Este artículo se publicó hace 9 años.
Siete actuaciones de políticos del PP que "atentan contra el honor de las víctimas de la dictadura franquista"
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pone a disposición de la Fiscalía un informe en el que recopila declaraciones de dirigentes conservadores para que el organismo valore si "se requiere alguna medida orientada a sancionar dichas conductas"
Alejandro Torrús
-Actualizado a
MADRID.- Desde permitir que los Franco continúen siendo "Grandes de España" a mofarse de la búsqueda de los restos de Federico García Lorca en Granada y permitir exhibiciones que exaltan la dictadura en colegios públicos. Estas son algunas de las actuaciones de políticos del Partido Popular que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado con el fin de que "pueda valorar" si "se requiere alguna medida orientada a sancionar dichas conductas y a proteger a las víctimas de gravísimos delitos pendientes de resolver".
La ARMH considera que estas declaraciones y actuaciones, que van desde la justificación de graves crímenes a la justificación de los mismos, atentan "contra el honor de las víctimas de la dictadura franquista" y recuerda que el Estado español tiene el deber de "velar y proteger a los familiares de los desaparecidos" como señala el artículo 12 de la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
La petición de la ARMH se produce apenas un mes después de que la Fiscalía pidiera que Guillermo Zapata, exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, declarara como imputado por sus tuits de humor negro sobre las víctimas del genocidio nazi. Según el escrito de la Fiscalía, los comentarios del concejal entrañan "descrédito, menosprecio o humillación de los delitos terroristas". De hecho, tras ser absuelto por la Justicia, fue la propia Fiscalía la que decidió recurrir la decisión del juez Pedraz. Ahora, la Fiscalía tendrá que decidir si utiliza el mismo criterio que utilizó con Zapata con las declaraciones de responsables políticos conservadores.
En una entrevista concedida a La Voz de Galicia en octubre de 2010, Jaime Mayor Oreja, ex ministro del Interior del Gobierno de Aznar, rechazó condenar la dictadura franquista, un período que calificó de "extrema placidez". ¿ Por qué voy a tener que condenar yo el franquismo si hubo muchas familias que lo vivieron con naturalidad y normalidad?", se preguntó el conservador tras considerar que la Ley de Memoria Histórica es "un disparate".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, consideró en 2008 que la decisión de paralizar las exhumaciones de fosas comunes de víctimas de la dictadura, que autorizó el juez Baltasar Garzón, era "muy buena". Rajoy, de hecho, apoyó entonces el recurso de la Fiscalía contra la orden de Garzón y se mostró "muy satisfecho" y "muy contento" con la noticia.
También Esperanza Aguirre, presidenta del PP de Madrid, celebró la decisión de la Audiencia Nacional señalando que "se ajusta a la legalidad". Aguirre aprovechó la oportunidad para arremeter también contra Garzón por intentar realizar "una nueva transición".
La delegada del Gobierno en Catalunya, Llanos de Luna, participó en mayo de 2013 en un homenaje en el que se entregó un diploma a la Hermandad de Combatientes de la División Azul, una unidad de voluntarios que combatió junto al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los partidos catalanes, salvo el PP y Ciutadans, pidieron la destitución fulminante de la delegada gubernativa, que, sin embargo, no se produjo.
Manuel González Capón, alcalde de Baralla (Lugo), aseguró el pasado 26 de julio de 2013 que los condenados a muerte por Franco “se lo merecían”. El edil del pequeño municipio gallego, de apenas 2.800 habitantes, afirmó: "Quienes fueron condenados a muerte [por el franquismo] será porque se lo merecían".
La afirmación se produjo durante una moción presentada por el PP para condenar los actos violentos de Resistencia Galega. Durante el debate, los socialistas exigieron la condena de "cualquier acto violento" y reclamaron a los conservadores que condenaran los crímenes cometidos durante la dictadura.
El colegio público Príncipes de Asturias, de Quijorna , municipio de 3.000 habitantes de Madrid, acogió en septiembre de 2013, gobernando el Partido Popular, un mercadillo de parafernalia franquista y nazi con una docena de estands presididos por la pancarta: “¡Saludo a Franco! ¡Arriba España! El primer teniente de alcalde de la localidad, José Luis Pérez Maroto, del PP, aseguró que se trataba “de una exposición militar".
El 18 de junio del presente año el Partido Popular votó en contra en el Congreso de la PNL presentada por el Grupo Mixto para retirar el título de "Grandes de España" a los Franco. El texto de la PNL también reclamaba la retirada de los títulos nobiliarios de Emilio Mola, José Moscardó, Gonzalo Queipo de Llano, Juan Yagüe y José Antonio Primo de Rivera, entre otros. La diputada del PP, Pilar Cortés, justificó la postura de su partido y señaló que no emprenderían ninguna iniciativa que no estuviera contemplada en la Ley de Memoria Histórica.
El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, señaló en un Congreso del PP de Madrid de 2009 que que la gente de izquierdas son "unos carcas" porque están "todo el día pensando en la guerra del abuelo" y "en la fosa de no se quién". El conservador no se retractó de sus palabras aunque sí pidió que se escuchara su discurso íntegro afirmando que "en España se ha superado la división de los españoles". Acto seguido, Casado señaló que los nuevos concejales del Ayuntamiento de Madrid tienen "actitudes muy sectarias y lo están demostrando con sus declaraciones actuales", en referencia a los tuits del exconcejal de Cultura Guillermo Zapata.
El PP de Granada exigió el diciembre pasado al Gobierno andaluz, presidido por Susana Díaz, que dejara de "montar espectáculos publicitarios en torno a la memoria histórica" y comenzara a "usar el dinero de los andaluces en proyectos productivos y de futuro”. El espectáculo para el PP se trataba de la búsqueda de los restos de Federico García Lorca, poeta fusilado durante la Guerra Civil.
En una nota de prensa, la vicesecretaria general del PP entonces, Marifrán Carazo, afirmó que “tras el enésimo fracaso del teatro montado por la Junta” en torno a la búsqueda de los restos del poeta Federico García Lorca en Víznar, “es hora de que el Gobierno andaluz retire las máquinas destinadas a las excavaciones para siempre".
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