Lamine Sarr, miembro y portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, señala que sin la Ley de Extranjería no existiría el top manta y critica el "racismo" y la persecución al "pobre" que se esconde tras el dispositivo policial contra los manteros en Barcelona: "El problema no es el espacio público, es quién lo ocupa".

"Los políticos no quieren atacar directamente la Ley de Extranjería, que es la causa de todo esto", asegura Sarr en una entrevista con Efe en la tienda del Sindicato, legalmente una cooperativa, situada en el barrio del Raval y que ofrece bajo la marca Top Manta ropa diseñada por personas que proceden de la venta ambulante.

"Hay muchísimas personas" que ocupan el espacio público, desde turistas o grupos de bicicletas hasta terrazas de bares, pero que el problema es que "el pobre no puede ocuparlo", afirma, y así se explica, a su juicio, que el Ayuntamiento de Barcelona haya destinado un centenar de agentes de varios cuerpos de seguridad para "erradicar" la venta ambulante, en palabras del teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle.

Sarr censura el "cambio radical" emprendido por el gobierno municipal, formado por Comuns y PSC, con relación a la venta ambulante y defiende que "no se puede ser de izquierdas y hablar de presión, persecución e inseguridad" como recetas contra el top manta.

"El discurso que tienen ahora no es el que tenían antes de las elecciones", lamenta el portavoz del Sindicato en alusión al equipo de la alcaldesa, Ada Colau, y asegura que en lo relativo a las propuestas para frenar la venta ambulante "no hay diferencia en los partidos entre la derecha y la izquierda".

"Nuestro sueño no era éste. Pensábamos que este era un territorio de derechos, con democracia y donde se respetan los derechos humanos. Es lo que pensábamos desde nuestros países. Y llegando aquí hemos encontrado otras realidades que no conocíamos", explica Sarr, que subraya que la Ley de Extranjería no deja "otras opciones" a las personas en situación irregular: "Solo les queda vender en la calle".

Y es que la vía a la que más se recurre para obtener 'papeles' suele ser la del arraigo social. La normativa pide acreditar haber vivido en España durante un periodo mínimo de tres años, carecer de antecedentes penales durante el último lustro, contar con un contrato de trabajo de mínimo un año de duración y presentar un informe administrativo de arraigo. Entretanto no queda otra que vivir en la irregularidad.

Entre los manteros "hay personas que pueden dar un curso de matemáticas, hay médicos, soldadores, abogados": "¿Tú piensas que a esta gente le gusta estar en la calle vendiendo, corriendo ante la policía? No tienen otra opción y tienen que seguir vendiendo", asevera Sarr, y pide que se retire el dispositivo policial "para que esta gente que no tiene nómina ni cobra el paro pueda trabajar para llegar a fin de mes".

"Lo que hacemos es intentar vivir con lo que tenemos: si no tienes suficiente dinero para comer tres comidas, estás obligado a comer una o dos veces"; esa es toda la alternativa que tienen los vendedores ambulantes mientras no se les permite extender la manta, añade.

"Ningún problema puede solucionarse con la policía", asegura, y reclama apostar por "proyectos sociales para ayudar a esta gente a salir de la pobreza y tener dignidad y derechos". El Sindicato, en este sentido, ya ha presentado ocho proyectos que permitirían a decenas de manteros abandonar esta actividad pero que requieren de financiación y planes de ocupación: entre ellos se cuentan un proyecto de agrocultivo ecológico, otro de impresión serigráfica, de pesca local y proximidad o de costura sostenible.