MADRID.- La sociedad y las instituciones históricamente han escondido los derechos laborales de las empleadas domésticas bajo la alfombra, como si de polvo se tratase. Por ello, Rafaela Pimentel (Baní, República Dominicana, 1960) reclama un “trabajo decente” para sus compañeras, aunque el concepto, traducido del inglés decent work, alude en realidad a la consecución de un trabajo digno, pues nada hay más decente que criar a un niño o cuidar a un anciano. Sin embargo, sus colegas siguen sin ser valoradas por un sistema que, según ella, subestima el cuidado de las casas ajenas y de las personas que en ellas viven, lo que no sólo conlleva la precarización laboral sino también su invisibilidad. Están ahí, pero nadie las ve: son polvo.

Rafaela es una privilegiada. Lleva dos décadas trabajando para una familia de Pozuelo de Alarcón que, desde el principio, la ha tratado como corresponde. Es una excepción dentro de Territorio Doméstico, una asociación que promueve el empoderamiento de las mujeres bajo el lema “sin nosotras no se mueve el mundo”. Muchas de ellas no son conscientes de su importancia hasta que deciden llamar a su puerta, hartas de ser explotadas por empleadores que se aprovechan de su vulnerabilidad. No gozan de días libres, han sido despedidas a la brava o sufren condiciones precarias. Quieren saber, informarse de sus derechos, aunque una vez dentro adquieren una conciencia crítica.

No hay presidentas, ni coordinadoras, ni vocales. Territorio Doméstico es una entidad horizontal que se reúne en asamblea cada segundo domingo del mes en el centro social Eskalera Karakola, situado en el barrio de Lavapiés, frecuentado por ciudadanas dominicanas, colombianas, ecuatorianas, nicaragüenses, salvadoreñas, bolivianas, rumanas, bangladesíes, marroquíes y senegalesas. Casi todas son internas, es decir, trabajan y duermen en la casa de sus empleadores, lo que agrava los casos de explotación económica, violencia psicológica o incluso acoso sexual. Han dejado a la familia en sus países de origen y están solas. Cuando no tienen los papeles en regla, esa situación de indefensión se agrava.

“Hay familias que prefieren a indocumentadas para poder explotarlas y no pagarles la cuota de la Seguridad Social”, afirma la nicaragüense Lucrecia Sáenz, que llegó a Madrid hace diez años para trabajar como interna. “Cobraba 540 euros mensuales por cuidar de dos niños y encargarme de toda la casa. Mi jornada terminaba a las once de la noche y ni siquiera estaba asegurada”, recuerda. “A los pocos días, me obligaron a acompañarlos durante sus vacaciones en Mallorca, pese a que no estaba en regla y tampoco me encontraba bien de salud. Cuando les dije que no podía hacerlo, me acusaron de ladrona y me echaron, sin pagarme un duro por el despido”.

Amalia Caballero, que dejó Ecuador hace diecisiete años, sintió el racismo en su propia piel. Aguantó un mes en la vivienda de “una mujer muy culta que trabajaba en la radio y en la televisión”, pero que la trataba como escoria. “Estaba aislada, sentía miedo y no sabía que tenía derechos, porque todavía no estaba empoderada. Ahora bien, cuando llegas a la asociación, descubres otros casos similares y ves que no estás sola”, explica Amalia ante su compañera Azucena Placeres. “Además de orientación, Territorio Doméstico me proporcionó un gran apoyo emocional”, añade esta empleada del hogar dominicana con más de una década en la capital.

Su compatriota Rafaela tuvo más suerte, aunque la excepción confirma la regla. Su familia le paga un salario adecuado, disfruta de vacaciones, le da permiso para ir al médico y en diciembre recibe una cesta de navidad. “Desde el primer momento, valoraron mi cometido y me dejaron claro que gracias a mí podían salir a trabajar para pagar la hipoteca de la casa y la educación de sus hijos”. No obstante, matiza que los casos como el suyo son contados: “Nos llegan algunos tan difíciles que te dan ganas de llorar”. La asociación, que cuenta con el apoyo de una abogada, no ha dudado en sentar en el banquillo a empleadores que se han pasado de la raya y, a día de hoy, han ganado siete juicios.

