Los incendios no son lo que eran. Cada vez son más grandes, más incontrolables y afectan a un mayor número de población. El abandono de las actividades de pastoreo y limpieza de los bosques propios de la vida rural, el cambio climático y las nuevas planificaciones urbanísticas han convertido los montes en espacios altamente inflamables. Los expertos llevan advirtiéndolo desde hace tiempo y 2017 vino a confirmarlo. El año pasado fue el segundo peor de la década en superficie arrasada por el fuego y el único con un número tan elevado (56) de grandes incendios (los que sobrepasan las 500 hectáreas). En ellos se destruyó el 55% de todo el territorio quemado.

“Algunos llevan tanta fuerza que se hace imposible atacarlos”, se lamenta Rubén Cabrero, presidente de la Asociación Española de Agentes Forestales, en referencia a la ola que arrasó Galicia y Asturias el octubre pasado, o al fuego mortal de Portugal que acabó con la vida de 64 personas unos meses antes.

Sin embargo, poco o muy poco hemos aprendido de ellos. Según un estudio publicado este martes por Greenpeace y la consultora especializada en ingeniera forestal Medi XXI, en España el 80% de los municipios en zonas de alto riesgo de incendios no cuenta con planes de emergencia y hasta doce comunidades autónomas tienen una valoración deficiente o muy deficiente en su planificación contra el fuego. Sólo las Islas Canarias, Catalunya y la Comunidad Valenciana cuentan con planes algo más avanzados, aunque insuficientes.

“Actualmente tenemos un paisaje que lejos de ser bucólico es inflamable. En un contexto de calentamiento global y sequía, la vegetación seca se transforma en un polvorín. Es momento de cuestionar los principios en los que se basa el modelo tradicional de gestión de incendios”, advierte Greenpeace.

Cabrero está de acuerdo y señala uno de los principales problemas: “El 90% se sigue invirtiendo en extinción y algunas comunidades autónomas sólo destinan recursos durante los cuatro meses de riesgo”, asegura.

Según los datos oficiales, en 2017 el Ministerio realizó labores preventivas en 1475 hectáreas (frente a las más de 178.000 que resultaron quemadas). La inversión en este tipo de labores para preparar y limpiar los bosques antes de la llegada de las altas temperaturas no sólo no se ha incrementado, sino que ha sufrido severos recortes. Entre 2010 y 2011 el gasto en prevención se recortó un 50%. Desde entonces se ha mantenido por debajo de los 190 millones de euros, mientras que en la última década el gasto en extinción ha estado siempre por encima de los 360 millones.

Cabrero apunta, además, a otro déficit fundamental: la investigación de las causas. “No se están investigando los incendios cuando es imprescindible para plantear soluciones”, indica. En el resumen del Ministerio del año pasado, sólo Cáceres dedicó recursos a la investigación: diez horas y media en total.

“La lucha contra los incendios forestales, especialmente en áreas de IUF, es una responsabilidad compartida entre los poderes públicos y la sociedad civil. El reto pasa por conseguir comunidades organizadas y adaptadas que asuman el riesgo de incendio para prevenirlo y mitigarlo”, concluye la investigación de los ecologistas.

La lluvia, un arma de doble filo

Aunque se podría pensar que el riesgo de incendios este año será menor por las intensas lluvias de los últimos meses, las precipitaciones son un arma de doble filo para los incendios. Rubén Cabrero advierte de que será mejor durante las primeras semanas del verano porque los suelos se mantendrán húmedos; sin embargo, la lluvia ha hecho que la vegetación crezca más que de costumbre, lo que se convierte en pasto del fuego fácilmente cuando se seca.