"Está siendo muy duro para mi hermano y para su familia", explica Jalal Badaoui en conversación telefónica. "Estuvimos tres días sin saber nada de él, desaparecido totalmente. Ni siquiera su abogado sabía dónde estaba", añade. Su hermano es Mohamed Said Badaoui, activista musulmán de origen marroquí que lleva 30 años residiendo legalmente en Catalunya.

Actualmente es presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom), pero durante cinco años fue el portavoz de la mezquita As-Sunnah de Reus (Tarragona), que estuvo señalada hace varios años por Interior como foco de un islam salafista del que ahora le acusa a él la Policía.

El pasado martes fue detenido en el portal de su casa de Reus (Tarragona) por la Policía Nacional a instancias de la Comisaría General de Información. Desde el viernes, Badaoui se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, desde donde el Ministerio del Interior trata de ejecutar su deportación en los próximos 60 días. Para ello se basa en un expediente de expulsión abierto el pasado agosto en el que se le acusa de radicalismo islamista, de proselitismo, adoctrinamiento y de representar una amenaza para la seguridad nacional.

"Mi hermano se ha caracterizado por trabajar creando puentes entre la comunidad musulmana y la catalana, abrió las puertas de la mezquita a todo el mundo y ahora, desde Adedcom, solo ha reclamado los derechos de las personas musulmanas. Estas acusaciones hacen mucho daño a su familia y generan impotencia y frustración porque no hay ninguna prueba y él no puede defenderse todavía en un juicio", sostiene. "Sabemos que tenemos la razón pero es difícil prever qué pasará", añade el hermano.

Su abogado, Iván Aybar, trabaja ahora en un recurso judicial para que pueda salir del CIE. También es el abogado de Amarouch Azbir, detenido el mismo día que Badaoui en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por las mismas razones. Ambos fueron trasladados a Madrid para ser expulsados, pero se desconoce por qué no se los deportó y fueron llevados de nuevo a sus localidades para declarar en los juzgados.

En el caso de Azbir, presidente de la asociación Al-Forkan y residente legal en España desde hace 20 años, el juez no encontró razones para internarlo. Destacó su arraigo social y el escaso riesgo de fuga en su auto judicial, al que ha tenido acceso Público.

Acusaciones "vagas y genéricas", según un juez

En el mismo, el juez señala que las apreciaciones del informe policial son "no sólo son vagas y genéricas, sino también alejadas en el tiempo y, además, denotan una falta de elementos contundentes o de entidad y gravedad para hacer un juicio de peligrosidad". Pero su peligrosidad no era lo que este juzgado de instrucción debía decidir, por lo que decretó su puesta en libertad con comparecencia en sede judicial tres veces por semana. Su expediente de expulsión sigue en marcha, aunque su abogado ha podido interponer un nuevo recurso ante la Audiencia Nacional, que rechazó conceder medidas cautelares para suspender tanto su expulsión como la de Badaoui.

La situación a la que se enfrenta Badaoui ha desatado una ola de solidaridad entre numerosos colectivos antirracistas y entidades locales de Reus, donde reside actualmente. La tarde de este martes se ha convocado una concentración a las puertas del CIE para exigir al departamento de Fernando Grande-Marlaska su puesta en libertad.

El apoyo también le llega desde un amplio abanico de organizaciones sociales y políticas locales, incluso de la mayoría de los diputados del Parlament de Catalunya, que aprobaron con los votos de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem una resolución en la que exigen su puesta en libertad y consideran la expulsión un "caso de represión política e islamofobia por parte del Estado".

Las razones que Interior y la Policía alegan para deportarlo chocan frontalmente con la figura que dibujan de Badaoui su entorno y los colectivos con los que ha compartido trabajo. Le acusan de "difusión de postulados radicales proyihadistas" y de adoctrinar a jóvenes.

