Menores MigrantesLa ONU condena a España por declarar como adultos a dos menores migrantes y dejarlos en desamparo

El Comité de Derechos del Niño de la ONU ha vuelto a sacar los colores a España a consecuencia de las polémicas pruebas de determinación de la edad para los menores migrantes que llegan solos al país y la insistencia de la Fiscalía en no dar validez a los documentos de identidad que portan, lo que viola varios de los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por España, y deja a los menores migrantes en un limbo jurídico, totalmente desprotegidos y sin poder ejercer sus derechos como niños ni como adultos.

Según dos resoluciones de este comité a sendas denuncias de la Fundación Raíces, el Estado español vulneró los derechos de dos menores a los que declaró mayores de edad a pesar de los documentos oficiales que probaban que tenían menos de 18 años, según ha denunciado la organización madrileña.

Los menores afectados son J.A.B, un niño camerunés que llegó a España en 2016 con 16 años, después de una infancia sobreviviendo en la calle de distintos países africanos hasta que logró llegar a España tras pasar por Argelia y Marruecos, y A. L., un menor argelino que recaló en España en 2017.

A la calle, con tuberculosis y malaria

El primero, según denuncia Raíces, fue tratado como un adulto desde su llegada a España, ya que no tenía documentación que acreditase su minoría de edad. Según el relato de la ONG, a los pocos meses, un familiar le envío su acta de nacimiento, que constataba que tenía 16 años, tras lo que acudió a su embajada en Madrid para tramitar su certificado de inscripción consular, su pasaporte y su carta nacional de identidad. Después se dirigió a la Fundación Raíces "con el resguardo de los trámites" y "en situación de desamparo", por lo que la organización puso al menor a disposición de los servicios de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, donde fue acogido.

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El menor fue diagnosticado en el Hospital la Paz de varias enfermedades, entre ellas, tuberculosis y malaria, por las que debía recibir tratamiento médico, sostiene Raíces. "A los 15 días, la Fiscalía de Menores le citó a una comparecencia, sin permitirle acudir con un abogado de Fundación Raíces, a quien el menor había designado para ello y sin asistencia letrada, ni tutor que le representase y, tan solo por negarse a que le hicieran radiografías para averiguar su edad, puesto que el menor tenía ya acreditada su menor edad, la Fiscalía le decretó “mayor de edad” y con ello la Comunidad de Madrid le expulsó a vivir a la calle".

Aunque Raíces solicitó la revisión del decreto después de que el menor obtuviera su pasaporte biométrico, la Fiscalía mantuvo su decisión y el niño tuvo dificultades para recibir su tratamiento y quedó desamparado. "Pasó por albergues, estuvo viviendo en la calle a pesar del riesgo para la salud pública que suponía esto, ya que tenía el virus de la tuberculosis activo. Hasta que una pareja lo encontró y lo acogió en su casa", explica a Público Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces. También detalla la kafkiana situación derivada de este decreto fiscal, ya que un juzgado se negó a ordenar su expulsión del país al contar con un pasaporte que acreditaba que era menor, pero los juzgados de familia rechazaron que la Comunidad de Madrid volviera a ejercer la tutela del joven porque el fiscal ya había decretado que era un adulto. 

El Comité de la ONU considera que el procedimiento de determinación de la edad al que fue sometido "no contó con las garantías necesarias para proteger sus derechos reconocidos en la Convención" y por tanto España violó los artículos 3 y 12 de la Convención al no tomar como consideración primordial el interés superior del niño durante el procedimiento y ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano y no habiendo sido asistido por ningún tutor ni representante tal y como el niño había designado para defender sus intereses.

También afirma que España no respetó la identidad del niño al negarle valor probatorio a todos los documentos oficiales, sin analizar su validez y sin cotejar los datos con las autoridades de su país de origen, lo que viola el artículo 8 de la Convención (interferir en su identidad). Del mismo modo, la ONU señala una violación del artículo 20 (la obligación del Estado de proteger y asistir al menor) y el 24 (reconocimiento del derecho del niño a disfrutar de los servicios para el tratamiento de las enfermedades) y que dejarlo en la calle aumentó su grado de vulnerabilidad, el cual era ya muy elevado al tratarse de un menor migrante no acompañado y enfermo.

En su dictamen, el comité obliga a España a "proporcionar al autor una reparación

efectiva por las violaciones sufridas, incluido ofreciéndole la oportunidad de que regularice su situación administrativa".

Al CIE de Aluche

En el caso del niño argelino A. L., una radiografía determinó que su "edad ósea" era de 19 años, aunque él había manifestado ser menor. El adolescente argelino acabó encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, y con una orden de devolución, "todo ello sin ser escuchado ni informado de sus derechos ni poniendo a su disposición un abogado en el procedimiento para determinar su edad", denuncia la Fundación Raíces, que añade que "en este caso además el niño contó cómo había sido golpeado en el CIE con un palo". Aunque el chico acreditó ser menor de edad con su partida de nacimiento, la Fiscalía tampoco quiso revisar el decreto que lo convirtió en mayor de edad, aunque el recurso de Raíces al Comité de Derechos del Niño logró que éste decretara medidas cautelares para que saliera del CIE.

Sin embargo, tras abandonar el centro de internamiento, el menor no pudo reingresar en ningún centro de acogida de Madrid, ya que el decreto fiscal lo había convertido en adulto, señala Reyzábal, que lamenta que al joven se le acabara perdiendo la pista. "La última información que hemos tenido del él es de la Cruz Roja francesa. Suponemos que está en Francia pero no está claro. Es uno más de los menores migrantes que desaparecen y que nadie busca. Esta manera de proceder de la Fiscalía y de las Comunidades Autónomas que no tutelan a estos niños y niñas está suponiendo que muchos de ellos estén desapareciendo en Europa", denuncia la portavoz de la fundación.

"Estos dictámenes de Naciones Unidas son mucho más que un tirón de orejas a España y nos parece increíble que, hoy mismo, en Madrid y en otras ciudades, la Fiscalía siga convirtiendo en adultos a niños y niñas que tienen acreditada su minoría de edad de la única manera que pueden hacerlo, a través de sus Embajadas y Consulados correspondientes”, critica la presidenta de Raíces.

En los dictámenes, el Comité deja claro que España "debe proporcionar al autor una reparación adecuada" y tiene "la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro, asegurando que todo proceso de determinación de la edad de posibles niños y niñas no acompañados sea acorde a la Convención".