Violación de derechos¿Quién defiende a las trabajadoras de la fresa?

Más de 17.000 mujeres marroquíes desembarcaron a principios de año en las huertas de Huelva. Venían, como otras temporadas, a recoger el fruto rojo de las explotaciones onubenses. El oro rojo, como lo llaman muchos. Este peregrinaje no es nuevo. Se repite año tras año, aunque fuentes sindicales y de las ONG reconocen que esta temporada la cifra ha superado las expectativas de años anteriores. 17.000 mujeres que permanecen durante varios meses repartidas en distintas plantaciones, confinadas en fincas en las que trabajan aunque nadie parece capaz de saber a ciencia cierta cuántas trabajan en cada explotación, ni en qué condiciones se encuentran. La opacidad en los campos de Huelva parece ser más amplia que las luces. 

Vienen contratadas en origen, es decir, que a través de un acuerdo entre los Gobiernos de España y Marruecos, el país vecino se encarga de su selección. Se buscan mujeres jóvenes (entre 20 y 45 años), que no estén obesas, preferentemente casadas y que tengan hijos a su cargo, lo que asegura, dicen, su retorno una vez terminada la recolección. Otra característica que exigen es que provengan de zonas rurales, apartadas de las ciudades y con experiencia en el campo. Como reconoce Pastora Cordero, responsable de Igualdad de la Federación de Industria de Andalucía de Comisiones Obreras (CCOO): "mujeres muy necesitadas de ingresos, en su mayor parte analfabetas y con cargas familiares". Un cóctel explosivo y "un terreno abonado para los abusos, no sólo laborales, sino también sexuales", como reconoce Laura Limón, vocera de la organización feminista Mujer 24H. 

Pero a pesar de que el peregrinaje de temporeras marroquíes se produce cada año, no existe en la zona ningún protocolo con perspectiva de género que prevenga los abusos sexuales, aunque muchas feministas de la zona reconocen que esto es el ABC de la prevención. La ley de violencia de género de 2004 obliga a los poderes públicos a sensibilizar, prevenir y detectar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Sin embargo, y a pesar que decenas de miles de mujeres llegan a Huelva para trabajar por largas temporadas, "no existe ningún protocolo o asesoramiento" a estas mujeres, explica Ana Mateos, responsable de la ONG Asnuci. "Tampoco existe perspectiva de género ninguna", que permita detectar o prevenir casos de abusos, añade. "Esas mujeres son altamente vulnerables, desconocen la lengua y no tienen más mediadores que las atiendan que los que aportan en ocasiones los propios empresarios en su beneficio", afirma Mateos. .

De hecho el propio Instituto Andaluz de la Mujer reconoce no tener protocolos de prevención de violencias específicos para este colectivo. Afirman que realizan campañas de sensibilización y formación y que existe un número 900 con traducción simultanea a 51 idiomas, pero no aclaran de qué forma llega esta información a las mujeres temporeras que viven prácticamente confinadas en las fincas y que no conocen el idioma.

Tampoco la Consejería de Justicia de la Junta reconocía tener protocolos de actuación y sí haberse visto sorprendida por las denuncias que comenzaron a surgir a partir de finales de abril en los medios de comunicación. 

¿Dónde está la administración?

Varias organizaciones feministas de Huelva y Andalucía, que incluyen a colectivos como Mujer24H, Café Feminista o los sindicatos CNT, CGT y SAT, denuncian que todo este contexto de inseguridad "es fruto de la dejación de funciones de la Administración pública", que no ha sido capaz de poner en marcha un sistema eficaz de inspecciones de trabajo y mediadores interculturales, a pesar del inmenso volumen de mujeres que llegan a recolectar los frutos rojos en Huelva cada temporada. Afirman que la Administración anima a las mujeres a denunciar los abusos, pero no les da herramientas para hacerlo, por lo que cuando ocurre "es una acción heroica", en la que tienen que salvar la incomunicación de vivir aisladas en los campos, el abismo de no hablar el idioma y hacerlo sin ninguna red de protección.

"La Administración anima a las mujeres a denunciar los abusos, pero no les da herramientas para hacerlo"

Comisiones Obreras, por su parte, también pone gran parte de la responsabilidad en las administraciones, al señalar que “algunas de las causas del problema que se ha hecho público en esta campaña se debe a la falta de actuación de la Inspección de Trabajo, en su vigilancia en el cumplimiento del convenio, así como en exigir la aplicación de la ley de Igualdad”.

De hecho muy pocas personas u organizaciones de la región reconocían a principios de mayo que existiera un problema en la zona. El espejismo de la normalidad en Huelva era generalizado, hasta que un reportaje publicado en la revista alemana Correctiv hizo saltar todas las alarmas. En él, una periodista alemana y otra italiana publicaron una investigación de meses en la que explicaban las terribles condiciones laborales de las temporeras marroquíes y afirmaban que los abusos y violaciones no eran una excepción, sino un problema ampliamente extendido. 

