María Sevilla, más cerca del indulto tras los informes de la Fiscalía y el juzgado

"Una luz al final del camino". Así define el entorno de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, los informes favorables a un indulto parcial tanto de la Fiscalía como del juez sentenciador que se han hecho públicos este lunes. Sevilla lleva más de dos meses cumpliendo la pena de prisión de dos años y cuatro meses a las que fue condenada por la sustracción de su hijo mayor. Hasta este momento, todos los informes oficiales habían sido demoledores en su contra, como el de la fiscalía cuando María Sevilla solicitó que se suspendiera la entrada en prisión hasta que se gestionara su indulto por parte del Ministerio de Justicia. Un rotundo no.

Ahora, los informes tanto de la Fiscalía General del Estado, como el del juzgado sentenciador son favorables a la concesión de un indulto parcial. Proponen rebajar la pena de cárcel a dos años, entre otras razones, "para no perjudicar las relaciones materno-filiales con su hija", una niña que en la actualidad tiene nueve años, hija de Sevilla con su actual pareja. Una decisión que la abogada de Sevilla, Cristina Madero, ve como una propuesta de suspender la pena y que salga de prisión. Con una condena menor a dos años y sin antecedentes penales, como es el caso, Sevilla podría salir de la cárcel.

Tal como relatan fuentes de su entorno, el Ministerio de Justicia podría tener ya en su poder todos los documentos necesarios para llevar en breve su caso al Consejo de Ministros. Hace unos días faltaba tan sólo el informe del centro penitenciario que ya se ha realizado, pero que está a la espera de que sea solicitado por escrito por parte de Justicia. Su abogada afirma que, a pesar de haberlo solicitado a Justicia, no ha podido tener acceso al expediente completo de indulto. Desde el Ministerio que dirige Pilar Llop no han facilitado ningún tipo de información a este diario sobre el estado del expediente, si sobre la posible fecha en que se pueda llevar al Consejo de Ministros.

"Aviso a navegantes"

El informe emitido por la Fiscalía, sin embargo, se opone de forma tajante a la reducción de la pena de privación de la patria potestad. Según el escrito, el Ministerio Público entiende que "el cumplimiento de la pena pretende la restauración de la paz social conmocionada por la comisión de un delito" y evitar "una sanción pública de impunidad que aliente la comisión de nuevos delitos". A este respecto, la Fiscalía argumenta que "parece que en la sociedad civil se están alentando campañas como la llamada Yo también lo haría, de la que se hace eco la prensa y que parecen fomentar actuaciones similares". De ahí que se pronuncie a favor de un indulto parcial "con mantenimiento del resto de disposiciones de la sentencia firme en su día dictada".

La campaña promovida en redes sociales bajo el lema "Yo también lo haría", ponía el dedo en la llaga sobre el tema de los abusos sexuales a menores por parte de sus padres y la escasa respuesta de la Justicia cuando se denuncian dichos delitos. Y al hecho de que cuando la justicia no responde, las madres deciden proteger a sus hijos e hijas, aunque sea alejándolos de sus exparejas. En el caso de María Sevilla, su expareja nunca fue condenado por abusos sexuales, "pero el hecho de que no exista condena y de que la causa se haya archivado, no significa que los hechos no hayan ocurrido", explica Cristina Madero, abogada de María Sevilla.

Una portavoz de la campaña en favor de Sevilla, que prefiere no desvelar su nombre, ha afirmado a Público que la interpretación de la fiscalía en este tema es un "aviso a navegantes", porque pretende imponer el silencio a la sociedad  civil cuando discrepa de las decisiones judiciales e imponer una mordaza social al activismo. "Nos quieren calladas, sumisas y obedientes. Nos condenan si salimos a hablar públicamente, pero también si nos callamos", explica. 

"La referencia de la Fiscalía a las campañas de la sociedad civil lanza un mensaje peligroso: que apoyar públicamente a una persona puede perjudicarla"

Madero no cree que pueda hablarse de ningún modo de una sanción pública de impunidad en el caso de María Sevilla, ni en el de otras madres en situaciones parecidas. "La referencia a las campañas de la sociedad civil lanza un mensaje peligroso: que apoyar públicamente a una persona puede perjudicarla. Cuando la sociedad civil se organiza y denuncia lo que considera injusticias sociales y judiciales parece más sensato escuchar qué es lo que está denunciando antes que tratar de criminalizar la denuncia colectiva. Sino pudiera leerse como un aviso a navegantes", afirma. 

