Europa Press y 'Diario de Mallorca' se querellan contra el juez que ordenó la incautación de material

La agencia de noticias Europa Press presentará este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella contra el juez que ordenó el pasado martes la entrada de agentes de la Policía Nacional en la sede de su Delegación en Baleares, en Palma de Mallorca. Los agentes intervinieron el teléfono móvil de una periodista, ordenadores de la agencia y diversa documentación en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística.

La querella se presentará por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.

En el caso de Europa Press, tres agentes de policía y una secretaria judicial se presentaron el pasado martes en la sede de la agencia en Baleares y exigieron a la periodista que cubre la información de tribunales que entregase cualquier documentación relacionada con la cobertura informativa del llamado caso Cursach.

La periodista se acogió a su derecho profesional a no revelar las fuentes de información y pidió contactar con los servicios jurídicos de la agencia. Los agentes le negaron esa posibilidad y se incautaron de su teléfono personal, dos ordenadores personales y diversa documentación.

El Diario de Mallorca también prepara una querella

Los servicios jurídicos de Diario de Mallorca también preparan una querella criminal por la incautación del teléfono móvil de uno de sus redactores por la investigación del caso Cursach, una actuación que el periódico califica en su editorial de este miércoles de "coacción intolerable".

La dirección del diario ha confirmado que los juristas de Prensa Ibérica, el grupo editor del periódico, están estudiando todos los aspectos de la intervención ordenada por el juez Miguel Florit, que además de la requisa del teléfono del periodista Kiko Mestre instaba a la entrega de sus ordenadores o cualquier otro soporte electrónico.

El periódico, que se negó a entregar esos equipos, considera que la actuación judicial apoyada por la Fiscalía Anticorrupción vulnera el derecho al secreto profesional amparado por el artículo 20 de la Constitución, y por ello ejercerá acciones legales contra los responsables.

La subdirectora Marisa Goñi ha resaltado que desde la tarde del martes han recibido cientos de llamadas en su centralita, desde la isla, el resto de Baleares y la península, de personas que han expresado su apoyo a Diario de Mallorca y su rechazo a la intervención policial.