El pasado de estas trabajadoras domésticas remite a otras ocupaciones. Azucena era enfermera, mientras que Rafaela pertenecía a una ONG que, a través de talleres teatrales, formaba a líderes en los barrios para luchar por los derechos básicos de sus comunidades. “He tenido amigas doctoras, enfermeras o abogadas que se han visto trabajando de internas en unas condiciones muy duras”, asegura la bregada activista de Territorio Doméstico, que carga contra los prejuicios de muchas familias. “La gente cree que, por desempeñar esta labor, no tienes estudios ni nada: Ésta es lo último de lo último. Sin embargo, ofrecemos un cariño y unos cuidados que no tienen precio, aunque no se valoren ni se paguen”, critica Pimentel, que reside en Puente de Vallecas con una hermana, un sobrino, una prima y su pareja. Su hijo, fruto de una anterior relación con un profesor también dominicano, ya se ha independizado tras estudiar vídeo.

Por unas condiciones laborales justas

Tania González trata de impulsar desde Bruselas una legislación en la materia que equipare sus condiciones a las de cualquier otro asalariado. “Siempre ha sido una actividad invisibilizada desarrollada por las mujeres sin ningún tipo de remuneración ni reconocimiento social”, explica la europarlamentaria de Podemos y ponente de la Opinión sobre trabajadoras domésticas y cuidadoras en la UE. “Cuando las mujeres se incorporaron al mercado laboral y los cuidados no fueron afrontados por el Estado español, pasaron a desempeñarlos otras mujeres en condiciones de absoluta precariedad y, en ocasiones, de esclavitud”, añade González, quien critica que el Gobierno del PP no haya ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

También conocido como el Convenio sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos, no es más que un compromiso de mínimos que, en el caso de España, mejoraría una ley rechazada por las afectadas porque no las incluye en el Régimen General, permite que la jornada supere las cuarenta hora semanales y no reconoce el derecho al paro. “El Real Decreto-ley 29/2012 es un eufemismo”, denuncia Delia Medina, dinamizadora de empleo de la Asociación de Vecinos Solidaridad Cuatro Caminos-Tetuán.

“Las dan de alta en la Seguridad Social, pero al final quien paga el seguro no es el empleador sino la pobre desgraciada que está siendo explotada”, afirma Medina, que mañana enumerará las carencias del colectivo en la mesa redonda sobre empleo que tendrá lugar a las 17.30 horas en el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal (Bravo Murillo, 133). A saber: “La mayoría no tiene contrato, están abocadas a darse de alta como autónomas, deben cumplir un horario arbitrario y no gozan de vacaciones ni de días libres remunerados”.

Judith Carrera, consejera de la oficina de la OIT en España, recuerda que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa se ha pronunciado a favor de que los Estados lo ratifiquen, pero hasta ahora sólo seis de los Veintiocho lo han hecho. “Tal y como exige el Convenio, no debería haber trabajadores de primera y de segunda”, sostiene Carrera, que anteayer participó en el encuentro Mujeres invisibles: dignificar el empleo doméstico y de cuidados, celebrado en la sede social La Morada bajo la organización del Instituto 25M y el grupo parlamentario europeo GUE/NGL. No obstante, el Gobierno español se ha mostrado reacio a ratificarlo, pese al perjuicio que supone para estas empleadas, más habituales en los hogares de países del sur de Europa, donde el Estado está menos presente. “Los gobernantes tendrían que implicarse más, sobre todo con la ley de dependencia”, cree Amalia, consciente del esfuerzo de muchas familias para afrontar los gastos. “En todo caso, no podemos trabajar por caridad, necesitamos un salario justo para poder vivir”.

Las cifras apabullan. Sólo el 9% de las domésticas tienen los mismos derechos que otros trabajadores, apunta Tania García Sedano, profesora de la Universidad Carlos III y experta jurídica en la materia. Eso demuestra que, a ojos de las instituciones, sigue siendo una actividad que cumple “un papel secundario en la sociedad”, según su colega Magdalena Díaz, especializada en conciliación, género, derechos humanos e inmigración. Sin embargo, se trata de un “trabajo invisible, pero fundamental para que la sociedad funcione”, insiste la eurodiputada Tania González. De visibilizarlo se encargan Azucena, Lucrecia, Amalia y Rafaela, quien denuncia que, pese a su experiencia positiva, en Madrid campa la discriminación y la desigualdad. “Por ello, yo seguiré luchando para que sea una ciudad en la que quepamos todas”.