Los constantes mensajes que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y líder del PP en la capital, ha escurrido en favor de privatizar la funeraria pública de la ciudad, han puesto en alerta a los trabajadores. El regidor propone volver a externalizar algunos servicios municipalizados durante el Gobierno de Manuela Carmena. 

“No entendemos por qué el Ayuntamiento tiene que gestionar la funeraria, ya que se trata de un sector absolutamente liberalizado. No comprendemos por qué tenemos que hacer la competencia a otras empresas que tienen que pagar impuestos”, justifica la portavocía del PP de Madrid a Público.

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (EMSFC) fue gestionada de manera mixta entre Funespaña y el Ayuntamiento desde 1993 hasta 2016, cuando se liquidó el contrato y Ahora Madrid decidió que la Administración pública sería la única gestora. Hace casi treinta años, la empresa adquirió este sector por tan solo 100 pesetas, una polémica jugada que Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha criticado duramente: "Fue un negocio redondo, ya que pese a tener solo el 40% de las acciones, se llevaba tres cuartas partes del pastel", arguye la concejala. Funespaña, ahora inserta dentro de Mapfre, obtuvo durante su gestión unos beneficios totales por valor de 64 millones de euros.

El último año gestionado por la corporación privada, EMSFC tuvo 233.000 euros de pérdidas. En cambio, el trasvase ejecutado por Ahora Madrid consiguió beneficios para las arcas públicas de cuatro millones de euros en el ejercicio de 2017. Las claves del ahorro, según informaron varios medios y confirman sus trabajadores, se deben a la exención de pago del IBI y a una bonificación del impuesto de sociedades del 99%. 

Las políticas públicas –y más aún fúnebres– no tienen el objetivo de ser rentables, recordaba Carlos Sánchez Mato, vicepresidente del consejo de administración en 2018, cuando el Ayuntamiento de Carmena revelaba estos datos, aunque sirven para contrarrestar el discurso que riñe lo público con el derroche.

Varias personas en el cementerio de La Almudena, en Madrid, el Día de Difuntos. EFE/Paco Campos

El actual Gobierno no da más motivos para defender y proponer la externalización de un negocio rentable y saneado. Manuel Carmona, presidente del comité de la empresa afectada y sindicalista de Comisiones Obreras (CCOO), reconoce un malestar generalizado ante la boyante amenaza: “Hay falta de sensibilidad, solo ven cifras y números. Son calculadoras a las que solo les interesa el aspecto económico. PP, Ciudadanos y Vox desprecian lo público”, declara el trabajador, que lleva 32 años en la empresa y advierte de que lucharán si la empresa sale a licitación. 

¿Por qué privatizar un negocio saneado en lugar de mantenerlo en la administración pública? “La única razón es sectarismo ideológico, creer que lo privado funciona mejor que lo público. Ha quedado demostrada que la gestión municipal ha funcionado mejor y ha sido capaz de dar mejor servicio”, asegura Rita Maestre. “Quieren borrar toda huella de gobierno progresista. Desde proyectos grandes como el plan A de calidad de aire o la gestión de la funeraria, hasta otros más pequeños. Por ejemplo, esta semana han paralizado las obras en una biblioteca de Vicálvaro y en algunos colegios públicos ”, apunta la concejala.

Además, la funeraria pública ha servido como regulador de mercado. Sus precios han sido durante estos años la tarifa bajo la que trabajan el resto de empresas del sector, algo que ayuda a que las cuotas no se disparen. “Si fuéramos totalmente privatizados pasaría como en Barcelona, donde el sector subió los precios hasta un 40% cuando se quedaron solo empresas privadas. Cuando se te muere tu padre no estás para que te metan un sablazo por su entierro”, analiza Carmona.

Discrepancias con los gestores

Desde el Ayuntamiento aseguran que aún están en fase de estudio y que no se ha tomado decisiones alguna, pero los trabajadores ya lo ven venir. Francisca Gómez, asistente de comercial y trabajadora en la funeraria desde 1991, valora con buenas palabras la gestión de Ahora Madrid: "Hicieron una ampliación de capital de más de 20 millones en diciembre de 2018. Se hicieron reformas en tanatorios y cementerios que estaban en muy mal estado”, asegura la trabajadora.

Sin embargo, también hay comentarios negativos para la formación progresista. Principalmente, a los gestores designados por el anterior Gobierno: “Tenemos un engrosamiento de la cúpula directiva de un 44%, hay un despotismo hacia los trabajadores y amenazas de querellas criminales a miembros del comité de Empresa. Cada vez hay menos personal relacionado directamente con el servicio. Es un desprecio absoluto a la plantilla, crecen las horas extra, deben días libres...”, critica el presidente del comité de empresa, que suspende las labores de Carmena al frente de la funeraria.

La liberalización del mercado y los continuados recortes en la empresa han desembocado en una plantilla disminuida que ahora tiene que hacer frente a un aumento de la población. La cuota de mercado, explican desde la empresa, ha crecido de un 36,2% a un 37,1%. "En 1988 eramos 650, y en 2019 ya estamos en 506. Para 2020 puede que bajemos hasta 480", denuncia Manuel Carmona a la vez que solicita al Ejecutivo la readmisión de los trabajadores de los que se ha prescindido.

Los empleados también confiesan la ausencia de conversaciones con los directivos: “No nos cuentan nada. Hemos tenido dos contactos con Inmaculada Sanz Otero –actual presidenta de la funeraria–, pero no nos cuentan nada, aunque tampoco lo ocultan", dice Gómez. El pasado 25 de octubre le enviaron una carta con la intención de poder tener una conversación a raíz de lo que ellos entienden como “falta de transparencia” de todo el proceso.

Las declaraciones del alcalde y sus constantes referencias a la externalización desconciertan a los trabajadores, que ven sus puestos abocados a una mayor precariedad e inestabilidad. Francisca Gómez zanja la cuestión reivindicando el papel que tienen en la sociedad: "Nos resulta muy curioso que desde el primer minuto, de forma persistente, cuando le preguntan a Almeida siempre deja entrever la privatización, cuando siempre ha revertido beneficios a las arcas municipales, presta un servicio esencial y ha estado siempre al pie del cañón con un papel discreto. No somos ni bomberos ni sanitarios, pero damos el do de pecho desde otro punto de vista".