional y por su formación, acude desde hace días a la Carrera de San Francisco para orientar a los recién llegados. "Conozco los procedimientos. Cómo no voy a ayudar a esta gente si yo pasé lo mismo hace 34 años", asegura. "Están perdidos, esto es una nebulosa para ellos: ONG, trabajadores sociales, varios distritos, decenas de siglas... Intento explicarles los pasos básicos que tienen que dar para estar protegidos. Necesitan sentir que saben hacia dónde van. Yo lo viví así, me confundía con cada institución, es una burocracia complicada", relata.

"Hemos formado grupos de WhatApps, nos relacionamos con asociaciones de vecinos, la RSA, con la parroquia de Vallecas para saber cuándo hace falta ropa, cuándo no, para comprar tarjetas de transporte público o lo que se va necesitando con más urgencia", dice. "Pero nosotros no podemos ser la respuesta. Esto depende de las instituciones. El ayuntamiento tiene de ceder y condicionar locales para acoger a esta gente. El alojamiento es su principal problema ahora mismo y la emergencia social es competencia del Ayuntamiento. Tienen que aportar recursos", denuncia, y critica que el Consistorio utilice esta situación para atacar al Gobierno. "Tienen que colaborar todos, no hacer política con ellos", apunta.

Marcela Pradenas, refugiada política chilena desde 1986, conversa con dos solicitantes de asilo venezolanos para informarle sobre las etapas del proceso y orientarles sobre los trámites.- JAIRO VARGAS

Sandra opina lo mismo. "Tengo dos niños y vivo en frente. Me niego como española a normalizar que haya niños durmiendo en la calle. Es inmoral e ilegal", critica. Por eso, desde que el pasado septiembre empezó a ver a las familias y sus pequeños empezar a amontonarse en las rejas de la acera de enfrente —"es la misma gente, pero antes pasaba de las rejas para adentro", puntualiza— comenzó a trabajar junto a la Red Solidaria de Acogida, la Red Solidaridad Popular y a conocer la labor del párroco Baeza. "Son héroes y fundamentales porque saben actuar para solucionar la urgencia. Por eso, ahora que la participación y el interés de los vecinos está creciendo tanto, es importante que sepamos canalizarlo hacia estas organizaciones", dice.

"Mi casa parece un almacén, está llena de sacos de dormir, mantas, ropa, cosas que la gente va trayendo. Pero nuestra labor no puede pasar de ahí, de acompañar hasta que sale un trabajador del Samur con una lista en la que se dicen nombres. Hay gente que tiene una plaza y gente que no, pero tienen que esperar aquí hasta las 21.00 o las 22.00 horas. Y si no están aquí las televisiones hay más gente que se queda fuera", lamenta. "En esta emergencia hay tres gobiernos muy potentes: local, autonómico y nacional. Si ellos no son capaces de sacar a cinco niños de la calle, qué podemos esperar. Esto tendría que ser fácil", insiste. Mientras, montan comisiones para preparar cenas, hacen turnos para clasificar montones de ropa que les llega e improvisan parches para un problema estructural. "Es un lotería la cantidad de gente que se queda en la calle cada noche", dice.

Una voluntaria reparte bufandas entre los solicitantes de asilo que esperan en las puertas del Samur Social de Madrid un plaza para pasar la noche.- JAIRO VARGAS

José Luis de la Rocha, de 69 años, ha llegado de Torrelodones para ver cómo puede colaborar. Preside una pequeña ONG de ayuda a la infancia y, en su familia, "el tema del asilo está bien arraigado", dice. Ofrece su casa como último recurso para los que se queden fuera. "Me he enterado por la prensa y por amigos. Mis hijos están fuera y en casa tenemos sitio para algunas personas", asegura.

Esta noche no ha hecho falta, quizás mañana sí. De hecho, es bastante probable, ya que continúa la parálisis entre unas instituciones que aún no se han puesto de acuerdo ni para fijar un encuentro conjunto, pese a la insistencia del Ayuntamiento en montar una mesa de diálogo el próximo viernes. Ni siquiera están de acuerdo en quién tiene qué responsabilidad ni cuándo ante esta situación. Por eso, la tarde de este lunes, medio centenar de personas se han concentrado a las puertas del Samur para exigir una respuesta. Muchos de ellos eran padres y madres acompañados de sus hijos e hijas. "Madrid nunca fue tan frío", decían las pancartas. 11 grados hacía esta madrugada.

Protesta de vecinos y vecinas contra la falta de respuesta institucional ante la desprotección de los solicitantes de asilo que llegan a Madrid.- JAIRO VARGAS