En un contexto global donde la educación se posiciona como un pilar esencial para el desarrollo económico y social de cualquier país, el análisis de la situación en España frente al resto de miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revela luces y sombras, sobre todo desde el plano de la financiación económica y la equidad del sistema educativo.

El gasto por alumno sigue siendo inferior a la media del resto de estados calculada por el organismo, especialmente en etapas clave como la educación de 0 a 3 años o los estudios superiores. Además, las familias de nuestro país asumen unos costes considerablemente mayores en comparación con otros países europeos, ya sean para cubrir matrículas, materiales o recursos adicionales. En el caso de la educación primaria la situación es especialmente llamativa: los padres y madres españolas gastan casi el doble que la media de los países de la OCDE. Una realidad que abre varios interrogantes sobre la sostenibilidad y eficacia de un modelo que, si bien parece mejorar, sigue presentando importantes desafíos en la distribución justa y eficiente de los recursos. 

A pesar de los esfuerzos económicos realizados en los últimos años −la proporción en educación sobre el PIB fue del 4,9% en 2021, lo que coloca al país en línea con la media de los países de la OCDE y por encima de la media de la UE, que se situó en el 4,8%−, España aún se encuentra por debajo de la media en cuanto a la inversión por estudiante. En 2021, el gasto total fue de 11.600 euros, más de un 10% menos que la media de la OCDE, que se situó en 13.270 euros. Esta tendencia se mantiene también en relación con la Unión Europea, cuya media es de 12.880 euros por alumno, según el informe Panorama de la Educación 2024. Indicadores de la OCDE publicado este martes.

​"La inversión por estudiante siempre ha sido más baja, en general. Aunque ha disminuido el número de alumnos que han ido entrando, el aumento de gasto general no ha logrado compensarlo, no ha sido suficiente. Hay una mejora indudable que hay que reconocer porque es un esfuerzo colectivo del Gobierno y las comunidades autónomas, pero ni siquiera los intentos por revertir los recortes cometidos desde 2012 han logrado cubrir esa carencia estructural", apunta Alejandro Tiana, profesor emérito de Historia de la Educación en la UNED.

El documento incide y pone de relieve las dificultades que entraña la descentralización del sistema educativo. Y es que, aunque puede facilitar una gestión más adaptada a las necesidades locales, también ha creado importantes diferencias en la asignación y el acceso a los recursos entre comunidades. En este sentido, el informe destaca que más del 80% de los fondos provienen de los Gobiernos autonómicos, mientras que el Gobierno central solo aporta el 11% en educación no terciaria y el 18% en educación terciaria.

Una estructura que contrasta con otros países de la OCDE, donde la Administración central suele tener un papel más preponderante. Este modelo ha dado lugar a escenarios de todo tipo. Así, por ejemplo, en regiones como en Euskadi, el gasto por estudiante es 1,8 veces mayor que en la Comunidad de Madrid, lo que subraya las desigualdades regionales dentro del territorio. 

Las familias siguen asumiendo grandes costes

Otro de los puntos críticos, que sigue sin tener una solución clara y que retrata el análisis del organismo, es el porcentaje de gasto que recae sobre los hombros de las familias. Aquí el desembolso es considerablemente mayor que en la media de la OCDE, lo que refuerza las barreras económicas y de acceso para los sectores más empobrecidos de la población, profundizando y perpetuando las desigualdades de clase. Los hogares cubren el 12% de los gastos en educación infantil, una cifra ligeramente inferior a la media de la OCDE (12,5%), pero superior a la de la Unión Europea (10,4%)​. 

Este dinero es considerablemente menor que en países como Portugal (33%), Reino Unido (26,3%) y Estados Unidos (19,3%), pero es significativamente mayor si se toman de referencia países como Francia y Suecia, donde el gasto familiar en esta etapa es inferior al 6%. A este respecto, no obstante, Alejandro Tiana advierte que "hay que tener en cuenta la presencia de medidas complementarias, de acompañamiento, que dependen de otras instancias como las laborales. Hablamos, por ejemplo, de los permisos maternales o parentales, que serán fundamentales a la hora de cubrir los cuidados en esa etapa educativa", afirma Tiana.

Con todo, los datos de escolarización parecen traer buenas noticias. La tasa en el primer ciclo de Educación Infantil en España es más alta que la de las medias de la OCDE y de la UE, y ha aumentado casi diez puntos (9,9) entre 2013 y 2022. La escolarización de 0 a 3 años alcanza el 41,8% y sitúa a España entre los países con mayor porcentaje junto a Suecia (47,3%) y Noruega (58,9%). Según el estudio, el 29,7% de los menores de dos años y el 64,2% de los de dos años estaban matriculados en centros de infantil en 2022. En la media de los países de la OCDE, estos porcentajes son del 17,7% y del 41,8%, respectivamente, y del 13,4% y del 38,6% en la UE.

