A María del Carmen Alejandre le fastidiaba seguir internada en la residencia Santa Fé, un pequeño geriátrico clandestino ubicado en un chalet de dos plantas de las afueras de Zaragoza. Hacía tiempo que quería abandonarlo y mudarse a otro mejor, y a la frustración que le causaba su estancia allí se le sumó el enfado que le provocó su hijo al anunciarle que se casaba pero ella no estaba invitada a la boda. Ese último disgusto se lo había llevado el 6 de julio de 2015. Cinco días después desataba un incendio que provocó la muerte de nueve ancianos y causó lesiones graves a otras nueve personas, y que ella contempló desde el jardín, meciéndose en una tumbona.

Así lo narra el magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza en el auto que cerró la causa que a partir de este lunes enjuiciará un tribunal popular en la Audiencia de Zaragoza, ante el que María del Carmen Alejandre, de 64 años y declarada incapaz en 2014, unos meses después de haber sido condenada por un delito de violencia doméstica, se enfrenta a una petición de 62 años y tres meses de prisión como presunta responsable de nueve delitos de homicidio, otros tantos de lesiones y uno de incendio

Según los forenses, María del Carmen padece un déficit intelectivo leve que no le impedía comprender la ilicitud de sus actos, “aunque sí hacer una adecuada valoración de su trascendencia y riesgos”. Quizá por eso, la noche del 11 de julio, tras explicarle a otra interna y a una cuidadora “las discusiones que mantenía con su hijo por no cambiarle de residencia”, y cuando ya estaban acostados 17 ancianos, todos ellos de movilidad reducida y algunos asidos a las camas por correajes de sujeción, se dirigió a una habitación de la primera planta donde, con un mechero y un papel, prendió fuego a un colchón.

“Hay fuego en una habitación”

“Tras asegurarse una buena combustión”, señala el juez, María del Carmen se dirigió a la única de las cinco cuidadoras que esa noche estaba de guardia, “le comunicó con mucha tranquilidad que había fuego en una habitación” y bajó al jardín, a sentarse en la mecedora desde la que contempló la catástrofe.

Bomberos, guardias civiles y policías inspeccionan el interior de la residencia de ancianos Santa Fé tras el devastador incendio de la madrugada del 12 de julio de 2015 /ARAGÓN TV

La empleada no fue capaz de combatir las llamas. El primer extintor que encontró no funcionaba, o no supo hacerlo funcionar. Desistió de utilizar el segundo, que localizó en la cocina de la planta baja, al comprobar que el incendio era ya incontrolable. Un tóxico y denso humo negro procedente de la quema de tejidos sintéticos y colchones de espuma llenó en poco tiempo la primera y la segunda planta del geriátrico, que carecía de detector de humos y de sistema antiincendios.

Una interna y tres vecinos ayudaron a la cuidadora a sacar con vida a ocho ancianos de la planta baja mientras los bomberos, alertados tras lograr llamar al 061, rescataban vivo a otro interno. Otros ocho murieron esa misma noche asfixiados, uno de los rescatados lo haría dos meses después y otros cinco supervivientes fallecerían, aunque no como consecuencia directa del siniestro, en los tres meses y medio posteriores al incendio.

La vista gorda de la comunidad autónoma

El siniestro puso sobre la mesa las graves deficiencias del sector privado de la asistencia a ancianos y dependientes en Aragón, sobre cuyas carencias asistenciales, documentales y de personal había alertado unos años antes el Justicia de Aragón (Defensor del Pueblo autonómico).

El geriátrico Santa Fé no tenía permisos para funcionar, aunque sí había logrado contratar un seguro que cubría daños por valor de hasta 300.000 euros para esa actividad. El Ayuntamiento de Zaragoza le había denegado en 1998 tanto la licencia de obras para acondicionar sus instalaciones como la de apertura, en este caso con la prohibición expresa de que no podía operar como geriátrico en ese chalet.

Sin embargo, ofrecía en su web “atención personalizada las 24 horas” y plazas para 26 internos con tarifas de entre 900 y 1.100 euros mensuales, IVA al margen. La empresa, Residencia Santa Fe SC, desarrolló esa actividad durante casi dos décadas “con conocimiento” del Gobierno de Aragón, anota el juez, ya que no llegó a clausurarla pese a que sus inspectores detectaron en 2011, 2012, 2013 y 2014 deficiencias en las medidas de emergencia y en el mantenimiento, a las que se sumaron otras como una plantilla inadecuada cuya titulación no fue justificada o la ubicación de internos de movilidad reducida en una planta superior, irregularidad, esta última, que le acarreó tres multas cuatro meses antes del siniestro.

Esa tolerancia hará que el Gobierno de Aragón tenga que defenderse como responsable civil subsidiario de las muertes y las lesiones de los pacientes. “Era en definitiva exigible un mayor esfuerzo a la Administración, pues se limitó a inspeccionar de manera rutinaria detectando las irregularidades existentes pero careciendo de pulso para hacerlas corregir”, concluye el juez.

Medio centenar de residencias irregulares

No era la única residencia ‘floja de papeles’ de la comunidad. Fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón confirmaron que en estos dos años han tenido que bajar la persiana 17 geriátricos, ya fuera por carecer de permisos o por no cumplir las exigencias que, tras un intenso plan de inspecciones, le impuso la comunidad.

Esa primera ronda de inspecciones, realizada con carácter urgente tras el siniestro (ocurrió una semana después de la investidura de Javier Lambán), se ha visto seguida de otra, iniciada el año pasado con 185 chequeos y de carácter más exhaustivo, en la que participa personal de los servicios de Ciudadanía, Salud Pública y Farmacia.

Cuando se produjo el siniestro tenían permisos para operar en Aragón 177 residencias, a las que se sumaban 53 con autorizaciones provisionales, mientras otras 45 no cumplían todos los requisitos: doce no habían superado las inspecciones de la comunidad, 28 carecían de las licencias municipales y cinco incumplían ambos aspectos. A estas 33 se les dio un plazo para regularizar su situación. El mes pasado había 268 autorizadas: 42 centros de día y 36 residencias para personas con discapacidad, y 35 centros de día y 155 residencias para personas mayores.