Desahucio de ElyCuando se piensa en el suicidio para evitar el desahucio que dejará a tu hija en la calle

Hace algo menos de un mes, Elisabet Posada subía a Twitter un vídeo en el que pedía perdón a su hija de ocho años por su decisión de quitarse la vida. “Espero que me pueda perdonar algún día. Lo haré para que no tenga que dormir en la calle”, aseguraba a la cámara de su teléfono móvil la mujer de 32 años, madre soltera, con dificultades para caminar y con una fecha de desahucio fijada para el 26 de diciembre. Ese iba a ser también el día de su suicidio, aunque un aplazamiento judicial ha retrasado la fatídica fecha hasta las 9.30 horas del próximo 23 de enero.

Para Posada, la cuenta atrás sigue restando minutos y, aunque muchos piensen que este tipo de actitudes sólo buscan llamar la atención, el pasado año, dos personas se arrojaron al vacío cuando la comisión judicial llegaba a su vivienda para ejecutar el desahucio. Uno era Jordi. La otra, Alicia.

Elisabet: “Sigo pensando en el suicidio. Antes que mi vida va la de mi hija"

“Sigo pensando en el suicidio. Antes que mi vida va la de mi hija. Si mi hija tiene que dormir en la calle —y sé que hay muchos niños durmiendo en la calle— valoro más su situación que mi vida. Sé que así tendría un techo”, explica a Público en el sofá del piso en el que aún vive, aunque lleve un año sin pagar el alquiler de un primer piso en la calle Panizo, en el distrito madrileño de Tetuán. Apenas 60 metros cuadrados en los que se reparten dos habitaciones, una cocina, un baño y un salón donde se esparcen los juguetes de su hija y pían unos periquitos. “Hace seis años que los tenemos. Los psicólogos dicen que las mascotas son importantes para mi hija en esta situación de tensión. Además sufrió acoso escolar y ha pasado por tres colegios ya”, repasa la madre.

790 euros al mes es el alquiler que hace tiempo dejó de pagar, dice mientras coloca cerca la muleta en la que se apoya para caminar. “En casa llevo una, pero si salgo a la calle tengo que usar las dos”, asegura. No siempre fue así su vida. Aunque es natural del Ponferrada (León), hace más de diez años que Posada vive en Madrid. Su último trabajo fue de camarera en restaurantes de alta cocina de la capital. Hace dos años y medio decidió traerse a Madrid a su hija y alquilar su actual piso. “Ganaba bastante dinero como para alquilar esta casa y pagar a una mujer que cuidara de mi hija cuando yo trabajaba”, recuerda. Entonces empezó a fallarle la salud. Primero, un quiste hemorrágico la mantuvo de baja y hospitalizada. Después, una bacteria estomacal que tardó un año en ser diagnosticada y tratada le impidió reincorporarse en varias ocasiones a su puesto de trabajo. “Acabé aceptando que no me renovaran el contrato porque llevaba mucho tiempo de tiempo de baja”, argumenta. Aun así cobraba 1.200 euros de paro, pero hace un año que se terminó esta prestación. “Fue cuando dejé de pagar el alquiler”. Así es como explica su particular viaje desde la clase media hasta esa otra que no tiene prácticamente nada.

Posada seguía sin poder trabajar y con una hija a cargo, pero sus ingresos apenas llegaban ya a los 500 euros al mes, es decir, los 430 euros del subsidio por desempleo más 82 euros de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. “Con eso pago las facturas del gas y la luz. Casi no da para más”, dice la mujer, que no tiene redes de apoyo familiares a las que acudir.

Su casero es un particular que intentó desahuciarla a los 15 días. “Cómo no lo voy a entender. Sé que le estoy ocasionando un perjuicio enorme. Llevo un año sin pagarle, pero no tengo a dónde ir, y menos con mi hija y casi sin poder andar”, se excusa. Su lesión en los pies se produjo en marzo del pasado año, cuando hacía labores de voluntaria en una fundación que le facilitaba alimentos. “Estaba limpiando unas estanterías después de que hubieran pintado. Me caí y me fracturé los calcáreos. Sigo con dolores y tengo que ir a urgencias de vez en cuando. Lo más probable es que tenga secuelas de esa caída, según los médicos”, relata la mujer, que está pendiente de juicio con la entidad sin ánimo de lucro que, según denuncia, no tenía seguro de accidentes y se desentendió totalmente de su situación. A preguntas de este diario, la Fundación no ha querido dar información sobre una situación que considera “hilarante”.

