Seguridad en las prisionesEl Estado, condenado a indemnizar a cinco funcionarios de prisiones con más de 9.500 euros por falta de seguridad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la mesa del Ministerio del Interior, ha logrado una condena ejemplar al Estado por la falta de seguridad en las prisiones. Se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirma una anterior de la Audiencia Provincial de Cádiz, como consecuencia de las múltiples lesiones que sufrieron cinco funcionarios al tratar de reducir a un preso peligroso en la prisión Puerto III del Puerto de Santa María.

Desde el sindicato cuentan que el preso clavó un pincho a escasos centímetros de la yugular a uno de ellos y propinó puñetazos y patadas al resto que les provocó lesiones de diferente consideración y hasta 73 días de atención sanitaria. La sentencia fue recurrida por la Abogacía del Estado, pero ha sido confirmada por este alto tribunal, por lo que el Estado deberá de compensar a los afectados con indemnizaciones de hasta 9.622 euros. 

La sentencia señala que los funcionarios fueron pertrechados con material de seguridad insuficiente, al no existir escudos y defensas de goma para todos

La sentencia señala que los funcionarios fueron pertrechados con material de seguridad insuficiente, al no existir escudos y defensas de goma para todos. Además, los arcos detectores de metal en la zona donde el interno iba a ser cacheado dejaron de funcionar sin que fueran repuestos o reparados.

En este sentido, la sentencia considera probada "una indebida exposición a un incremento del riesgo en el obligado ejercicio de sus funciones habituales, imputable a la deficiente organización del centro en el que sirven, con la intensa zozobra e inquietud que debieron sufrir al saber que tenían que hacer frente a un interno de especial peligrosidad".

El CSIF ha lamentado que se tengan que producir sucesos de esta gravedad para demostrar el déficit de seguridad en los centros penitenciarios, por lo que reclaman, entre otras medidas, el reconocimiento inmediato de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, la rigurosa aplicación del Protocolo de Agresiones en Prisiones o la ampliación de los medios coercitivos y la aprobación de las pistolas eléctricas, como medio defensivo. 

También exigen un incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales, formación adecuada a los trabajadores que se enfrentan a internos peligrosos o situaciones de potencial riesgo, un endurecimiento de las sanciones, como recoge el espíritu del Protocolo, con la elaboración de un nuevo catalogo de faltas y sanciones a las mismas.