"Perplejos", "sorprendidos", "atónitos". Distintas fuentes parlamentarias aseguran que así es como se mostraron los letrados del Congreso cuando PP, PSOE y Ciudadanos les pasaron el balón para que fueran ellos quienes se pronunciaran sobre la base "constitucional" de una iniciativa de Unidos Podemos sobre el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE, CETA.

Explican que en la reunión del órgano de Gobierno de la Cámara Baja del pasado 28 de abril, las tres fuerzas pidieron a los letrados que se pronunciasen sobre la existencia de "fondo" para dar cauce a la petición de Unidos Podemos de someter el CETA al análisis del Tribunal Constitucional —cuestión previa de constitucionalidad—.

Entienden que es "anómalo" que se solicite a los letrados que entren en estas consideraciones, y aseguran que debería ser precisamente el Constitucional quien aclarase si el acuerdo vulnera o no la Constitución. "¿Qué sentido tiene solicitar a los letrados el mismo informe que nosotros pedimos que se solicite al Constitucional? La Mesa estaría entrando así en valorar el objeto de nuestra iniciativa, y no el carácter reglamentario de la misma a la hora de calificar su tramitación", apuntan desde Unidos Podemos.

De hecho, aseguran que la demostración de que su análisis de situación es acertado se refleja en que la propia Mesa "haya entrado en razón". En su última reunión, al inicio de la semana pasada, finalmente sí calificó esta cuestión previa."La presidenta [Ana Pastor] ha dicho que no parecía tener sentido pedir a los letrados de las Cortes que se pronunciasen sobre una cuestión de constitucionalidad", señalan.

"El posicionamiento inicial trasladaba gratuitamente a los letrados un marrón que corresponde al debate político entre grupos", añaden. Apuntan que, al reconsiderar la Mesa esta decisión, "los letrados han quedado al margen". "Los letrados de las Cortes están para elaborar informes basados en antecedentes de la Cámara sobre cuestiones de tramitación reglamentaria, no para emitir informes sobre cuestiones de constitucionalidad", insisten.

Bloqueo de una iniciativa "legal y correcta" en cuanto a la forma

En la misma línea, desde Unidos Podemos sostienen que PP, PSOE y C's bloquean una iniciativa "legal" y formalmente "correcta". Argumentan que el tratado de libre comercio entre Canadá y la UE vulneraría la soberanía española —permitiendo a las grandes empresas recurrir a tribunales de arbitraje, y no a los tribunales ordinarios—, y recuerdan que la cuestión previa de constitucionalidad es una iniciativa regulada, recogida en la Carta Magna y en el Reglamento del Congreso.

El Artículo 95 de la Constitución establece que "La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción", reza el texto.

Por su parte, el Artículo 157 del Reglamento especifica: "Si durante la tramitación de un tratado o convenio en el Congreso de los Diputados se suscitaren dudas sobre la constitucionalidad de alguna de sus estipulaciones, el Pleno del Congreso, a iniciativa de dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los Diputados, podrá acordar dirigir al Tribunal Constitucional el requerimiento previsto en el artículo 95.2 de la Constitución. La tramitación del tratado o convenio se interrumpirá y sólo podrá reanudarse si el criterio del Tribunal es favorable a la constitucionalidad de las estipulaciones contenidas en aquél", señala.

El PSOE, "furibundo" por la moción de censura

Fuentes del grupo parlamentario Unidos Podemos tachan la actitud del PSOE en la Mesa de "furibunda". Lo achacan a su anuncio, un día antes, de la presentación de una moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a la que el PSOE ya ha rechazado sumarse. Esta iniciativa incrementa la presión al Partido Socialista, y se ha traducido en un aumento de tensión en las relaciones entre el grupo socialista y el grupo parlamentario de Pablo Iglesias.

Por su parte, desde el PSOE afirman que el anuncio de esta iniciativa no influye en su línea de actuación en la cámara: recuerdan que ya respaldaron el CETA cuando fue ratificado en el Europarlamento, en febrero de este año, e insisten en que lo consideran un buen acuerdo. De hecho, en la votación del tratado en la Eurocámara, el pasado 15 de febrero, parte del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) se desmarcó de la línea oficial y votó contra el tratado. Esta división no afectó a la delegación española, que votó en bloque a favor del acuerdo.

El Congreso se pronunciará sobre el acuerdo este jueves, en Pleno, cuando también someterá a votación la cuestión previa de constitucionalidad.

Sólo un día antes, la cámara acogerá una jornada para analizar los peligros del acuerdo en la que está previsto que participen diputados de Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu, así como distintos representantes de organizaciones críticas con el polémico tratado.