Miles de hombres campan a sus anchas en América Latina después de haber asesinado a sus parejas, ex parejas o mujeres con las que no mantenían ninguna relación sentimental. En esta región del mundo la Justicia va lenta o directamente no va quedando en la impunidad el 98 por ciento de los casos de violencia hacia las mujeres, según datos de las Naciones Unidas.

Lo ocurrido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala el pasado 8 de marzo donde murieron 41 niñas calcinadas es una muestra más de la ineficacia de la justicia en materia de protección hacia la mujer. Desde hacía años se habían presentado denuncias de violaciones e incluso de la existencia de una red de trata de menores, si bien el centro, gestionado por el Gobierno de Guatemala, continuó funcionando sin que ningún órgano judicial obligara a cerrarlo. Como nadie hacía nada, el 7 de marzo unas 60 menores, hartas de abusos, maltratos y comida en mal estado, decidieron escapar de lo que calificaron como un “infierno”.

En lugar de investigar las razones por las cuales estas niñas, en teoría protegidas por el Estado, habían decidido fugarse, la Policía las reintrodujo en el centro donde fueron encerradas en una sala tal y como llegó a reconocer el propio Presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Las menores exigieron que las dejaran libres, pero nadie las escuchó, así que una de ellas decidió prender fuego a uno de los colchones para provocar que les abrieran la puerta. Sin embargo, el aula comenzó a arder y pese a la desesperación de las niñas que trataban de salir como fuera, nadie las abrió dejándolas arder durante diez minutos.

Los parientes de Madelin Hernández Hernández, de 15 años observan la tumba en la que ha sido enterrado el cuerpo de la menor fallecida junto a 40 niñas en el Hogar Seguro de Guatemala

En el lugar perecieron calcinadas 19 menores, de entre 13 y 17 años, mientras que otras 22 murieron en los hospitales, la última la semana pasada en un centro sanitario de EEUU a donde fueron trasladadas nueve niñas, de las cuales siete permanecen ingresadas y una ya ha sido dada de alta. Ha pasado cerca de un mes de esta tragedia y sólo están encarceladas tres personas: el ex secretario de Bienestar Social del Gobierno, Carlos Rodas; la ex subsecretaria de Protección y Abrigo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahí Keller, y el ex director del Hogar Seguro, Santos Torres.

Sin embargo, sigue en libertad la persona que encerró a las menores y que se negó a liberarlas de las llamas, así como todos aquellos monitores que las sometían a abusos y violaciones. Ello es solo un ejemplo de la violencia endémica que sufren las mujeres en América Latina y, concretamente, en Guatemala donde cada año son asesinadas 700 mujeres víctimas de feminicidio, tal como señala en declaraciones a Público la Defensora de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Gabriela Tuch. Sólo en el mes de enero de este año, fueron asesinadas 66 mujeres, de las cuales 12 eran menores de edad, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Así, Guatemala, con 2,7 feminicidio por cada 100.000 mujeres, es junto a República Dominicana (3,6), El Salvador (5,7), y Honduras (13,3), uno de los países con el índice más alto de asesinatos de mujeres, a pesar de que desde el 2008 cuenta con la Ley contra el Feminicidio, que considera como delito la violencia contra la mujer. Nuevamente, la normativa legislativa choca con la realidad y es que el 90 por ciento de las agresiones queda impune, tal como reconoce Tuch. “A diferencia de otros países, Guatemala ha ido especializando la Fiscalía y los Juzgados para luchar contra esta violencia que se produce en el marco de una sociedad machista, patriarcal y conservadora”, explica. Al mismo tiempo, lamenta el hecho de que nueve de cada diez casos queden sin ser juzgados, debido a que los procesos judiciales “no son ágiles”, a causa de los recursos que presentan los agresores.

América Latina aglutina la mitad de feminicidios de todo el mundo

Esta situación se repite en el resto de países de América Latina y el Caribe, que sufre una de las tasas más altas de feminicidio en el mundo, hasta el punto de que registra cerca de la mitad de los 65.000 homicidios de mujeres que se contabilizan cada año en el planeta, según datos de la ONU. Así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) revela que al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente por el mero hecho de ser mujeres, lo que representa una media de 4.380 muertes al año. Mientras, la Organización Mundial de la Salud apunta que tres de cada diez mujeres en esta región han sufrido violencia física y/o sexual durante su vida.

Cari Álvarez porta la foto de su sobrina, Siona Hernández, de 17 años, fallecida junto a 40 niños en el Hogar Seguro de Guatemala.

Detrás de estos fríos datos hay una historia de “relación desigual de poder entre hombres y mujeres”, tal como señala Tuch, quien recalca que uno de los factores que provoca que la violencia sea cíclica en el país es la “dependencia económica y psicológica”. “Se deben generar más oportunidades de trabajo para las mujeres, con el fin de evitar que la dependencia económica a sus parejas las mantenga amarradas a una situación de violencia”, defiende.