"[A Badaoui] lo conozco desde hace tiempo porque ha participado en la Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR). Todo me parece escandaloso, terrible y racista. Es una persona conocida en Reus y la comarca", asegura a Público David Karvala, portavoz del grupo de apoyo a los dos musulmanes detenidos. Desde que se conoció la decisión firme de expulsar a Badaoui, más de mil personas y organizaciones se han adherido al comunicado de denuncia que han publicado, entre ellos, entidades como SOS Racismo, Oxfam Intermón, Médicos del Mundo o Irídia.

Expulsión tras el denegar a la nacionalidad

Según su familia, los dos detenidos y su abogado, en ambos casos los expedientes de expulsión llegaron después de que recurrieran la denegación de su solicitud de nacionalidad española. El mismo Badaoui ya denunció públicamente esta situación el pasado septiembre. Hace dos años que pidió la nacionalidad, pero le fue denegada el pasado agosto por las mismas razones que alega su expediente de expulsión, su supuesta "radicalización" y la amenaza para la seguridad nacional.

Decidió interponer recurso contra esta decisión ante la Audiencia Nacional exigiendo pruebas o más información, algo que nunca llegó. En cambio, lo que recibió poco después fue un expediente de expulsión en el que se repiten los argumentos sobre su radicalismo, aunque también sin pruebas, denuncia su defensa.

Sin embargo, la Policía no necesita probar sus acusaciones para iniciar el trámite de deportación. El artículo 54.1.a de la Ley de Extranjería considera infracciones muy graves "participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves" en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Ambos solicitaron la suspensión de su expulsión ante la sala la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, pero las medidas cautelares fueron rechazadas al considerar que deben prevalecer los intereses de carácter general frente a sus circunstancias personales. Según la Audiencia, la expulsión no supondría un daño irreparable a sus derechos fundamentales, ya que si un juez la revirtiera posteriormente no tendría problemas en regresar a España y conseguir una reparación de los daños.

Sin embargo, la AN en este caso no entra al fondo del asunto: si hay motivos probados para considerarlos un peligro para la seguridad nacional. "La Ley de Extranjería deja un amplio margen a la arbitrariedad, la Policía es juez y parte, no hay un control judicial a priori", destaca el abogado Andrés García Berrio, de Iridia. Añade que, en este caso, "la falta grave por la que se pide su expulsión es la mera existencia de un expediente policial sobre el riesgo para la seguridad que luego ha sido refrendado por el secretario Estado de Seguridad, pero no hay ningún tribunal externo que intervenga previamente", expone.

Este es uno de los aspectos más criticados por el entorno de los dos detenidos. De hecho, el propio Badaoui compareció el pasado septiembre en la Comisión de Estudios sobre Racismo Institucional y Estructural. En su intervención, el afectado enumera cada una de las acusaciones de la Policía y las desmonta punto por punto. En varias entrevistas, Badaoui ha lamentado que su caso es más habitual de lo que parece a la hora de denegar la nacionalidad a ciudadanos musulmanes. "Alegan que estamos radicalizadas o que no nos hemos integrado. Si reclamas, quieren expulsarte, porque no tienen ninguna justificación para denegarte la nacionalidad", dijo en una entrevista con Público el pasado septiembre.

Su abogado coincide en esta apreciación. "Llevo años luchando en los tribunales señalando que este tipo de informes, y también los que sirven para denegar la nacionalidad española, son inconcretos y llenos de vaguedades. Incluso contienen en ocasiones informaciones absoluta e inexplicablemente falsas", afirma Iván Aybar.

Al menos en el caso de Amarouch Azbir "un juez refrenda aquello que vengo denunciando hace años, me hace recuperar -en parte, al menos- la confianza en la Justicia, y nos hace albergar esperanzas de que algo esté cambiando, de que quizá se comience a resguardar las garantías procesales en este tipo de asuntos, evitándose el uso alternativo del Derecho y las arbitrariedades que generan flagrantes indefensiones", asegura su abogado.