RototomPiden cuatro años de cárcel por instar a un festival a que no contratase a Matisyahu

Un acto en València el próximo sábado 12 por la libertad de expresión y contra la criminalización de la solidaridad con el pueblo palestino impulsará una semana decisiva para nueve activistas acusados de cometer actos de promoción e incitación al odio y para los cuales se piden hasta cuatro años de cárcel. Los hechos querellados se remontan al verano de 2015, en el marco de una campaña pacífica llevada a cabo por redes sociales que tenía como objetivo convencer al festival de reggae Rototom Sunplash, que se celebra en Benicàssim, de cancelar la invitación del cantante sionista Matisyahu.

Durante esta jornada, que se celebrará en el emblemático Palau de l’Exposició, se prevé la intervención de una de las personas encausadas, las cuales están llamadas a declarar en sede judicial el lunes 14. En señal de solidaridad, también les acompañará la periodista Lola Bañón, una de las últimas galardonadas en los Palestine International Award, Liliana Córdova, coordinadora europea de la Red Internacional Judía Antisionista (IJAN), David Couso, activista contra la impunidad y portavoz de la asociación Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso (HAC), Rosa de Falastin Mustafà, diputada de Les Corts por el PSPV-PSOE y Pau Alabajos, cantautor.

Sin embargo, las muestras de apoyo a los nueve encausados vienen de lejos. Durante estos meses, se han recogido más de 2.000 adhesiones solidarias de personas a título individual, más de 300 de organizaciones y entidades, y más de un centenar de grupos musicales. De hecho, durante la misma edición del festival, algunos grupos como La Gossa Sorda o el disc-jockey Carles Biano, decidieron cancelar su actuación y sumarse al boicot.

Defensor de la intervención militar

"Pedíamos coherencia a un festival que lleva por principios los derechos humanos y la paz", relata Irene, una de las jóvenes activistas. La activación de la campaña perseguía, de hecho, que la organización del festival diera la posibilidad al cantante norteamericano de pedir disculpas por un historial de defensa de crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos. El cantante no accedió y el festival canceló la actuación. A pesar de ello, pocas horas después el festival corrigió su postura por las presiones de varias embajadas y administraciones y devolvió la invitación al artista.

Según denuncia la campaña, Matisyahu ha negado en reiteradas ocasiones la existencia del pueblo palestino, ha colaborado en la recaptación de fondos para el ejército del apartheid israelí a través de la asociación Amigos del Ejército Israelí (FIDF) y justificó el asalto a la Flotilla de la Libertad de 2010 por parte del ejército israelí, en el que murieron diez activistas. “No promovimos esta campaña porque Matisyahu sea norteamericano o judío, sino porque es sionista”, recalca la denunciada.

Durante aquellos días de agosto de 2015, centenares de personas secundaron la campaña en las redes promovida, entre otros grupos, por el BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel). De hecho, las pruebas documentales adjuntas a la querella ocupan 6.000 hojas a doble cara donde se recogen los tuits y los perfiles de los usuarios que participaron. “Es una denuncia a todo un movimiento de solidaridad con Palestina y en defensa de los derechos humanos”, sentencia Irene.

Contra la libertad de expresión

Consultada para este artículo, Maria Josep Martínez, una de las abogadas de la defensa, considera que la causa no debería prosperar. “Los hechos no son constitutivos de ningún delito, ni de odio ni de amenazas ni mucho menos de propaganda antisemita. La campaña que se llevó a término está amparada por la libertad de expresión”, sostiene.

A pesar de ello, se muestra cautelosa en esta fase de instrucción, ya que una de las posibilidades es que se llegue a juicio. “Este caso podría sentar un precedente. De hecho, ese es el objetivo que persigue la entidad que ejercita la acusación popular: conseguir acallar el debate público sobre las políticas del estado de Israel de vulneración sistemática de los derechos fundamentales y de reconocimiento del pueblo palestino a través de la instrumentalización de los procedimientos penales”, expresa Martínez.

Persecución al BDS

Detrás de la querella, se encuentra Abel Isaac de Bedoya Piquer, que preside el Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación. Tal y como ya difundieron otros medios como Directa, este abogado es conocido en los entornos judiciales por defender acusados por corrupción como Lorenzo Sanz, ex-presidente del Real Madrid, o Carlos Pascual Ortín Barrón, captador de clientes de la empresa Gescartera, que fue condenado a tres años de prisión por apropiación indebida.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos de su currículum recae en la defensa de Carlos Alfonso de Bedoya, uno de los detenidos por el asesinato del joven Aitor Zabaleta, asesinado en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón en 1998. A pesar de que Carlos Alfonso de Bedoya fue finalmente absuelto, se trataba de un miembro destacado del grupo ultra Bastión, responsable de la muerte del seguidor de la Real Sociedad, y de la organización neonazi TNT.

Junto con la asociación Acción y Comunicación en Oriente Medio (ACOM), que estos días también se pronuncia en redes en contra de los activistas que afrontan la querella, el Comité Legal contra el Antisemitismo y la Discriminación se ha convertido en uno de los principales actores de criminalización de las campañas pacíficas y de apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino y, en particular, dirigida contra el movimiento BDS. Para los encausados, todos ellos del País Valenciano y de Catalunya, no es en vano, puesto que en estos territorios se han dado algunos de los avances más significativos en los últimos años. La ciudad de València y Les Corts son, sin ir más lejos, la ciudad y el parlamento declarados espacios libres de apartheid israelí que representan a más población del mundo.