En un comunicado hecho público este jueves, la asociación Jueces para la Democracia ha pedido "mesura" y "ponderación", principalmente a los responsables públicos ante las constantes declaraciones y el "goteo incesante de noticias" relacionados con el caso de Juana Rivas.

En su comunicado la agrupación de jueces progresistas, hacen una férrea defensa de las actuaciones judiciales en relación a este caso. Afirma que, para entender lo que está sucediendo es importante tener en cuenta el acto dictado por la Audiencia de Granada el pasado 9 de agosto "que explica cómo el procedimiento central que ha sido cuestionado públicamente, es iniciado a instancia del Abogado del Estado, quien actúa porque la autoridad central italiana reclama que se reintegren los hijos al también progenitor custodio", lo que obliga a adoptar el convenio de La Haya sobre protección de menores.

El comunicado afirma que "en cumplimiento de lo establecido en nuestro ordenamiento y en el Convenio de la Haya del que España es parte, los tribunales españoles acuerdan la reintegración de los menores al progenitor que también tiene la atribuida la custodia, el padre, en Italia". También afirma que, sobre los hechos de relevancia penal ocurridos en Italia en los últimos años "no parece que pueda asumir competencia alguna la jurisdicción española, como así se ha señalado en resolución de tribunales españoles en relación con denuncia interpuesta en España por Doña Juana Rivas."

En relación a las quejas y movilizaciones que ha generado este caso en la opinión pública, relativas a la regulación actual en materia de sustracción internacional de menores y sobre la regulación del régimen de custodia en los casos de violencia de género, Jueces para la Democracia afirma en su comunicado que "merece una seria reflexión, en la que sería conveniente valorar si el Convenio de la Haya debe actualizarse y contemplar alguna excepción a la reintegración de los menores sustraídos en supuestos de malos tratos (u otros) cuando la víctima, una vez reconocida como tal, no tenga arraigo o protección en un entorno cercano".

"Pero lo que consideramos carece de cualquier justificación y nos obliga a realizar este pronunciamiento, son las descalificaciones efectuadas a los tribunales españoles que están interviniendo en este caso; las evidentes presiones desde el ámbito político pidiendo la inejecución de las resoluciones judiciales -tal como si los órganos judiciales pudiesen decidir no ejecutar lo juzgado cuando precisamente están obligados por la Constitución a ello- y la minimización del efecto del incumplimiento de las resoluciones judiciales;  así como las acusaciones a los jueces y juezas intervinientes de estar inaplicando las normas, que se están deslizando desde algunos sectores, sugiriendo que la actuación de la Justicia en este caso responde a un decisionismo arbitrario, a la despreocupación por los menores, y a la ignorancia de las normas nacionales o internacionales aplicables.
A nuestro juicio, nada más lejos de la realidad", afirma el comunicado.

Los jueces recuerdan que el interés de los menores "es un interés superior de nuestro ordenamiento, pero no el único, cuya concreción también está encomendada a los Tribunales y al Ministerio Fiscal. También son valores superiores de nuestro ordenamiento el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas, el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales, que son firme sustento de nuestro Estado de Derecho".

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