El sol y el viento han sido dos de las mejores bazas para la generación energética en España en un contexto en el que los países asumen que el modo de producir está tocando techo. La embestida de una crisis climática que dejó de estar en pañales hace ya décadas está mostrando su peor cara y obliga a los países a buscar alternativas para producir energías que sean limpias y que comporten una transformación industrial respetuosa con el medioambiente. La inversión en renovables conduce así a España a ser pionera en la reducción de gases contaminantes y en la descarbonización, alejándonos de la dependencia de otros países y de las llamadas energías sucias, entre las que se cataloga la energía nuclear.

Pese a las pretensiones de la Unión Europea para convertir a la nuclear en una energía ecosegura, los gobiernos europeos se encuentran divididos ante el posible uso de la energía atómica para garantizar la eficiencia energética de sus territorios. España, por su parte, apuesta por el desmantelamiento de las centrales nucleares, al igual que países como Alemania, para garantizar la transición energética y capitalizar la industria de las renovables.

En suelo español ya sólo quedan cinco centrales nucleares activas. Sin embargo, el eje rural sigue concentrando la producción de energía de todo el Estado y, como energía que no puede renovarse constantemente, el entorno rural debe lidiar con la gestión de los residuos derivados de la actividad energética. La empresa pública Enresa se encarga de esta gestión en territorio español desde hace ya cuatro décadas.

En el pequeño municipio de Hornachuelos, en la provincia de Córdoba, se encuentran las instalaciones de El Cabril, que es el único cementerio de España para la gestión de los residuos nucleares en España. "Es el único en España, porque España produce muy pocos residuos radiactivos", explica Armando Del Campo, que vive en el municipio y es exempleado técnico de comunicación social de El Cabril.

Su posible ampliación ante el acelerado paso del desmantelamiento de las centrales nucleares, sin embargo, no convence a los ecologistas, que piden alternativas a una gestión que podría poner en riesgo la calidad medioambiental del lugar: "Es una elección de almacén para residuos de media, baja y muy baja actividad muy mal hecha", traslada a Público Cristina Rois, portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear y miembro de Ecologistas En Acción.

El impacto medioambiental, en el centro

"Ni los Estados Unidos tienen unas instalaciones tan modernas y seguras como las que se encuentran en El Cabril". Así habla el exempleado de las instalaciones que se encuentran en Hornachuelos, que, asegura, "están catalogadas como las instalaciones más modernas y seguras del mundo". Del Campo hace referencia a lo que ya presume Enresa en su propia página web, pues la Comisión Reguladora Nuclear (NRC) de Estados Unidos declaró al cementerio de El Cabril como "una de las mejores instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos del mundo" y que "sirve de referencia" para otras instalaciones en otros países. "Nos copian", apunta Del Campo.

"La seguridad de la Instalación de El Cabril es objeto de control por parte del Consejo de Seguridad Nuclear a través de evaluaciones e inspecciones periódicas", explica a Público Enresa, que además incide en que "cada año, tanto este organismo regulador, como otros organismos internacionales realizan inspecciones para comprobar la correcta actividad que se realiza en este centro".

Desde Ecologistas En Acción creen que sigue habiendo múltiples motivos como para rechazar una posible ampliación de El Cabril, "por el transporte en carretera; y porque, además de ser una zona natural protegida, hay una alta actividad sísmica respecto al resto de territorio", algo a lo que la empresa pública responde: "Las medidas de seguridad que hay tanto en el contenedor de transporte como en el vehículo han permitido una experiencia de casi cinco millones de kilómetros sin incidencias radiológicas". "El transporte es seguro", remarcan, al igual que su ubicación: "El emplazamiento y su idoneidad fueron evaluados por los organismos competentes durante el proceso de licenciamiento de la Instalación".

En su fase final, cuando las estructuras que almacenan estos residuos quedan totalmente llenas, se procede a mimetizar estos cubículos resultantes con el propio suelo del lugar, recubriendo los bidones con "capas drenantes e impermeabilizantes" que se encontrarán bajo una capa de tierra vegetal para buscar "su integración con el entorno", según explican en Enresa, replantando los árboles que habitan en la zona y proceder a una fase de vigilancia y control radiactivo que durará aproximadamente unos 60 años y unos 300 años para los residuos de muy baja actividad (RBBA) y los residuos de baja y media actividad (RBMA), respectivamente.

Rois advierte: "Hay países que hacen un enterramiento más profundo, de cincuenta o cien metros". Lo que se hace en El Cabril es que "esos cubículos con hormigón se tapan con tierra y se quedan ahí, lo que sería un almacenamiento en superficie".

"No se debe permitir que la siguiente generación tenga que asumir esa carga económica y social, por producir en este momento residuos que nos dieron beneficios sólo a nosotros", sentencia la portavoz de Ecologistas En Acción. "Nosotros asumimos que una vez que se genere energía nuclear, debemos lidiar con la gestión de los residuos nucleares, no se pueden exportar ni llevar a terceros países", subraya Rois, que desea que se dé alas a un debate sobre la gestión de los residuos antes de que se pierda el interés político: "Lo que tenemos claro es que se tiene que buscar un nuevo sitio para poner esos residuos, pero esta vez con consulta pública, transparencia y explicaciones".

