18 votos a favor, seis en contra y una abstención. Este es el resultado del Pleno municipal de Alcoi del 7 de enero que ha decidido mantener la licitación del servicio de agua a una empresa privada. La decisión ha sido muy criticada por entidades cívicas y partidos de izquierda, que pedían mantener la actual prórroga para abrir un debate sobre cuál es el mejor modelo de gestión de este servicio básico.

Pep Fuster, portavoz de la plataforma Iniciativa Ciutadana per la Gestió de l'Aigua Pública d'Alcoi, denuncia que se pueda tomar esta decisión "sin una auditoría y un balance" de la tarea realizada por la empresa concesionaria, elementos, sin los cuales "no se puede hacer un debate en profundidad sobre todas las opciones, tanto públicas como privadas, y tomar una decisión razonada".

"Todo esto no se ha hecho –continúa Fuster-, y en cambio lo quieren aprobar en un pleno medio escondido justo en medio de un puente". La concesión ya se prorrogó un año a causa de la pandemia, pero no parece que ni siquiera con este tiempo extra se haya avanzado en un debate que la Iniciativa Ciudadana, junto con otras entidades, hace más de cinco años que está exigiendo.

"Pero para poder valorar la gestión necesitamos saber con datos que ha hecho la empresa concesionaria, puesto que la información que ofrece es absurda. Sus balances cuadran hasta el último céntimo con los presupuestos previos con capítulos tan incontrolables como el gasto en combustible. Y la comisión de seguimiento de la concesión prácticamente no se ha reunido en veinte años", continúa Fuster.

La situación es muy similar a la que se vivió en Castelló de la Plana en marzo del año pasado, cuando también tocaba renovar la concesión. Entonces, la alcaldesa, también socialista, se negó a abrir el debate y votó con la derecha y contra sus aliados al equipo de gobierno, mantener la concesión a la empresa Facsa, la más antigua del estado español y que data de 1873. En Torrent (València), el 2018, los socialistas también rechazaron la propuesta de Compromís de someter el modelo de gestión del agua a un referéndum. Por ahora, Bellreguard (València), con alcalde de Compromís, es el único ayuntamiento de relevancia que ha conseguido remunicipalizar el agua, una decisión que tomaron después de detectar deficiencias graves en la gestión, después de un estudio técnico para diagnosticar el estado de las instalaciones.

El estado de las infraestructuras de distribución y saneamiento en Alcoi también es un misterio. Jordi Martínez, vicealcalde y concejal de Obras y Servicios de Alcoi, del PSPV, reconoce que "la transparencia y el control de la empresa" son algunos de los puntos a mejorar en el nuevo pliego de condiciones de la licitación, pero tiene muy claro que "hoy por hoy", la gestión privada "es la única posible".

"Con el tiempo, nos gustaría crear una empresa pública para gestionar servicios como estos, explorando fórmulas de colaboración público-privada, pero ahora el ayuntamiento no tiene la capacidad de gestionar un servicio tan complejo y técnico como el del agua". Ante la pregunta de cómo se lo hacía el consistorio antes de su privatización, el concejal asegura que "todo esto ha cambiado mucho en veinte años, la tecnología es totalmente diferente. Y, además, la gestión municipal era muy deficiente".

Desde hace veinte años, la gestión recae en Aqualia, una multinacional del ramo –en su web se explica que es la cuarta empresa más grande de Europa novena del mundo- y filial de Fomento de Construcciones y Contratas. Antes, era el ayuntamiento quien gestionaba directamente el servicio de agua potable. Pero en 2000, el entonces alcalde Josep Sanus, del PSPV, optó por su privatización, y lo consiguió con el apoyo del PP a pesar de las fuertes protestas ciudadanas. Más de 10.000 firmas –en una ciudad de 60.000 habitantes- y una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en Alcoi no consiguieron evitarlo.

En el pliego de la licitación, Aqualia se comprometía a realizar una serie de inversiones que, desde la Iniciativa Ciudadana se asegura que no se han hecho. O que, en el mejor de los casos, no se puede saber por la falta de transparencia y control por parte de los diferentes equipos de gobierno. Martínez también reconoce que "el impulso inversor de los primeros años decayó", y que este es otro de los aspectos a mejorar en la nueva licitación. "Tampoco el periodo tendría que ser tan largo", asume el concejal.

El marco del debate

Las entidades ciudadanas también critican que el ayuntamiento se haya escudado en un informe encargado a una consultora para justificar su decisión y presentarla como una cuestión técnica, cuando sería una decisión política. El mismo Martínez declaró, basándose en este informe, que el coste de la municipalización subiría hasta 420.000 euros. También cargan contra el que consideran una "contradicción", puesto que mientras a nivel autonómico, el Botànic apuesta para revertir privatizaciones de servicios sin competencia, como la sanidad o las ITV, en los municipios, los socialistas se niegan a recuperar la gestión pública del agua.

"El primer problema es cambiar el marco del debate y enfocar el agua, no como una mercancía sino como un derecho básico y que hay que gestionar como el resto de derechos" explica Jaime Morell, de La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS). Pero incluso en la parte meramente mercantil, Morell asegura que "ahora ya tenemos suficientes experiencias que avalan que la gestión pública directa es más eficiente que la privada.

De hecho, el 90% de las grandes ciudades del mundo lo hacen así, y algunas, como París la han recuperado después de comprobar que la privatización no ofrecía beneficios". También pone ejemplos más próximos, como Valladolid, que recuperó la gestión directa el 2017, o Terrassa, que lo hizo el 2018. O Xàbia (Alacant), a quien pone de ejemplo de excelente gestión pública del agua, "en una situación mucho más compleja que la de Alcoi", puntualiza.

"En realidad, no hay ninguna excusa para recuperar la gestión pública del agua, aunque hay que reconocer que la legislación aprobada por el PP dejaba una autopista de ocho carriles para la privatización y solo un camino lleno de agujeros para la recuperación, pero es perfectamente legal y factible. Solo hace falta voluntad política", concluye Morell.