Las maniobras de cara a debilitar el aval del Tribunal Constitucional (TC) a la ley de amnistía se hicieron evidentes este martes cuando el bloque conservador y minoritario votó en contra de la abstención del progresista Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, en la deliberación de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía presentados por el PP y sus barones. 

Por el contrario, en el anterior pleno, el 11 de septiembre, los cinco magistrados conservadores votaron igual que los progresistas, a favor de la abstención de Campo para la deliberación de la cuestión de inconstitucionalidad del Supremo sobre la ley de amnistía, debido a que a raíz de su participación como ministro en los indultos de los condenados por el procés mostró su opinión sobre una amnistía total, tachándola de inconstitucional. 

Finalmente, en el pleno de este martes la abstención de Campo para todos los asuntos relacionados con la amnistía salió adelante con seis votos frente a cinco. 

Ahora, ese es el equilibrio de fuerzas para el debate sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía entre los dos bloques ideológicos: seis votos progresistas y cinco conservadores. 

Nuevas normas para las recusaciones

Pero las recusaciones contra cuatro miembros del Tribunal podrían mermar la hegemonía progresista, con la que previsiblemente la amnistía recibirá el aval constitucional. 

El magistrado conservador José María Macías ha sido recusado por parte de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Puigdemont; y el PP y sus barones autonómicos han pedido que se aparten los magistrados progresistas Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC; Laura Díez y Juan Carlos Campo, que ya se ha retirado voluntariamente. 

Los conservadores se han dado cuenta de que para admitir la abstención de Campo tienen que admitir también las recusaciones de Macías, porque él, siendo vocal del CGPJ, participó en el informe del órgano sobre la amnistía, a la que se tildó en aquel dictamen de inconstitucional; es decir, Macías está incurso en la misma causa de abstención que el exministro Campo. Con la diferencia de que el conservador se niega a abstenerse. Por eso los magistrados propuestos por el PP han buscado ahora motivos formales para oponerse a la abstención de Juan Carlos y, por ende, de Macías. 

Aún no hay fecha para que el pleno del TC vote sobre todas estas recusaciones. Los conservadores quieren imponer una nueva norma en esas votaciones: que los recusados no puedan participar, independientemente de que se vote su propia recusación o la de sus compañeros. Esto no es lo habitual, y de hecho, fuentes del TC indican a Público que es probable que se trate de una medida inédita en la corte de garantías. 

El asombroso caso del expresidente Trevijano

Lo normal hasta ahora es que el magistrado recusado no participe en la votación sobre su recusación. Pero se han dado casos en los que los propios recusados han votado en contra de sus recusaciones, como ocurrió en la presidencia de Pedro González-Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos y hoy consejero de dos filiales de la aseguradora Mapfre. 

En diciembre de 2022, el entonces presidente del TC González-Trevijano y otro magistrado conservador, Antonio Narváez, votaron en contra de su propia recusación para garantizar la mayoría conservadora con la que el Constitucional impidió votar por primera vez en la historia a los senadores la reforma legal que iba a desbloquear la renovación del propio Tribunal Constitucional.

Un resultado raquítico

Si se impusiese la norma que pretenden los conservadores serían cuatro votos menos los que se reflejarían en el resultado final. Pero lo importante es que si el pleno del TC votara a favor de admitir todas las recusaciones, el resultado final sobre la constitucionalidad de la amnistía sería de un empate a cuatro. No obstante, la vicepresidenta, del sector progresista, Inmaculada Montalbán, impondría su voto de calidad para desempatar. 

Los conservadores saben que es muy difícil que el aval de la norma se malogre, debido a su minoría, pero con un resultado tan ajustado como cuatro a cuatro es más factible que algo pudiera torcerse al final. Además si el aval se lograra finalmente gracias al voto de calidad de la vicepresidenta de TC, el resultado sería tan raquítico que daría pie a criticar su legitimidad.