En la ciudad Taranto –en la región de Apulia, el tacón de Italia– trabajar y enfermar son sinónimos. Tampoco el ser un desempleado, o un simple vecino, marca alguna diferencia a favor de una mayor esperanza de vida. ¿El motivo? Allí se encuentra la mayor siderúrgica de Europa. Y en ella trabajan casi 11.000 trabajadores.

Últimamente, la conocida periodísticamente como ILVA, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el actual Gobierno italiano, como lo fue en el pasado para otros Ejecutivos del país. Por un lado, no es rentable. Por el otro, la ausencia de miles de empleos hundirían esta zona del Sur de Italia. Mientras tanto, con o sin despidos, la fábrica aumenta el riesgo de muerte y de enfermedades en su entorno, tanto para los adultos como para los niños. Pase lo que pase, citando a la propia prensa transalpina, la siderúrgica de Taranto es una auténtica "bomba social".

Hombres, mujeres, adolescentes, niños: vivir en Taranto es aumentar el riesgo de padecer enfermedades. Tal como informa, por ejemplo, el periódico italiano La Repubblica, hay un "exceso de mortalidad por tumor en los pulmones, mesotelioma pleural y enfermedades del aparato respiratorio". Entre 2002 y 2015, por ejemplo, se han registrado 600 casos de niños con malformaciones congénitas, por encima de la media en Italia.

Taranto es el lugar con más casos de tumor por trabajo en Italia. Atendiendo a los datos ofrecidos por el Instituto Italiano para la Seguridad y contra las Lesiones en el Trabajo (INAIL), en 2018 se han producido 164 casos en la ciudad apullesa de Taranto, respecto a los 107 de Nápoles o los 104 de Milán. En las inmediaciones de la siderúrgica, la incidencia de los tumores debido al amianto, es el 500% más alta para quien trabaja o vive cerca del ILVA.

"Para este Gobierno la cuestión ILVA tiene la máxima prioridad", pronunció recientemente el premier Giuseppe Conte. Y añade: "Haremos todo lo posible para proteger las inversiones productivas, los niveles de empleo y el plan ambiental". El núcleo del problema es que para la empresa hoy al frente del establecimiento productivo, la multinacional ArcelorMittal, el ILVA de Taranto no es rentable, ya que supone unas pérdidas de 2 millones de euros al día.

Esta es la mayor siderúrgica de Europa y está en Italia.- REUTERS

El quid de la cuestión, que hace del "caso ILVA" una telenovela industrial, está en la cuestión ambiental. El Gobierno italiano en 2015 aprobó el conocido como el escudo penal, una protección jurídica que protegía a cualquier compañía propietaria del ILVA de tener que pagar judicialmente por los errores y abusos de gestiones anteriores en contra del medio ambiente.

Los problemas llegarán este año, dos años después de la asignación del concurso a ArcelorMittal, cuando el Movimiento 5 Estrellas (M5E) exigió su abrogación porque, según ellos, se trataba de un trato de favor a la multinacional siderúrgica. Dicha norma, sin embargo, fue aprobada incluso antes de que se convocara un concurso público, estando pues en administración pública extraordinaria.

La compañía propiedad del indio Lakshmi Mittal asegura, por lo tanto, que el origen del problema se centra en "una situación de incerteza jurídica y operativa" que le impide "gestionar" plenamente el ILVA. Por esta razón, hace unas semanas, ArcelorMittal rescindió el acuerdo con el Estado italiano que prevé el alquiler con opción a compra de las actividades productivas del establecimiento. Teniendo en cuenta que el ILVA representa el 1,4% del PIB transalpino, enseguida se empezó a hablar de la posibilidad de nacionalizar el ILVA. Algo que, por el momento sigue descartándose.

El "caso ILVA" se ha vuelto una cuestión política en el país con forma de bota. Hasta hace unos días, se ha llegado a pensar que el actual segundo Ejecutivo de Giuseppe Conte podría haber caído en la débil gestión política de la crisis de la siderúrgica. Ciertamente, toda la política italiana se ha pronunciado al respecto sobre lo que habría que hacer, tanto la mayoría de Gobierno, como la oposición. Pero Giuseppe Conte –de nuevo primer ministro gracias a la reciente coalición entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y el socialista Partido Democrático (PD)– ha querido mostrar cercanía con los ciudadanos de Taranto y, sobre todo, con los trabajadores del ILVA.

El problema es que la situación es, por el momento, tan larga y díficil de resolver, que el premier Conte, dando la cara in situ con las personas afectadas, tuvo que sincerarse: "No tengo la solución en el bolsillo", pronunció el jefe del Gobierno italiano entre la muchedumbre presente frente a la entrada del ILVA de Taranto. En una carta abierta en el diario La Repubblica, Conte invitó a sus ministros a "aportar ideas para Taranto".

Muchos analistas, y personas de a pie en la ciudad apullesa, han tenido opiniones contrapuestas acerca de la actitud del premier. Por un lado, es un gesto apreciable el hecho de que, teniendo en cuenta su cargo, se haya personado en el propio ILVA para hablar con los obreros de la situación, lo cual ya es más de lo que se había hecho hasta el momento. Por otro lado, sin embargo, muchos han lamentado que, tratándose precisamente del presidente del Gobierno, éste haya ido hasta Taranto para luego no ofrecer ninguna solución sobre el terreno.

Si el ILVA se tuviera que cerrar, se tirarían por la borda los 5,6 millones de toneladas de acero anuales que el establecimiento produce a pleno rendimiento, por un total de 2.200 millones de euros al año. Además, hay que añadir las inversiones previstas por ArcelorMittal por un total de 4.100 millones de euros: 1.100 millones de inversiones ambientales, 1.200 millones de inversiones industriales y 1.800 para la compra en sí de la compañía ILVA. Y, sobre todo, se arriesgaría el despido de casi 11.000 trabajadores. No es casual que, en el computo nacional italiano, el ILVA represente el 1,4% de su Producto Interior Bruto.

El ILVA de Taranto nace en 1960, por iniciativa del Estado italiano en una superficie de más de 15 millones de metros cuadrados. En los años '80 experimentará una grave crisis que se resolverá en 1995, cuando lo adquirió el conocido grupo siderúrgico italiano Riva. Hubo cierta controversia en relación a su privatización debido a su coste, ya que el Estado italiano vendió ILVA por 2.500 millones de euros cuando el valor total ascendía a los 4.000 millones. Con la gestión de los Riva, empezaron a surgir los primeros problemas de contaminación que provocaron un aumento de las muertes por tumor en la zona.

En 2012 la Justicia transalpina dispuso la incautación de la siderúrgica, por delitos ambientales. En el mismo año el Gobierno Monti decretó la vuelta a la producción. Tras la salida de los Riva, marcada entre otras cosas por sus responsabilidades penales en materia medioambiental, el ILVA pasó a una administración pública extraordinaria a la espera de un concurso, que llegará en 2016 y que el año siguiente fue concedido a ArcelorMittal, la multinacional siderúrgica más importante del mundo.