La crisis del coronavirus entra en una nueva fase en Euskadi. Tras una reunión extraordinaria del consejo de gobierno, el lehendakari Iñigo Urkullu ha dado a conocer que se declara la emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma Vasca. La medida se encuadra en el marco del plan de protección civil aprobado este viernes y que incluirá distintas medidas que serán coordinadas entre las distintas áreas del Ejecutivo autonómico. Urkullu ya ha informado sobre esta delicada e inédita situación al presidente Pedro Sánchez.

"Todavía no hemos pasado lo peor", ha afirmado Urkullu, quien ha anunciado la creación de un fondo institucional de urgencia dotado con 300 millones de euros, "orientado a reforzar el sistema sanitario y también el educativo". Habrá también otro fondo de 100 millones de euros para el apoyo de autónomos y pequeñas empresas golpeadas por esta crisis.

En cuanto a la declaración de emergencia sanitaria, el lehendakari ha salido que se adopta "para afrontar la crisis de salud". La situación, dijo el mandatario vasco, "constituye un hito histórico por su gravedad, consecuencias y prolongación en el tiempo". "Debemos demostrar nuestra capacidad de trabajar en equipo y de remar todas y todos en la misma dirección", afirmó.

A preguntas de los medios, indicó que la declaración de emergencia sanitaria permite, entre otras cosas, la adopción de medidas de "confinamiento, evacuación, restricción de acceso a zonas de peligro" o también la "limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes". De hecho, anunció el "apoyo del departamento de Seguridad al departamento de Salud para el cumplimiento de órdenes de cuarentena cuando han sido recibidas".

En esa línea, el lehendakari ha anunciado un "plan de seguimiento de abastecimiento alimentario" y un "protocolo específico para turismo, hostelería y comercio". Además, "se traslada a vía telemática" la mayor parte de servicios administrativos.

"Confinamiento de personas"

Basándose en la Ley de Emergencias, el Gobierno Vasco podrá adoptar "medidas de obligado cumplimiento para sus destinatarios y destinatarias, conforme a lo que disponga el plan aplicable o un plan de protección civil activado cuando se produzcan catástrofes, o cuando lo hagan preciso las necesidades de la emergencia y de los bienes a proteger".

Entre esas medidas figuran el "confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros", la "evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro", la "restricción de acceso a zonas de peligro o a zonas de operación" o la "limitación o condicionamiento del uso de servicios públicos y privados o el consumo de bienes".

También se establecerá la "limitación o prohibición de actividades en lugares determinados y obligación de adoptar precauciones, prevenciones o comportamientos concretos". "Las medidas a que se refiere este precepto tendrán una vigencia limitada estrictamente al tiempo necesario para afrontar la emergencia, deberán ser proporcionadas a la entidad del riesgo y no darán derecho a indemnización alguna", señala la ley.