La historia de un cementerio

Las instalaciones para la gestión de residuos radiactivos de El Cabril y su gestión estatal por parte de Enresa comenzaron a ser parte de la historia del pequeño municipio de Hornachuelos en los años ochenta, concretamente en el 86, cuando el Ministerio de Industria y de Energía de aquel entonces, durante el segundo mandato de Felipe González, le concedió a la empresa pública el permiso para la gestión de los residuos radiactivos del país. "Hubo dos fases: una, de rechazo por la falta de información, en la que los grupos ecologistas se comienzan a mover y, luego, de aceptación", asegura Del Campo.

"En España se seguían produciendo, cada vez más, residuos radiactivos que guardaban en los almacenes transitorios de las centrales nucleares y los almacenes de los hospitales, por lo que se decide trasladarlos a las instalaciones de El Cabril", explica Del Campo, que, aunque ya disfruta de su jubilación, sigue insistiendo en la importancia de estas instalaciones en aquel entonces.

"No existía Enresa, la actual gestora, antes era la Junta de Energía Nuclear (JEN). Por el avance en la investigación nuclear, se decide meter los bidones hormigonados dentro de una mina de uranio. En ese momento, la única mina de uranio en desuso era la de Sierra Albarrana, en El Cabril. Justo ahí es donde el Gobierno decide que una empresa pública gestione los residuos radiactivos de España y dicha mina de uranio, la mina beta, donde ya había residuos".

En El Cabril se ocupan de los RBMA y de los RBBA, que derivan, principalmente, de centrales nucleares que deben deshacerse de los desechos resultantes de la actividad energética o de aquellas que se encuentran en proceso de desmantelamiento, gestionando cada tipo de residuos de forma específica y adaptando los requisitos según su singularidad. También se almacenan residuos procedentes de hospitales que responden a la actividad sanitaria; otros, responden a la industria convencional.

"Se decidió en tiempos de Franco y luego se prosiguió en democracia. La gente no estaba enterada, y cuando se informó de que había un cementerio nuclear, se avanzaron en manifestaciones", informa a Público Rois, que explica que, desde Ecologistas En Acción, se pide una mejora en la gestión de los residuos provenientes de otras partes de España. Según Rois, estas instalaciones "han sido elegidas a dedo y no democráticamente".

Una ampliación en disputa

"A nosotros no nos han hecho partícipes ni tenemos conocimiento del proyecto", traslada a Público la concejala y teniente de alcalde del municipio de Hornachuelos, María Teresa Durán, que también es experta en la gestión de residuos radiactivos, cuando es preguntada por una posible ampliación de las instalaciones, que ya están llegando a su capacidad máxima. "A día de hoy no tenemos el proyecto, ni lo hemos conocido de primera mano", concreta.

Según informa Enresa a Público, "la capacidad de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad estaba al 82,11%" en diciembre de 2022, los últimos datos que recoge la empresa pública. "Respecto a los RBBA, hay un 25,09% y un 24,81% de ocupación en cada una de las dos celdas actualmente en operación (hay dos construidas de cuatro autorizadas)", enfatizan.

Sin embargo, y pese a que "Enresa presentó el 23 de junio de 2022 al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Consejo de Seguridad Nuclear la solicitud de autorización de modificación de diseño y de ejecución y montaje de una nueva plataforma", trasladaba la empresa pública, para acoger nuevas celdas de almacenamiento para los residuos de baja y media actividad, aún no han recibido autorización. "Es una decisión técnico-política", afirmaba Del Campo.

"El proyecto de la nueva plataforma, denominada Plataforma Sureste, contempla un total de 27 celdas. En una primera fase, que se estima que esté operativa en 2028, se construirán doce. Las quince celdas restantes se construirán en actuaciones posteriores según las necesidades del centro de almacenamiento", explican desde Enresa, lo que "permitirá al centro de almacenamiento continuar adecuando sus capacidades a su misión de gestión de los residuos". La ampliación, desde su anuncio, recibe resistencias desde los grupos ecologistas, y ha sido Ecologistas En Acción, entre otros muchos, quien se ha ocupado de denunciar una posible transformación inadecuada de las instalaciones.

"El Consejo de Seguridad Nuclear le dijo a Enresa que no podía meter ahí residuos hasta que no solucionaran el exceso de agua de la celda 29", afirma la portavoz del Movimiento Ibérico Antinuclear que, además, advierte: "Enresa dice que está solucionado, pero tienen que comprobar si esa celda está disponible para poder ser usada".

Además, alude a un posible riesgo medioambiental y exige que, antes de proceder a cualquier modificación en las instalaciones, se proceda a esperar a lo que dicte el CSN: "Puede haber penetraciones de agua desde un posible acuífero que comprometería, no sólo a la celda 29, sino a El Cabril. Por eso, no podemos permitir una posible ampliación mientras no se sepa qué pasa con esto".