Preceptivos, pero no vinculantes

Los informes de la Fiscalía y del juzgado sentenciador son preceptivos pero no vinculantes. Esto significa que el Ministerio de Justicia podría proponer un indulto incluso más amplio al propuesto por estos órganos. El Ministerio Fiscal, por ejemplo, se opone a una reducción de los cuatro años de privación de la patria potestad impuestos en la condena a Sevilla. Sin embargo, el Gobierno podría decidir permutarlos por trabajos en favor de la comunidad (como ya ocurrió en el caso de Juana Rivas) o incluso suspenderla de forma total.

En su argumentación, la Fiscalía se opone a un indulto total por considerar que "no concurren razones de equidad o utilidad pública" que pudieran justificarlo. Pero tal como explican algunos juristas a Público, el hecho de que María Sevilla lleve cumpliendo pena de prisión desde febrero de este año, implica que cualquier indulto sería ya parcial y que el Gobierno, incluso, podría considerar anular el resto de la pena que le queda.

Fuentes del entorno de María Sevilla, denuncian que a pesar de que la sentencia no incluía ninguna medida de alejamiento ni de incomunicación con su hijo, desde hace meses no tiene contacto con él. Además añaden que al haberle retirado la patria potestad no tiene acceso a informes médicos ni a recabar información sobre su estado de salud. Sevilla ha denunciado en diversas ocasiones que los abusos hacia su hijo se han reanudado tras la entrega del menor a su padre tras su detención. María Sevilla tenía derecho de visita con su hijo cada 15 días en un punto de encuentro familiar que apenas se ha cumplido.

Un caso complejo convertido en espectáculo mediático

Desde su detención en abril de 2019 el caso de María Sevilla se ha convertido en un espectáculo mediático, con una gran carga de ideología y de repulsa hacia esta madre. El mismo día de su detención por la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla, comenzó un circo mediático que en raras ocasiones ha ido al nudo de la historia. María Sevilla nunca denunció a su expareja por abusos sexuales hacia su hijo mayor, que hoy tiene 14 años. Lo hizo de oficio la Fiscalía. Una segunda vez la voz de alarma la dio la maestra de la escuela de su hijo. En esta segunda ocasión el juez oyó al menor y decidió inhibirse en favor del juzgado de Majadahonda (Madrid), que ya tenía el expediente de Sevilla. Esta segunda denuncia nunca llegó a valorarse, puesto que el juzgado de Majadahonda había decidido archivar la causa. La actual pareja de María Sevilla denuncia, además, que dicho expediente nunca fue encontrado y que no está en los archivos del juzgado. 

Sevilla fue condenada por la sustracción de menores, después de permanecer en paradero desconocido con su hijo durante más de un año, después de que un juzgado decretara en diciembre de 2017 el cambio de custodia hacia el padre del menor. Desde el inicio Sevilla ha afirmado que el único motivo para desaparecer fue el de proteger a su hijo de malos tratos y de los supuestos abusos sexuales que el menor manifestó con cuatro años.

Diversos informes pediátricos y psicológicos a los que ha tenido acceso Público (tanto de parte como de organismos públicos) advierten de que la versión del menor sobre los abusos tienen signos de veracidad y que existen indicadores que así lo corroboran. Sin embargo, tras diversas vicisitudes, la denuncia fue sobreseída por falta de pruebas y se archivó provisionalmente hasta que se aportaran nuevas evidencias.

Tras la detención de Sevilla, la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados inició una supuesta investigación para demostrar que Infancia Libre era en realidad una organización criminal cuyos fines era la de presentar denuncias falsas contra los padres de los menores, acusándolos falsamente de abusar de sus hijos. Esta teoría incluía en la trama a reconocidos psiquiatras y pediatras de la sanidad pública y a una veintena de mujeres que podrían haber actuado bajo el mismo "modus operandi", como afirmaba el informe. En enero de 2020, la Fiscalía de Madrid archivó el documento, afirmando que no existe "ningún dato objetivo" que permita afirmar que Infancia Libre sea una organización criminal.