La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y cuatro de sus directivos. Se trata de la entidad encargada de gestionar varios centros de acogida de menores migrantes en Canarias. El Ministerio Público ha recabado indicios de que la entidad y su personal pudo malversar en su propio beneficio dinero público destinado a la integración de niños y adolescentes en desamparo.

En una querella registrada el 25 de mayo, adelantada por Canarias 7 y a la que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público detalla gastos "sin justificación" por más de 41.000 euros, pero también sugiere que esa cantidad puede que represente solo una parte del dinero malversado, porque "no se ha ejecutado un seguimiento efectivo del destino material del ingente dinero público transferido a la Fundación".

La principal sospecha es que parte de este dinero público haya servido, presuntamente, para pagar tratamientos de belleza, viagra y gastos en restaurantes y tiendas.

Anticorrupción ha pedido al juzgado de Las Palmas de Gran Canaria al cargo del caso que ordene una auditoria "exhaustiva" sobre cómo ha gastado esta entidad los 12.505.878 euros que ha recibido desde 2020 de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario, puesto que aprecia indicios de malversación, falsedad y administración desleal. 

Los directivos denunciados son los que estaban al frente de los centros de acogida Guiniguada, Alcorán y Portobello (Gran Canaria) y La Santa y Yaiza (Lanzarote), que también estaban en el punto de mira del Defensor del Pueblo por deficiencias.

Lo ocurrido llega con la red de acogida de Canarias desmantelada tras la crisis de los cayucos de 2006 por el giro de las rutas migratorias hacia el Mediterráneo. Así, el repunte de llegadas a partir de 2019 cogió a las islas desguarnecidas.

Ante tal situación, el Gobierno canario recurrió a centros ya existentes y, sobre todo, se crearon albergues nuevos por procedimientos de emergencia. Para ambas modalidades se recurrió a entidades sin ánimo de lucro como la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entre otras. 

Sobre ella, la Fiscalía Anticorrupción enumera, de inicio, algunas irregularidades formales (no estaba inscrita en el Registro Canario de Fundaciones ni en el Estatal, ni está al día en rendición de cuentas); continúa subrayando que el banco con el que operaban sus centros en Canarias le cerró las cuentas por lo sospechoso de su operativa y acaba entrando en detalles de en qué gastaron varios miles de euros de dinero público algunos directivos.

Un escenario opaco y de descontrol

El Ministerio Público relata una "alarmante" falta de vigilancia sobre los gastos en efectivo que realizaban los cuatro directores de centros de Gran Canaria y Lanzarote querellados, que "dibuja un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol".

"Los querellados", dice el fiscal, "desviaron a sus cuentas personales (...) cantidades dinerarias que se quedaron, incrementando sus ingresos personales a costa del dinero público que debían destinar al cuidado completo, para la integración social y económica de los menores extranjeros del centro que dirigían".

A lo largo de casi un centenar de folios, el delegado de Anticorrupción en Las Palmas examina los movimientos bancarios de los querellados (la mayoría disposiciones en efectivo o traspasos a sus cuentas), para concluir que se apropiaron de cantidades que van desde 863 euros, en el menor de los casos, hasta más de 18.000 en el mayor.

1.500 euros en un tratamiento de belleza

¿En qué se gastaron ese dinero los denunciados, según el fiscal? La querella señala, por ejemplo, que una de las directoras cuestionadas pagó con la tarjeta de crédito de su centro 1.500 euros en un clínica estética: un full face, un tratamiento de belleza y rejuvecimiento facial a base de inyecciones de bótox, ácido hialurónico y otras técnicas, según detalla su publicidad.

Otros pagaron con dinero de los centros de atención a migrantes llegados en patera medicamentos que, en principio, no están prescritos para menores, como fármacos contra la disfunción eréctil, analgésicos pensados solo para adultos o tratamientos para dejar de fumar; además de gastos en restaurantes o compras en Primark.

Uno de los denunciados alegó que su centro había gastado 20.288 euros en combustible en el segundo semestre de 2021; o lo que es lo mismo -aclara el fiscal-, 99,22 euros diarios, equivalentes a recorrer 1.200 kilómetros por jornada en Gran Canaria, donde dar la vuelta completa a la isla representa menos de 200 kilómetros.

Anticorrupción tiene claras las consecuencias: además de "enriquecerse", los querellados "originaron una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones y en sus estancias, que se evidencian en las actas de inspección" emitidas por la Fiscalía de Menores, el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común de Canarias o la Dirección General de Atención a la Infancia.

"No salen las cuentas"

Esas inspecciones condujeron al cierre de uno de los centros, el de Portobello, en Puerto Rico, y en general denunciaban hacinamiento, falta de limpieza, estado "lamentable" de las instalaciones y habitaciones "manifiestamente pequeñas, oscuras, mal ventiladas, de aspecto tétrico y carcelario", además de falta de educadores que ayudaran a los chicos a ocupar su tiempo.

"No salen las cuentas", decía el informe emitido en marzo de 2023 por la Fiscalía de Menores tras una visita a uno de esos centros, precedida de varias inspecciones del Defensor del Pueblo. "O no alcanzamos a comprender en qué se están invirtiendo los fondos recibe el centro para la manutención de los menores", a razón de 95 euros diario por chico y de 72 por plaza no ocupada disponible, añadía.

Anticorrupción completa ahora su diagnóstico: "El abono de dinero público a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI durante las anualidades de 2020 a 2022 debe ser objeto de un exhaustivo análisis, si no se quiere dejar un espacio de impunidad por desconocer cómo ha sido la gestión del dinero público que se le ha entregado".

La Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha publicado en la portada de su página web un comunicado en el que niega las irregularidades y defiende su trabajo. Por su parte, el Gobierno de Canarias decidió el pasado jueves personarse como acusación particular en el caso, en calidad de perjudicado.

Por su parte, la consejera en funciones de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana (Podemos), ha señalado que el Ejecutivo regional tuvo que realizar "contrataciones de emergencia", cuyos contratos "avaló" la Intervención General de la comunidad autónoma para prestar el servicio de alojamiento y manutención de los menores extranjeros no acompañados que llegaban al archipiélago con el objeto de "salvaguardar el interés de los menores".

Santana justifica en artículo de opinión que ha recogido Europa Press que la forma en la que se elaboraron los contratos "pasó todos los filtros técnicos y legales al efecto tanto por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma como de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos".