Sucedió en Madrid. Una mujer venezolana, embarazada, a pocas semanas de recibir su permiso de residencia como refugiada no pudo ser atendida de urgencia en su centro médico correspondiente. Pecó de sincera. Fue decir en la administración del ambulatorio que todavía no le habían dado el asilo, que le faltaban unos días para que estuviera listo, para que el funcionario de turno le denegara la entrada. De nada sirvió que una médica de familia del centro le pidiera al administrativo que la dejara pasar, que ella la atendería, que tenía derecho a la tarjeta. El funcionario en cuestión dijo que sin permiso de residencia no había nada que hacer. Esta mujer embarazada, con un problema de urgencia, volvió a su casa con el miedo en el cuerpo y la cabeza gacha.

Esta historia sucedió en Madrid hace apenas tres meses. Nos la cuenta la médica del centro que intentó en balde atender a la refugiada, y que prefiere no dar a conocer su identidad. Sucedió después de que el Real Decreto Ley 7/2018 que Pedro Sánchez anunció como el retorno a la Sanidad Universal se aprobara en el Congreso.

"El NO es la política general de las administraciones. Siempre que pueden deniegan la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, no importa que las leyes hayan cambiado, porque el ministerio de Sanidad no se ha dignado a dar las instrucciones necesarias a las comunidades. Por eso cada uno hace lo que quiere", denuncian desde Yo Sí Sanidad Universal, una plataforma ciudadana formada por médicos y usuarios del Sistema Nacional de Salud que se formó en 2012 como movimiento de desobediencia civil frente a la reforma sanitaria del Partido Popular recogida en el Real Decreto Ley 16/2012, y que lucha por recuperar la sanidad universal para todos.

Las consecuencias de la reforma del PP en la sanidad han dejado el "no" impregnado en buena parte de las administraciones sanitarias. "El que no se cuelen ha calado y el racismo de muchos funcionarios también", nos dice Patricia López de Yo Sí, una activista por la sanidad pública que ha acompañado a decenas de inmigrantes a los ambulatorios porque "por ir con una española tendrían más posibilidades de ser atendidos".

Frases como "no me sorprende que te duela el estómago con lo que comes", dirigida a un bangladeshí, o "no te veo con cara de enfermo si estás sonriendo" a un senegalés, las ha oído Patricia más de una vez. "Muchos ya no quieren ni acercarse al centro de salud porque se sienten humillados, dan por hecho que no les van a atender. Te puedo asegurar que si van es porque su situación ya es muy grave". Como graves son la mayoría de los casos que llegan al correo de Yo Sí: "Muchas historias que nos cuentan la vida del paciente está en juego y solo les queda pelear en los tribunales para poder ser atendidos".

La reforma socialista del Real Decreto Ley 7/2018 dice en su preámbulo que todos tienen derechos, pero después vienen las especificaciones. Como la de que un inmigrante solo puede tener acceso a la tarjeta sanitaria después de comprobar que lleva un mínimo de 90 días empadronado. O acreditar por parte de su país de origen que "su sanidad no es exportable", un trámite que nadie sabe cómo hacer y que las administraciones tampoco lo explican. Desde YO Sí también denuncian que con la el nuevo Decreto Ley ni siquiera se contemplan excepciones mientras que en el de los populares sí lo hacían. La reforma del PP abría la mano para casos de "urgencias" o para mujeres embarazadas, menores, y en comunidades como la de Madrid también personas con enfermedades mentales o epidemiológicas. "Ahora no existen resquicios legales para que casos como el de esta mujer venezolana embarazada con menos de 90 días de empadronamiento pueda ser atendida. Y como ella, muchos otros", nos dicen.

Amenazas con la retirada del permiso de residencia

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no solo les deniega la tarjeta sanitaria, en muchos casos también amenaza a los que se atreven a llevarlos a los tribunales con denunciarles a Extranjería para que les retire su permiso de residencia. En otros casos, directamente lo hacen: "Al padre de una mujer de nuestro grupo se lo quitaron después de denunciar al INNS. Al enterarse que son demandados comprueban si esa persona ya no se puede pagar un seguro de salud privado y si en ese momento ya no lo tienen les pasan la información a Extranjería para que les quiten el permiso. Sabemos que les ha pasado con muchos otros", le dicen a Público desde el Grupo de Afectados por el INNS.

El abogado Gabriel Maroto que ha llevado el caso de algunos de ellos nos lo confirma: "El INSS está pasando los datos de estas personas a la Delegación de Gobierno para que revisen los permisos de residencia lo que ya es una práctica más que discutible. A su vez Delegación de Gobierno se está saltando la declaración de lesividad que es el trámite que se debe iniciar para retirar un permiso de residencia. Y cuando les retiran el permiso argumentan que se debe a que en ese momento no tienen un seguro privado de salud, cuando a veces las autoridades no se lo habían pedido, y cuando en el caso de los reagrupados por familiares de la Comunidad Europea no existe esa exigencia de seguro privado para conseguir el permiso".

A las más de setenta demandas que ha recibido el INNS en los últimos tres años (menos una todas las ganaron los demandantes de la tarjeta sanitaria) se han unido estos procesos administrativos relacionados con la retirada injustificada del permiso de residencia. El fallo también ha sido favorable para los afectados:

"Examinar la licitud de la autorización de residencia no compete ni al INSS ni a la jurisdicción social. Si el INSS entiende que la residencia fue indebidamente concedida, debe instar una declaración de lesividad respetando lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y en ningún caso inaplicar las consecuencias legales del reconocimiento del citado derecho de forma unilateral". Ésta fue la fue la respuesta que se lee en más de una veintena de fallos de tribunales Superiores de Justicia de cinco comunidades autónomas diferentes.
Maroto reconoce que los casos de retirada de permiso de residencia por avisos del INNS no le han vuelto a llegar desde que Pedro Sánchez presentó la nueva ley. Sin embargo, asegura que las denegaciones de la tarjeta sanitaria sí que se habrían mantenido. El letrado también es de la opinión de que "el NO es la formula que impera en las administraciones" a pesar de todos los juicios en los que se ha dado la razón a las víctimas.

La doctora Elena Aguiló, también activista de Yo Sí Sanidad Universal lo explica así: "Los centros de salud y sus administraciones por momentos parecen check points de aeropuerto donde atender a un enfermo es lo de menos y lo que más le preocupan son los papeles. Muchos funcionarios tienen grabado en la frente eso de "ante la duda cierro" y funcionan como un agente de fronteras, están insensibilizados, no miran al que tienen enfrente, su prioridad ya no es la defensa de la vida. No todos son así, pero muchos más de los que debería. Son las consecuencias sociales de la reforma sanitaria del PP. Hace unos años en España nadie dudaba que todo el mundo, por ser ciudadano, tenía derecho a la sanidad. Algo tan fundamental y básico lo hemos perdido".