El Grupo funerario El Salvador, acusado de cambiar féretros ya comprados por otros más baratos antes de incinerar, supuestamente usó solo las tapas de los ataúdes para introducir algunos de los cadáveres en el horno crematorio.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha desvelado este miércoles esa forma de actuar tras reunirse con el presidente de la Unión de Consumidores (UCE) de Castilla y León, Prudencio Prieto, una organización que se personará en los tribunales "por lo civil y por lo criminal".

El encuentro se ha centrado en buscar fórmulas que canalicen las denuncias de los afectados.

La investigación del caso sigue abierta, ha explicado en la rueda de prensa el comisario provincial de Valladolid, Juan José Campesino, quien ha detallado cómo los supuestos autores usaban a veces féretros "normales" -los adquiridos por los familiares de los difuntos-, otras de "malísima calidad" y en otros supuestos "ataúdes incompletos" -sólo la tapa- para la cremación.

Dos década de estafa

Las indagaciones abarcan 20 años y además del dueño de la funeraria y el gerente, que se encuentran presos —el segundo con la posibilidad de libertad bajo fianza de 800.000 euros—, la investigación incluye a otras 13 personas, que fueron arrestadas y después puestas en libertad con cargos y que son familiares del propietario y trabajadores.

Los investigados al parecer formaban parte de una organización criminal que utilizaba féretros de "ínfima" calidad para las cremaciones, en lugar de los pagados por los allegados de los fallecidos.

Acerca de cuántos cuerpos pudo albergar en distintos momentos un mismo féretro, reutilizado, el comisario ha concretado que si el ataúd se encontraba en mal estado, si se deterioraba, lo incineraban mientras otras veces, lo usaban alguna vez más, dependía de cada caso.

Denuncias individuales

Respecto a si es más aconsejable plantear denuncias individuales o a través de plataformas, el comisario ha opinado que es mejor hacerlo de forma individual, con el modelo de denuncia que ya está disponible, para una rápida atención.

Barcones ha precisado que este tipo de denuncia incluye para el usuario aportar la compañía de seguros si la tuviera y el número de póliza, el servicio contratado con la sociedad denunciada, el justificante de pago o el coste de los servicios y la relación familiar del perjudicado con el fallecido.

La investigación está en fase "incipiente" ante la "enorme" cantidad de documentos intervenida por los agentes, que practicaron siete registros, ha dicho la delegada.

De momento, ha añadido, la Policía Nacional ha recibido diez denuncias sobre el caso, que se centra en la reventa de 6.000 féretros entre 1995 y 2015.

No se ha cuantificado la cuantía total que pudo ser estafada, pero se trata de varios millones de euros, ha subrayado.