El descubrimiento de que la cúpula de Interior adquirió a escondidas en Israel un sofisticado sistema de espionaje a través de móviles explica por fin el misterio que ha rodeado las más célebres grabaciones ilegales de los últimos años: las del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz en su propio despacho oficial, y la que se hizo a agentes secretos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante su entrevista con mandos de la Unidad de Asuntos Internos en sede policial.

En el artículo anterior explicamos cómo se grabaron las conversaciones entre Fernández Díaz y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, mientras conspiraban contra políticos y partidos soberanistas. En éste, detallaremos cómo se efectuó (sólo cuatro días después) la misteriosa grabación de la reunión confidencial entre agentes secretos y mandos policiales para tratar sobre las actividades del pequeño Nicolás.

Pero antes hay que subrayar que esas tres grabaciones altamente sensibles se realizaron justo durante el mes siguiente a que el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, y su jefe de gabinete, José Ángel Fuentes Gago, culminasen la adquisición ilegal con fondos reservados de Sprinter e InterApp, sistemas diseñados por el Grupo Rayzone para "que las agencias de inteligencia y policiales intercepten y graben llamadas de voz y mensajes de texto".

El mensaje de correo electrónico revelado ayer por Público en el que se cerraba la transacción de esos sistemas de espionaje fijaba la última reunión con los vendedores israelíes para el 3 de septiembre de 2014. Las grabaciones en el despacho del ministro --de unas reuniones en las que precisamente medió Fuentes Gago-- se produjeron los días 2 y 16 del siguiente mes de octubre. Y la que espió a los agentes del CNI se efectuó el 20 de octubre en el despacho oficial del entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas.

Demasiadas coincidencias para unos actos de espionaje que violaron impunentemente las medidas de seguridad de dos de los edificios más protegidos y vigilados de España, sin que hasta fecha de hoy (tres años después) se haya desentrañado el misterio de cómo se pudieron superar todas las barreras humanas y técnicas que defendían la privacidad de esas sedes de Interior. Por tanto, la compra subrepticia de esos sistemas de espionaje, justo el mes anterior a que se cometieran los hechos investigados, es prueba indiciaria más que suficiente.

Anteriormente, hemos explicado cómo se pudo interceptar y secuestrar el móvil de De Alfonso para grabar sus dos conversaciones con el ministro. Pues bien, resulta que el método empleado para grabar la reunión con el CNI fue claramente el mismo, ya que a Martín-Blas le requirió Pino que entregase previamente su móvil al departamento técnico para supuestamente instalar programas cortafuegos y antivirus.

Que el software que se instaló en el aparato del jefe de Asuntos Internos no era precisamente defensivo sino todo lo contrario quedó demostrado por el informe que elaboró el Centro Nacional de Criptología (entregado al juzgado el 16 de Febrero de 2016 y que figura en los folios 901 a 926 del sumario del caso Nicolás), en el que los expertos formularon la siguiente hipótesis de lo que ocurrió:

En el teléfono de Martín-Blas se había instalado una aplicación que lo convertía en micrófono ambiental sin que se apercibiese su portador merced a una señal remota enviada desde otro móvil. En la investigación del tráfico de llamadas de los aparatos que estaban presentes en la reunión quedó probado que sólo hubo una: la que se cursó al móvil de Martín-Blas desde el teléfono del periodista Carlos Mier, quien en aquella época trabajaba en el medio digital Información Sensible, propiedad del comisario José Manuel Villarejo, destacado integrante de la brigada política dirigida por Pino y Gago; quien acaba de ser finalmente detenido y encarcelado por sus presuntas operaciones delictivas de espionaje, cohecho y blanqueo.

No obstante, consta en las declaraciones de todos los que participaron en la reunión --declarando con obligación de decir verdad en función de sus altos cargos en la seguridad del Estado-- que durante el encuentro no sonó ningún teléfono ni ninguno de los asistentes habló por teléfono, ni ninguno de ellos salió del despacho para realizar una llamada telefónica. Por tanto, la única explicación que hallaron los técnicos policiales para la existencia de esa llamada fantasma de Mier fue que se trató de un mensaje en código para activar el móvil de Martín-Blas.

Esa versión no ha sido considerada probada hasta ahora... porque se desconocía la previa adquisición por Pino y Gago de los sistemas de espionaje InterApp --que "permite recopilar furtivamente información de la nube utilizando las vulnerabilidades de las aplicaciones de los smartphones", según explica la propia compañía Rayzone-- y Sprinter --que "intercepta y graba las llamadas telefónicas y los mensajes de texto"-- vía comunicaciones móviles.

Así que la hipótesis de los técnicos del Centro Nacional de Criptología queda patentemente avalada por la adquisición sólo un mes antes de esos sistemas sofisticados por parte de los más altos mandos operativos de la Policía. Más aún, quien después de aquella reunión envió a Martín-Blas el fragmento de la grabación ilegal filtrado a la prensa fue precisamente Fuentes Gago, y se lo remitió mediante su correo oficial del Cuerpo Nacional de Policía.

Pero lo verdaderamente grave es que esos altísimos funcionarios policiales hicieron esa adquisición de material destinado a intervenir comunicaciones sin contar con autorización ni supervisión judicial --como se requiere para los sistemas que pueden atentar contra el derecho fundamental de la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones, recogido en la Constitución--, ni informar de ello a la Dirección General de la Policía, puesto que esas compras no aparecieron reflejadas en el BOE, como también es preceptivo.

Si, además, se demuestra judicialmente que después participaron en el entramado que empleó esos sistemas para grabar ilícitamente conversaciones mantenidas por ministros del Gobierno, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y del Centro Nacional de Inteligencia, y miembros de otras administraciones públicas, los delitos cometidos por la cúpula de la Policía serían gravísimos.

Finalmente, está demostrado que esa grabación fue convenientemente manipulada y difundida, con la intención de injuriar y calumniar a los agentes del CNI y a los miembros de la comisión judicial que investigaron los negocios del pequeño Nicolás, con la clara intención de anular toda la causa. Así que el móvil delictivo de todo este entramado queda también muy claro:

Durante esa ya célebre reunión en Asuntos Internos se discutió sobre la operación diseñada a través del Banco Nacional de Guinea Ecuatorial para blanquear más de 10 millones de euros avalando un crédito con la Hacienda La Alamedilla, procedente del patrimonio de Banesto oculto por Mario Conde pero que en ese momento pertenecía a otros propietarios, entre ellos Adrián de la Joya, accionista de Indra, cliente y amigo del comisario Villarejo e imputado en el caso Lezo de corrupción en la Comunidad de Madrid.

La comisión judicial del caso Nicolás ha concluido que fue De la Joya quien encargó a Villarejo reventar la causa para tapar esa operación. Y entre los delitos que acaba de imputar la Audiencia Nacional a Villarejo están los de utilizar Guinea Ecuatorial como base de diversas operaciones ilícitas, con lo que el círculo regresa de nuevo a la oscura grabación ilegal que pretendía tapar las estafas del pequeño Nicolás, quien al ser detenido estaba con Javier Martínez de La Hidalga, otro de los dueños de la Hacienda La Alamedilla.

Al final, los círculos de Las cloacas de Interior acaban regresando al pecado original de las grabaciones ilegales. Y la caída de Villarejo permite por fin que vuelvan a investigar esas tramas los fiscales y magistrados que durante los últimos dos años han actuado, inexplicablemente, casi como los defensores de ese siniestro comisario.