La Comisión Europea ordena a España recuperar la ayuda a centros de ensayos de alta velocidad

MADRID.- "Incompatible con las normas comunitarias de competencia" es lo que argumentan la Comisión Europea (CE) para pedir al Gobierno español que reclame al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF el montante que concedió para el centro de ensayos de alta velocidad de Andalucía.

"La Comisión ha concluido que la ayuda concedida por España a ADIF no corresponde a un auténtico objetivo de interés común", ha especificado la CE: "en particular, no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región".

Esos 140 millones de euros serán devueltos por ADIF en las próximas semanas. El importe fue adelantado por el Gobierno español a través del Ministerio de Economía en el año 2011, mientras llegaban los fondos europeos que Bruselas ha rehusado autorizar después de haber realizado una "investigación pormenorizada" de los planes españoles de financiación de todos los costes de inversión del proyecto. La construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), cerca de Málaga, hubiera costado 358,6 millones de euros, una cantidad "desproporcionadamente alta" para la UE.

Hubiera costado 358,6 millones de euros, una cantidad "desproporcionadamente alta" para la UE.

El CEATF es un circuito ferroviario de 58 kilómetros en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad (hasta los 520 kilómetros por hora), con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestructura y superestructura. Según los planes notificados por España a la Comisión en septiembre de 2013, la financiación pública debía otorgarse a ADIF, que sería el propietario del CEATF.

La investigación de la CE reveló que, "de hecho, España ya pagó a ADIF, a partir de 2011, 140,7 millones de euros, antes de que la Comisión adoptara su decisión" sobre la concesión de las ayudas, con lo que "infringió las normas de la Unión Europea". Además, las pesquisas apuntaron a que el proyecto "no se ajusta a las directivas de la UE sobre ayudas estatales", ya que "no responde a un auténtico objetivo de interés común". El uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 kilómetros por hora, y de hecho, ya existen centros de ensayos en la UE.

La Comisión ha recordado que, pese a la financiación pública otorgada, "ningún inversor privado manifestó su interés por participar en la financiación". El proyecto, calificado de "megalómano" por voces de Podemos, anticipaba "pérdidas generadas durante todo su período de funcionamiento" y que, aparte de empleo temporal mientras durase su construcción, no iba a contribuir, a ojos de la UE, a "promover el desarrollo sostenible de Andalucía". 

El anillo ferroviario se proyectó en 2010, recibió las primeras inversiones al año siguiente pero se paralizó en una fase muy incipiente de su construcción.