La primer reacción de empresarios, asociaciones agrícolas, muchas ONG y los principales sindicatos fue negar la mayor. De hecho un comunicado conjunto de sindicatos como CCOO y UGT con las asociaciones de productores afirmaba que lo publicado era mentira y que pondrían en manos de la fiscalía las informaciones periodísticas por si fueran constitutivas de delito.

Tampoco las administraciones públicas afirmaban conocer el problema, a pesar de que ya se habían publicado algunos informes sobre el tema. Uno de ellos, titulado "Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y los campos de fresa de Huelva, realizado en 2012 por la Universidad de Huelva junto con la organización Mujeres en zona de conflicto y con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, puso negro sobre blanco muchos de los problemas del sistema de recolección del fruto rojo en la región y la vulneración de derechos de las mujeres. Su objetivo era la "obtención de datos fiables sobre la situación de las mujeres migrantes y el conocimiento de los factores de riesgo y protección" que permitiesen establecer líneas futuras de actuación, que mejoraran "las condiciones del grupo objeto de estudio". El informe listaba, además, una serie de medidas de intervención dirigidas a las administraciones, que nunca fueron se llegaron a aplicar.

Los empresarios del sector, que se apresuraron a afirmar que tanto el artículo publicado en la revista alemana, como las informaciones posteriores eran en realidad fruto de una campaña orquestada para desprestigiar a la fresa de Huelva, son, según organizaciones y sindicatos, la otra parte del problema. El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) llama a los empresarios a trabajar a su lado para limpiar el buen nombre de la fresa de Huelva. "No podemos ser cómplices de que la riqueza económica de Andalucía se haga sobre los hombros de las mujeres más vulnerables", afirma en un comunicado.

Por su parte, CCOO afirma que el deterioro de la imagen de los productos y de la economía de Huelva “no es beneficioso para nadie” pero entiende que es “responsabilidad de las empresas” establecer medidas para evitar el acoso sexual, por razón de sexo y/o laboral en los centros de trabajo.

Un modelo de producción perverso

Los empresarios afirman que las mujeres son las más idóneas para recoger los frutos rojos. Algunos de los empresarios contactados por Público, afirman que “genéticamente se adaptan mejor a estas labores que los hombres, tienen las manos más sensibles y la recolección es mejor. También por su anatomía las mujeres resisten más tiempo en la posición agachada que requiere el trabajo”, afirma José Manuel Romero, dueño de una de las fincas y exdirectivo de Freshuelva.

"Ya de entrada, los procesos de selección en origen son totalmente discriminatorios"

Para Pastora Cordero de CCOO, esta afirmación está muy lejos de la realidad. "Si quiero tener a la gente más controlada voy a coger a lo más vulnerable de la sociedad. ¿Y quiénes son? Mujeres de países que no saben nuestro idioma, que son prácticamente analfabetas, que vienen aquí con muchísimas necesidades y para las que prácticamente la única fuente de ingresos es ese trabajo. Ya de entrada, los procesos de selección en origen son totalmente discriminatorios", afirma. Denunciar abusos laborales o sexuales en estas condiciones, es altamente complicado, afirma.

Para esta sindicalista, la premisa de que las mujeres son más aptas para el trabajo es una falacia. Hombres y  mujeres están igualmente capacitados para realizar este trabajo, recalca. "Lo que no se puede hacer es  mirar hacia otro lado", añade. 

"El sistema está propiciando los abusos", comenta a Público Laura Limón, portavoz de Mujeres 24h, una plataforma creada al calor del 8M y una de las que se han puesto a investigar los atropellos que se cometen contra estas trabajadoras a partir de lo publicado desde hace algo más de un mes.

"Es un modelo que es depredador con las mujeres, que las abandona, las invisibiliza... y encima les pedimos que denuncien los abusos sexuales. No lo hacemos ni las autóctonas y pretendemos que lo hagan ellas", añade Limón. 

Muchos de los consultados pare este artículo coinciden en afirmar que los abusos sexuales y violaciones no son generalizados, como se da a entender en el reportaje publicado en Alemania, pero que sí son mucho más frecuentes de lo que los empresarios, la administración y algunos representantes sindicales estaban dispuestos a reconocer al inicio. De hecho, lo que resaltan es la gran dificultad para recabar datos fiables. El fruto rojo es una industria potente y el motor de la región, que produce el 95% de la fresa que se recolecta en España y se exporta a otros países europeos. Tan sólo el año pasado se recolectaron 300.000 toneladas de fresas en la región. Según diversas fuentes, las temporeras pueden cobrar cerca de los 1.000 euros mensuales. El convenio del campo de Huelva, les reconoce un salario de 40 euros por jornada, el más bajo de toda Andalucía.