El ahogo e impotencia diarios, junto a la precariedad económica y el un desahucio sin alternativas le generaron una depresión por la que va al psiquiatra y recibe tratamiento. “Estar así te mata en vida, cómo no vas a pensar en el suicidio. La medicación es fuerte pero aun así no soy capaz de dormir por las noches, casi no como, no paro de llorar. Mi día a día es horrible. Sólo me ayuda a olvidarme un poco de la situación el momento en que llega mi hija a casa por las tardes”, resume Posada. “Ella lo está pasando muy mal. Llora a veces, casi no lo muestra, pero se ve en sus notas. Le afecta psicológicamente”, lamenta la madre mientras mira a su hija hacer un puzle en la mesa del salón.

Un alquiler social que no llega

Ante esta situación, Posada decidió solicitar un alquiler social tanto a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), del Ayuntamiento de Madrid; como a la Agencia de la Vivienda Social (AVS), el antiguo IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid. Del último organismo no ha tenido noticias desde que cursó su solicitud en 2017. En cuanto a la EMVS, lleva desde finales de 2017 esperando una resolución que no llega.

“En mi caso, según me dijeron cuando fui a entregar la documentación, tenía muchas posibilidades de que me dieran un alquiler social de alguna promoción. No recuerdo la puntuación que me dieron en su momento, pero era un valoración alta”, recuerda mientras enumera los factores del formulario con los que cumple: “Familia monoparental, amenaza inminente de desahucio, bajos ingresos, …”.

"Creo que las Administraciones Públicas no están haciendo bien su trabajo"

El problema, lamenta Posada, es que hace mucho tiempo que no se adjudican viviendas en régimen de alquiler social de la EMVS. “Primero decían que en octubre del año pasado, después que en enero de este año. Ahora hasta marzo o abril de este año. A mí me echan a la calle en menos de 15 días. Creo que las Administraciones Públicas no están haciendo bien su trabajo”, critica sin querer entrar en una discusión política, aunque no lo ha sentado bien el nuevo reglamento de adjudicaciones de vivienda que entró en vigor la pasada semana.

“Llevo mucho esperando a que decidan y ahora he tenido que hacer más papeles”, se queja. Fuentes de la EMVS consultadas por Público recuerdan que ha sido este miércoles cuando el Consejo de Administración de esta empresa ha aprobado iniciar el proceso de adjudicación de 288 viviendas, aunque ya se realizarán según el nuevo reglamento. Ya no habrá puntuaciones, sino que se adjudicarán viviendas en función del número y tipo de viviendas disponibles y los grupos de demandantes de vivienda que han configurado. “Esto son las personas menores de 35 años y las mayores de 65; las familias monoparentales y las numerosas; las personas con discapacidad; las víctimas de violencia de género, trata y/o explotación sexual; la demanda general; las personas en vulnerabilidad residencial y las personas en extrema exclusión residencial”, enumera la EMVS. “Se trata de que haya más heterogeneidad en el perfil de personas que viven en las promociones y evitar guetos”, resumen las mismas fuentes, que reconocen que no ha habido adjudicaciones en los últimos meses por distintos trámites burocráticos.

“Tenemos ahora mismo 6.000 viviendas y hay más de 29.000 solicitantes. No tenemos los recursos que nos gustaría, sobre todo tras la venta de miles de viviendas a fondos de inversión por el anterior Gobierno, unido a su política de venta a particulares. Ahora sólo queremos ofrecer alquileres asequibles, que es lo que está demandando la ciudadanía y estamos construyendo nuevas promociones”, afirman desde la EMVS.

Demasiados pobres en la ciudad de los ricos sería el resumen del drama por el acceso a la vivienda. El caso de Posada, explican en la EMVS, aunque grave y dramático, no es el peor con el que los trabajadores sociales se encuentran a diario.

Mientras tanto, Elisabet y su hija seguirán esperando un aplazamiento del desahucio, un alquiler social o una solución temporal que, dadas sus circunstancias, pueda aceptar para ganar algo de tiempo a la burocracia administrativa.

La decisión de quitarse la vida, dice, está presente cada día. “La tomas después de muchos meses pensando las consecuencias. Sólo ves un pozo sin más salida que eso. Se están vulnerando mis derechos, pero sobre todo los de mi hija, los de la infancia. Sé que, si falto, ella cargará toda la vida un trauma psicológico, pero prefiero que tenga una cama y un techo a que tenga que dormir en la calle”.