"Le veo muy seguro de sí mismo. Él nunca acusó de nada a ningún policía, solo recogió los testimonios de los manteros", explica Mohamed Soumare, presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en Aragón (AISA), sobre su antecesor, Idrissa Gueye, que este miércoles se sentará en el banquillo de la Ciudad de la Justicia de Zaragoza para hacer frente a una acusación de injurias y calumnias con publicidad por la que se expone a una petición de dos años de prisión.

Su caso ha provocado una ola de solidaridad ciudadana en la que más de un centenar de entidades sociales y vecinales, partidos políticos y sindicatos de Aragón y de comunidades como Navarra, Euskadi, Madrid y Catalunya, entre otras, han suscrito, junto con varios centenares de ciudadanos a título personal, el manifiesto #TodasSomosIdrissa, en el que reclaman su absolución y sostienen que se trata de "una querella por perfil étnico" con la que, "en los juzgados igual que en la calle, el chivo expiatorio negro está siendo perseguido por denunciar la existencia de abusos y racismo institucional".

En el juicio, "nos jugamos la posibilidad de defender los derechos más básicos en una presunta democracia, incluida la libertad de expresión y opinión", añade el manifiesto, en una iniciativa enmarcada en la campaña #ZaragozaNoSeCalla y que incluye la convocatoria de dos concentraciones de apoyo a los acusados: una a las siete de la tarde del martes en la plaza del Pilar y otra el miércoles a las 11.30 horas en la Ciudad de la Justicia.

La historia de este proceso judicial arranca en la primavera de 2018, cuando, tras las concentraciones de protesta por la muerte en Lavapiés del vendedor ambulante Mame Mbaye y los incidentes que se registraron esos días en el barrio madrileño, AISA y el colectivo de Derechos Civiles del 15-M canalizaron hacia el ayuntamiento de la capital aragonesa quince quejas en las que otros tantos manteros explicaban que habían sido víctimas de abusos en los que, entre otras situaciones, agentes de la Policía Local les requisaban la mercancía con la que estaban trabajando sin dejar constancia de la misma o no en su totalidad.

"Las quejas incluían la fecha y la identificación de los agentes, porque los chicos habían sido denunciados, y lo que había sucedido en cada caso", explica Soumare. El ayuntamiento abrió una información reservada sobre el asunto que terminó archivada.

Las penas máximas que contempla la ley

"Algunos chicos, aunque con mucho miedo, fueron a declarar", añade. Comparecieron la mitad de los que habían presentado quejas, mientras el resto eludían ir a ratificarlas por temor a ser detenidos y deportados. Ya había sucedido algo similar a la hora de elaborar el dossier. "Fueron quince casos al final, pero había muchos más", anota.

En esas fechas, Gueye, que lleva más de una década viviendo en España y que había sido fundador de la Red de Apoyo a los Sin Papeles en Zaragoza, explicó en algunos medios  de comunicación el contenido de esas denuncias, lo que al final le ha acarreado una acusación de injurias y otra de calumnias por la que Fiscalía reclama para el sendas multas de 5.400 y 3.000 euros, canjeables por catorce meses de prisión en caso de impago, mientras Staz, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, solicita dos años de prisión y una sanción económica de 4.200 euros sustituible por siete meses de cárcel.

"No entiende por qué los agentes policiales requisan las pertenencias de los manteros sin justificarlo a través de ningún documento" planteaba Idrissa en uno de esos reportajes, en el que añadía que "hacen negocio y recogen los beneficios". "Nos agreden, pero no por vender en la calle, sino por ser negros", señalaba uno de los manteros entrevistados.

Staz, que califica las palabras de Gueye como "acusaciones infundadas" y "carentes de cualquier base" y que sostiene que todas las quejas hacían referencia a casos que acabaron con condenas, imputa los mismos delitos a AISA, asociación para la que pide una multa de 7.200 euros por calumnias y otra de 4.200 por injurias. Solicita, tanto para Idrissa Gueye como para la entidad, las penas máximas que contempla el Código Penal por este tipo de delitos.

"Es un asunto de libertad de expresión"

"El juicio no tiene sentido, es un asunto de libertad de expresión y de derechos fundamentales", explica Soumare.

La acusación, de hecho, ha ido mutando conforme avanzaba la instrucción. La querella fue presentada contra AISA y contra el grupo de Derechos Civiles del 15-M por un delito de odio "contra el cuerpo de Policías Locales, frente a quienes se pretende menoscabar públicamente su estimación fomentando públicamente e incitando al odio y a la hostilidad contra los mismos".

Sin embargo, la jueza descartó esa posibilidad y recondujo las diligencias al esclarecimiento de los presuntos delitos de injurias y de calumnias, al tiempo que exoneraba a los activistas, uno de cuyos coordinadores llegó a ser encartado.