Más allá de ello, la Defensora de la Mujer en Guatemala asegura que la violencia extrema que sufren las féminas en América Latina, donde muchas de ellas son descuartizadas tras ser asesinadas, responde a las “prácticas machistas y a los sistemas patriarcales” que se mantienen constantes históricamente en estos países. Así, indica que siempre se repite el mismo patrón: “es el hombre el que decide, el que cuida, el que protege y el que da”, algo que, según recalca, debe ir cambiándose a través de la educación desde la infancia.

En este sentido, Tuch recuerda que las leyes que penan la violencia contra la mujer y que desde el 2008 al 2015 entraron en vigor en 16 países latinoamericanos, no están frenando esta lacra, aunque sí están sirviendo no solo para que las mujeres pierdan el miedo a denunciar, sino también para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de no dar la espalda a estos crímenes. Otros países carecen de una ley de feminicidio, como Cuba y Uruguay, país este último en el que la normativa está estancada en el Senado desde el 2015.

Casos emblemáticos de feminicidio

Han transcurrido más de 20 años desde que en 1993 fuera asesinada una niña en Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, siendo éste el primer caso de feminicidio que se contabilizó en este lugar, ubicado en plena frontera con EEUU. Así, Ciudad Juárez se hizo tristemente famosa por la desaparición y asesinato de cientos de mujeres, lo que atrajo la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Un símbolo para no olvidar a las víctimas son las cruces de color rosa que colocaron las madres de estas mujeres por distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, pese a la aprobación de leyes que persiguen estos delitos, la sangría no ha parado en México, que contabilizó cerca de 20.000 asesinatos de mujeres solo entre 2007 y 2015, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de ese país. Solo cuando ocurren casos emblemáticos de violencia contra niñas y mujeres se vuelve a situar el foco internacional sobre el feminicidio endémico que sufre América Latina.

Una familiar llora la muerte de una de las niñas muertas calcinadas en el Hogar Seguro de Guatemala donde fallecieron 41 menores

Así ocurrió con el asesinato de Lucía Pérez, de 16 años, quien en octubre de 2016 fue drogada, violada y empalada en la ciudad argentina de Mar del Plata. Ello reavivó las protestas del movimiento ‘Ni una menos’ con una masiva manifestación en la que participaron miles de personas para denunciar los 200 crímenes contra mujeres que se registran cada año en Argentina, según el Registro Nacional de Feminicidio elaborado por el Poder Judicial.

También cobró repercusión internacional el secuestro, la violación y el asesinato en diciembre de 2016 de Yuliana Andrea Samboní, una niña de siete años residente en un barrio popular de Bogotá, en Colombia, por lo cual fue detenido Rafael Uribe Noguera, un acaudalado arquitecto de 38 años, quien confesó haber sido el autor de los hechos.

Precisamente, la pasada semana fue condenado a 51 años y 10 meses de cárcel como “autor responsable de las conductas punibles de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado”. Solo entre 2014 y 2016, fueron asesinadas 3.000 mujeres en este país, según el Instituto Colombiano de Medicina Legal, que precisa que se desconoce si todas ellas fueron víctimas de feminicidio o de otro tipo de delitos.

Migración para huir de la violencia

Una de las consecuencias de esta violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres es la migración de muchas de ellas desde Centroamérica a México o EEUU huyendo de sus parejas y escapando a una muerte segura. Este es el caso de Ana María Romero, hondureña de 22 años, quien con su hijo de cinco años huyó de su país después de que su pareja quisiera asesinarla. “Me escapé por la noche, porque me andaba buscando para matarme y me vine como pude sin dinero”, afirma esta joven desde uno de los albergues para migrantes que hay en la ciudad de Tapachula, al sur de México. Romero se remanga el pantalón y muestra el balazo que le disparó su pareja y que le atravesó las dos piernas. “Me maltrataba, disparaba tiros en la casa y golpeaba al niño”, señala.

“El sentido de la propiedad que tiene el hombre hacia la mujer nos coloca en estas situaciones de violencia”, lamenta la defensora de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. No obstante, Gabriela Tuch se niega a caer en el pesimismo y aboga por “involucrar” a los hombres para ir “transformando” la sociedad, con el fin de “romper esas falsas creencias de que la violencia hacia las mujeres es algo normal”. “Sí que vemos que la población joven está mucho más alerta y consciente”, destaca, a la vez que apuesta por que el Estado se centre en prevenir las agresiones y crímenes machistas, en lugar de abordar este problema desde un “enfoque castigador” de meter a los autores a la cárcel. Ello está provocando, según denuncia, que la Justicia esté “sobrepasada de casos” lo que, a su juicio, facilita la impunidad.