Pero, ¿qué estratos de la población son los que suelen matricular a sus bebés y a costa de qué? Habría que considerar que sobre todo en el primer ciclo de 0 a 3 años las plazas públicas son bastante limitadas. En España, solo el 53,5% de los niños del primer ciclo de infantil asisten a centros públicos, mientras que un 28,8% lo hace en centros privados independientes y un 17,7% en privados concertados​.

Desde una mirada crítica, esta situación plantea múltiples preguntas sobre el derecho a la educación infantil, pues las barreras económicas aún son evidentes. Este gasto elevado por parte de las familias podría estar excluyendo a los sectores más vulnerables de una etapa fundamental para el desarrollo temprano, quienes dependen en mayor medida de que el sistema público vele por la universalización.

A medida que avanzan los cursos, la cosa no mejora demasiado, ya que tanto en primaria como en secundaria el porcentaje de alumnos en centros públicos es mucho más bajo que el promedio internacional. Como consecuencia, en educación primaria, el 11,6% del gasto es asumido por las familias, casi el doble que la media de la OCDE (5,3%) y del entorno de la UE (4,4%). Mientras que en educación secundaria este porcentaje se sitúa en un 9%, también por encima de la media de la OCDE (7,1%) y la UE (5,4%)​.

El análisis de la escolarización en los diferentes niveles educativos en España revela una dependencia significativa de los centros privados, especialmente los concertados, que tienen una mayor presencia en comparación con la media de la OCDE.

Mientras que en el promedio internacional el 67,8% de los niños de infantil están escolarizados en centros públicos, en España la cifra es idéntica; pero con una notable diferencia en la proporción de estudiantes en centros privados concertados (28,4%), frente a la OCDE (24,6%)​. En educación secundaria, la situación es similar. Mientras que en la OCDE el 84,9% de los estudiantes asisten a centros públicos, en España solo el 68,1% están matriculados en estos centros. Este dato subraya una tendencia hacia la privatización.

Por último, respecto a los estudios terciarios (que abarcan la formación universitaria y otros estudios superiores, como la formación técnica o profesional avanzada), las familias asumen un 29% del gasto educativo, una cifra que supera en cinco puntos la media internacional (24%). Este porcentaje confirma que la carga económica para los hogares se mantiene en todas las etapas educativas.

El mercado laboral no absorbe a los jóvenes

La conexión entre educación y empleo en España también muestra una realidad compleja, especialmente para la población joven. Según el informe educativo, el 17,8% de los jóvenes entre 18 y 24 años en España no están empleados ni en formación (NEET), superando la media de la OCDE (13.7%) y la UE25 (12.9%). Esto sugiere que, a pesar de los esfuerzos por aumentar el acceso a la educación, existe un porcentaje que sigue sin encontrar una salida laboral.

El experto en Educación, Alejandro Tiana, valora, no obstante que "de lo que no cabe duda es que las titulaciones siguen importando y siguen teniendo impacto". "Tanto en el empleo como en los salarios, que son más altos, se observa. Lo cual no quiere decir que eso se de en todos los casos individuales, pero en conjunto sí. De modo que, aunque no dejemos de oír que en España hay muchos titulados, la formación importa", apunta. Según los datos, además, en España, cuando una persona pasa a obtener el título de segunda etapa de secundaria, la probabilidad de desempleo disminuye un 28%.

Lo que sucede es que si bien es cierto que los niveles más altos de educación mejoran las perspectivas laborales, las tasas de empleo en España siguen siendo más bajas que las de la OCDE y la UE. El informe muestra que solo el 63% de los jóvenes de 25 a 34 años con un nivel educativo inferior a la segunda etapa de secundaria están empleados, ligeramente por encima de las medias internacionales. 

El problema se agudiza entre la población migrante, otro de los talones de Aquiles, remarca Tiana. "España no consigue que tengan las mismas tasas de titulación y de continuación de estudios. En general, tal y como describe el análisis, son más bajas que entre la población española equivalente", subraya el experto.

Sin embargo, quienes completan estudios superiores tienen un 83% de empleabilidad. Esta diferencia refuerza la importancia de continuar formándose, pero no soluciona el problema de fondo: el mercado laboral no absorbe suficientemente a los jóvenes. A la vista de los altos índices de paro juvenil, es evidente que el reto no está solo en los diplomas, sino en generar un vínculo más sólido con un tejido productivo cada vez más envejecido en todo el país.