La solución: perspectiva de género

Las expertas consultadas afirman que no quieren que el fruto rojo salga dañado, porque es la mayor fuente de ingresos de la región y porque puede suponer la pérdida de muchos empleos. De hecho, afirman, bien gestionado, puede suponer una fuente de ingresos y de progreso para las temporeras inmigrantes que vienen a recolectarlo, en lugar de una explotación.

Entre la principales acciones, destacan la necesidad de negociar y acordar medidas de mejoras del convenio del campo de Huelva y que este incorpore la perspectiva de género (de la que ahora carece completamente), poner medidas de igualdad, protocolos frente al acoso y dar formación en igualdad a actores que no la tengan, principalmente a los empresarios, capataces y manijeros.

También toca repensar la cantidad de temporeras que son necesarias para trabajar en los campos "Debería mejorarse el sistema y tener unos protocolos garantistas para estas mujeres que se pasan casi todo el tiempo en las explotaciones agrícolas, aparatadas de las ciudades y sin movilidad", afirma Limón. Explica que es preciso establecer mecanismos claros y compartidos para facilitar a las mujeres conocer sus derechos y poder denunciar. Para ello, es necesario facilitar intérpretes que hablen en árabe y que los empresarios faciliten la entrada de sindicatos y organizaciones a las fincas.

Según Cordero, muchos empresarios no facilitan estas inspecciones ni contacto con las trabajadoras que vivien dentro de las explotaciones.  Otro paso fundamental, según Cordero, es implantar la figura de los mediadores interculturales, que sepa idiomas y que tenga perspectiva de género y que existan en número suficiente y con la capacidad de moverse dentro de las fincas. Lo que no sirve es lo que ocurre ahora, que existen dos mediadores para toda la provincia de Huelva, que tiene unos 70.000 trabajadores durante la temporada. ¿A cuántas personas pueden atender?, se pregunta.

Primeras medidas desde la administración

Este miércoles, la Consejera de Justicia e Interior de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció en una rueda de prensa con empresarios de la fresa, una serie de medidas a poner en marcha de cara a la próximo campaña. Entre ellas, se encontraban las principales reivindicaciones de ONG y las que Comisiones Obreras acordó hace unos días en una reunión específica para aborda este tema. La Consejería lleva desde que estalló el escándalo, reuniéndose con distintos actores para recabar información y opiniones. 

Entre las propuestas presentadas por Aguilar y el gerente de Interfresa, Pedro Marín, figuran la puesta en marcha de un protocolo de actuación para evitar los abusos a las temporeras, cuyo eje central será la formación en género de todos los que tengan responsabilidad sobre las temporeras: capataces, manijeros o encargados. También hicieron público el compromiso de asegurar información pormenorizada en los respectivos idiomas para las mujeres temporeras que acuden a la campaña, para asegurar que conocen sus derechos y los servicios a los que pueden acudir, así como elaborar un manual de buenas prácticas para que el trabajo se desarrolle sin incidencias. Aguilar afirmó que en la próxima campaña se incorporarán mediadores a propuesta de las entidades sociales que trabajan en el terreno con este colectivo, para que se haga un seguimiento "desde la proximidad" de la situación de las mujeres.

A pesar de reconocer de que se trata de un paso adelante, las críticas no se hicieron esperar. No sólo por el fondo de lo presentado por la Consejera Aguilar, sino también por la forma. El hecho de que Aguilar hiciera público un paquete de medidas que había recabado de distintas organizaciones de forma sorpresiva y en una reunión con empresarios, levantó críticas. Existen mesas de negociación en las que patronal y sindicatos llevan ya tiempo negociando medidas. De hecho las negociaciones del convenio del campo de Huelva están paradas por los desacuerdos entre empresarios y sindicatos. Ahí, afirman existía sobre la mesa la propuesta de incorporar la perspectiva de género y protocolos específicos.

En un comunicado CCOO ha calificado las medidas anunciadas como “insuficientes y superficiales” y ha añadido que “precisan de una intervención más amplia e integral en la que estén implicadas desde las administraciones locales hasta el Gobierno central para atajar las causas que están generando graves consecuencias a las personas, al sector y a la economía de Andalucía”.

Por su parte, organizaciones feministas y sindicatos como el SAT, CNT o CGT consideran que el protocolo anunciado por Aguilar es "laxo" y que vuelve a colocar la "responsabilidad en las trabajadoras".

La palabra más repetida por todos los actores consultados ha sido la de "diálogo". Abrir un debate honesto y amplio, que abarque a todos los actores y que sirva para avanzar en derechos, y que despeje toda duda sobre las condiciones en las se recoge el fruto rojo en la región.