El juicio a los tres sindicalistas de Granada se desinfla tras la declaración de la Policía, que afirmó que la protesta fue pacífica

La Junta de Andalucía ha rebajado de cinco años de prisión a ocho meses su petición de condena para los sindicalistas acusados de causar desórdenes públicos en un edificio de la administración autonómica en Granada, tras declarar la Policía en el juicio que la protesta se desarrolló de manera pacífica. La Fiscalía también ha reducido su solicitud de pena, en su caso de 15 meses de prisión a ocho meses de multa, y la ha mantenido tan solo para uno de los tres procesados, el secretario provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Néstor Salvador. 

En la vista oral, que se ha celebrado este viernes en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada, se han enjuiciado los hechos ocurridos durante una protesta sindical en marzo de 2020, días antes de que comenzara el confinamiento por la pandemia. En ese momento, un grupo de manifestantes se concentró en una delegación territorial de la Junta por el despido de Vanesa Sánchez, que llevaba 11 años trabajando en sucesivas empresas subcontratadas para el servicio de limpieza en esa administración.  

Varios manifestantes decidieron subir a la planta de la dirección para hablar con el que era entonces delegado territorial de la Junta de Turismo, Gustavo Adolfo Rodríguez, quien se había negado varias veces a recibirles para solucionar el conflicto. Lo que sucedió en esa planta llevó a la Junta a elevar una denuncia ante el juzgado y luego a calificar los hechos con una gravedad inusitada en un caso de protesta sindical.

La Administración andaluza sostuvo hasta este viernes que habían concurrido hasta cuatro delitos (coacciones, amenazas, allanamiento y contra el orden público), mientras que el fiscal consideraba que únicamente se incurrió en uno (desórdenes públicos) y la defensa, en ninguno, ya que, a su entender, todo transcurrió de forma pacífica con el despliegue de una pancarta contra el despido de la limpiadora. 

Sin embargo, el subinspector del Cuerpo Nacional de Policía que acudió aquella mañana a la delegación de la Junta avisada desde la delegación de la Junta ha asegurado en el juicio que la protesta sindical tuvo lugar de manera completamente pacífica y que los agentes no tuvieron que intervenir, según ha señalado a este periódico Néstor Salvador. El mando policial explicó que por esa razón no procedieron a identificar ni a detener a ninguno de las personas que participaban en la protesta. 

Tras la declaración de los testigos, la representación jurídica de la Junta andaluza ha retirado la acusación contra una de las procesadas y ha reducido a ocho meses la petición de condena para los otros dos, Vanesa Sánchez y Néstor Salvador, a quienes imputa ahora únicamente un delito de alteración del orden público.

El secretario provincial del SAT en Granada considera que la Junta ha hecho "el ridículo" en este juicio, ya que los propios testigos que había propuesto como acusación particular han asegurado que la protesta se sucedió sin incidentes y ni tan siquiera pudieron identificar a los tres procesados como las personas que participaron en ella. 

En mayo, el que entonces era consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta, Arturo Bernal, dijo en el pleno del Parlamento que la petición de cinco años de prisión era una decisión del gabinete jurídico de la Administración andaluza, que había calificado los hechos como delito de ocupación de una sede administrativa. "Y contra eso habrá que asumir las consecuencias. Estamos muy mal acostumbrados. Aquí cuando hacemos unos unas cosas, sí, y cuando las hacen otros, no. Pues habrá que apechugar", apostilló el consejero. 

'Un caso de persecución sindical'

La defensa de los tres sindicalistas procesados ha pedido que se condene a la Junta al pago de las costas del juicio, por "haber actuado de mala fe" en este caso, sabiendo, como se ha demostrado en el juicio, que no había ninguna base para denunciarles y pedirles una condena de prisión. "Ha sido un claro caso de persecución sindical y esperemos que se le condene a la Junta al pago de las costas y eso les sirva de lección antes de volver a montar un espectáculo de este calibre", ha manifestado a Público el dirigente sindical. 

La formación Adelante Andalucía, con representación en el Parlamento de Andalucía, ha calificado este proceso como "un juicio político, de lawfare", contra unas personas que, ha recalcado, simplemente estaban "defendiendo derechos laborales, peleando contra un despido, sin que hubiera ningún tipo de daños". 

En su escrito inicial de acusación, la Junta de Andalucía afirmaba que los cuatro acusados (uno de ellos falleció el año pasado) formaban parte de "un grupúsculo de personas" que "no se limitaron a gritar reiteradamente soflamas en contra del delegado territorial, al que llegaron a insultar", sino que "accedieron de forma violenta al edificio, "generando en el personal de vigilancia sentimiento de intimidación". 

Según la Administración andaluza, los manifestantes llegaron a encararse con personal funcionario de su delegación en Granada, interrumpiendo "gravemente el ejercicio de sus funciones", revolvieron documentación y objetos, desplegaron una pancarta "reivindicativa visible desde el exterior del edificio", grabaron vídeos y sacaron fotos y, posteriormente, "se jactaron en redes sociales" de esa acción de protesta. 

Pese a ello, la Junta reconocía en ese mismo escrito de acusación que en las diligencias practicadas no quedó acreditado que se hubiese producido algún daño, ni de tipo material ni a las personas que se encontraban en ese momento en la delegación territorial. Por esa razón, no ha solicitado una responsabilidad civil a los acusados. 

El proceso judicial le ha agravado la enfermedad

Vanesa Sánchez, trabajadora de la limpieza de 41 años, con dos hijas a su cargo, aseguró a este periódico que lo único que hizo ella fue "reivindicar su puesto de trabajo". Según su testimonio, los agentes de policía que se personaron en la delegación durante la protesta sindical ni siquiera les pidieron la documentación y tan solo les sugirieron que se quedasen dos personas para solicitar por escrito en el registro oficial una reunión con el delegado. 

Antes de su despido, Vanesa Sánchez ganaba 700 euros por un trabajo de 21 horas semanales en la empresa Rydalca, subcontratada por la Junta de Andalucía para encargarse de la limpieza de la Delegación Territorial de Turismo de Granada. Ella denunció ante Inspección de Trabajo que le estaban pagando menos de lo que correspondía y luego, cuando el servicio fue subcontratado a otra empresa, la única de las 70 trabajadoras de la plantilla a la que no se subrogó fue, precisamente, ella. 

Este largo proceso judicial, con una elevada petición de pena de prisión, ha afectado a la salud de esta trabajadora, que padece una enfermedad congénita que le ha dañado seriamente el corazón y le ha causado un 33% de discapacidad. La enfermedad ya la tenía antes, pero, según ella, se le ha agravado a causa del estrés que le ha supuesto verse acusada por unos delitos tan graves.