PedofiliaPiden 35 años de cárcel para un monitor de campamento por difusión de pornografía infantil

La Fiscalía de Almería ha solicitado penas que suman 35 años y medio de cárcel para un monitor que contactó con 12 menores que participaron en un campamento para solicitarles fotos desnudos, enviarles vídeos pornográficos y tener conversaciones de carácter sexual con ellos.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el procesado, A.J.G.C., fue monitor durante el verano de 2016 en un campamento en Ronda (Málaga), donde tuvo a su cargo a 47 menores de entre 10 y 17 años.

Indica que ese año desempeñó la función de monitor de dormitorios, aunque en veranos anteriores del campamento había realizado labores de enfermería.

Asegura el fiscal que "generó lazos de confianza" con los menores y les solicitó sus números de teléfono y datos de contacto para poder chatear con ellos por WhatsApp e Instagram.

El Ministerio Público relata en su escrito hasta 12 casos con otros tantos menores en los que el procesado habría mantenido algún tipo de contacto con ellos con "fines exclusivamente libidinosos".

Así, presuntamente les solicitó fotografías desnudos o de sus partes íntimas –que en algunos casos obtuvo–, les hacía preguntas de índole sexual y les remitía vídeos o imágenes suyas o de otras personas de carácter sexual.

Tras el registro llevado a cabo el 6 de febrero de 2017 en su casa de San Fernando (Cádiz) se intervinieron diversos dispositivos electrónicos en los que había fotos de personas desnudas que fueron utilizadas por el acusado para tratar de conseguir imágenes y vídeos de los menores desnudos mediante propuestas de intercambio.

Por estos hechos, la Fiscalía de Almería acusa a A.J.G.C. de 8 delitos de embaucamiento de menores, 9 delitos de difusión de pornografía a menores de edad y tres delitos de elaboración de material pornográfico infantil a menor de 16 años por los que pide penas que suman 35 años y medio de prisión.

Además reclama diversas órdenes de alejamiento, inhabilitación para cualquier actividad que conlleve contacto con menores y libertad vigilada una vez salga de la cárcel.

Por último, solicita el pago de indemnizaciones por un total de 20.500 euros.