Catalunya y Cantabria piden el toque de queda entre gran disparidad judicial

La disparidad de las decisiones de los tribunales superiores de justicia hace que la respuesta a la quinta ola de la pandemia difiera entre autonomías: mientras en el País Valencià se ha autorizado el toque de queda, en Canarias se ha denegado y Cantabria y Catalunya esperan recibir luz verde.

A su vez, este miércoles el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional, por una ajustada mayoría de seis contra cinco, el primer estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para combatir la pandemia, al entender que la figura apropiada para suspender derechos fundamentales como el de circulación es el estado de excepción.

En julio de 2021, en plena quinta ola de contagios que afecta mayoritariamente a los más jóvenes, dado el alcance de la vacunación entre los grupos de más edad, son las comunidades autónomas las encargadas de adoptar las medidas para frenar el avance de la pandemia, unas restricciones que deben ser avaladas o rechazadas en función del criterio de cada Tribunal Superior de Justicia.

La incidencia acumulada se encuentra cerca de los 500 casos por cada 100.000 habitantes (469,5) y superan esa cifra Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y Catalunya (esta última, con una incidencia superior a los 1.000 casos).

El País Valencià cuenta con el visto bueno de la justicia para el toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada en 32 municipios, así como la limitación de las reuniones a 10 personas, y sin embargo, en Canarias el Tribunal Superior de Justicia ha denegado el permiso para establecer un toque de queda en las islas con mayor grado de incidencia de la covid.

Estima este tribunal que "no se ha acreditado" que la situación actual de la pandemia "represente un peligro tan grave o inminente" que no se pueda afrontar "con medios ordinarios menos restrictivos" y sostiene que supondría decretar "un verdadero confinamiento por la sola razón de horario" y que imponer tal restricción "para impedir botellones en espacios públicos" no resulta "proporcionado".

En este contexto, Cantabria espera que la justicia avale su decisión de limitar la movilidad entre la una y las seis de la madrugada en 53 municipios y de limitar a seis el número de personas que se podrán reunir en domicilios o espacios privados en ese mismo horario.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha destacado que es necesario "frenar la avalancha de jóvenes que están llegando todos los días a los consultorios y a los hospitales con el virus" y ha defendido que estas restricciones están sólidamente argumentadas con criterios sanitarios.

Catalunya solicitará la aplicación del toque de queda de 1 a 6 de la madrugada

Y en Catalunya, después de que la justicia haya avalado la limitación de las reuniones sociales a diez personas, el cierre de espacios públicos entre las 00.30 y las 6 horas y la prohibición de comer y beber en espacios públicos, la Generalitat va a solicitar la aplicación del toque de queda de 1 a 6 de la madrugada en 158 municipios, entre ellos Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, espera poder aplicar este próximo fin de semana la medida, que ha calificado de "difícil pero imprescindible" y que de obtener el respaldo de la justicia afectará a los municipios de más de 5.000 ciudadanos con una incidencia acumulada de 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.

Por contra, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León han desaconsejado solicitar un nuevo toque de queda para hacer frente a la escalada de contagios de coronavirus, por lo que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, ha incidido en que la respuesta de la Junta sigue pasando por cribados masivos, "entre los jóvenes especialmente", e incrementar el ritmo de vacunación.

"Una legislación unitaria, uniforme"

Sin embargo, dada la disparidad de criterios judiciales, ha reincidido en su petición de que el Gobierno de España emita "una legislación unitaria, uniforme" para combatir la pandemia en todo el territorio nacional y que luego, en base a ella, sean las comunidades autónomas las que la ejecuten en función de su propia situación.

En otro orden, aunque en un primer momento la justicia aragonesa paralizó con medidas cautelarísimas las restricciones aprobadas por el gobierno de Aragón, finalmente las retiró y la hostelería tiene que cerrar a las 23 horas -con un máximo de 10 personas en terraza y de seis en interiores- y el ocio nocturno, a las 00.30.

La Xunta de Galicia ha decidido reducir el número de personas no convivientes que se pueden reunir en el exterior de la hostelería, que pasará de 15 a 10 mientras en el interior sigue en 6, y también va a incrementar el control del ocio nocturno, ya que exigirá una prueba diagnóstica negativa o certificado de vacunación para todos estos locales desde el martes.

Euskadi analiza si implementar alguna otra restricción que afectaría a los ayuntamientos: el comité asesor del Plan vasco de Protección Civil, presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, está reunido a esta hora de forma telemática para adoptar una propuesta que, en caso de alcanzarse, se recogería en un nuevo decreto.

Y en Navarra ya estudian más restricciones dada la evolución de la pandemia, con una incidencia superior a los 55 casos, después de que la semana pasada su Tribunal Superior de Justicia autorizara el adelanto a la una de la madrugada del cierre del ocio nocturno decretado por el Gobierno foral a partir del 7 de julio por ser una medida "idónea, necesaria y proporcionada".