El cambio de postura de Pedro Sánchez, en nombre del Gobierno, respecto al Sáhara Occidental ha abierto una nueva brecha en la izquierda, además de cosechar el rechazo de todo un amplio espectro parlamentario por las formas y el fondo de la cuestión. Este giro no solo ha enfadado a sus socios de la coalición, sino que vuelve a alejar a los socialistas del resto de partidos situados a su izquierda, la mayoría socios en el Congreso y que permitieron la investidura del jefe del Ejecutivo para llevar a cabo reformas y medidas de calado con marcado carácter progresista.

Después de conocerse el acuerdo con Marruecos para iniciar una "nueva etapa" diplomática que implica, entre otras cosas, reconocer la propuesta de autonomía para el Sáhara (postura por la que España abandona su posición de neutralidad activa en el conflicto), el grupo morado se desmarcó de la decisión del ala socialista para posicionarse del lado de las resoluciones de Naciones Unidas en la defensa del referéndum para el pueblo saharaui.

Este lunes, hasta once fuerzas políticas, mayoritariamente de la izquierda, han exigido la comparecencia de Pedro Sánchez, así como una rectificación en favor de la libre determinación del Sáhara Occidental (una propuesta que el PSOE recogió en su programa) ante lo que consideran una decisión "inaceptable". 

Este último episodio agrieta nuevamente las relaciones del PSOE con el resto de las izquierdas del Congreso que, a lo largo de esta legislatura y haciendo uso del especial peso que ostentan dada la aritmética parlamentaria, han presionado al partido de Pedro Sánchez para separarse de las derechas en cuestiones con fuerte contenido ideológico.

Un habitual ejemplo es la relación con la Corona, institución salpicada por una multitud de escándalos que arrinconan al rey emérito, Juan Carlos I, y que constantemente deja la misma foto en el Congreso: la unión de PSOE, PP y Vox para bloquear cualquier intento de las izquierdas de investigar en el Congreso los presuntos delitos cometidos por el padre de Felipe VI.

En este punto cabe recordar además que, a pesar de que la Fiscalía archivó las tres causas abiertas sobre las actividades económicas y los negocios opacos del antiguo jefe de Estado, el cierre de las diligencias se produjo bajo el escudo de la inviolabilidad que envuelve a la Familia Real (el PSOE también rechaza modificarla) y la prescripción de los delitos.

La semana pasada, las izquierdas parlamentarias (ERC, EH Bildu, Más País, BNG o Compromís) expresaron su rechazo al anuncio realizado por el presidente del Gobierno de aumentar el Presupuesto en materia de Defensa para ir acercándose de manera progresiva a los compromisos adquiridos con la OTAN de llegar al 2% del PIB, una medida aplaudida por la derecha. De hecho, ni los propios socios de la coalición gubernamental han compartido el argumento esgrimido por los socialistas para admitir el incremento armamentístico con motivo del conflicto bélico desatado en Ucrania por Rusia.

También, estas formaciones elevaron la voz contra la propuesta del Gobierno sobre el proyecto de ley de Memoria Democrática, pilotado por el departamento que dirige Félix Bolaños y cuya tramitación parlamentaria está en barbecho por falta de apoyos, al llevar al Pleno su alternativa para que los tribunales españoles puedan juzgar los crímenes del franquismo (mediante una modificación del Código Penal). El PSOE votó junto a PP, Vox y Cs en contra de la iniciativa legislativa de sus socios, que sí apoyó el grupo confederal.

En lo relativo a la ley de vivienda, cuyas negociaciones en el seno de la coalición tensaron las relaciones entre los socios a propósito de la limitación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, tanto Unidas Podemos como el resto de formaciones progresistas han apelado al PSOE para introducir cambios en el proyecto legislativo a través de enmiendas de modo que se asegure la regulación de los precios del alquiler, entre otras reivindicaciones.

Algo similar sucede con la reforma de la ley mordaza, una de las promesas más repetidas por Sánchez desde la oposición y cuando llegó al Gobierno. La modificación de la polémica norma propuesta por los partidos del Ejecutivo sigue sin convencer a la mayoría progresista, que la tilda de "maquillaje" ante asuntos espinosos como la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las sanciones, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.

Asimismo, en los últimos meses, los socialistas también se han desmarcado de iniciativas registradas por Unidas Podemos que, por el contrario, han tenido el beneplácito del resto de fuerzas progresistas, como la creación de una empresa pública de energía, una reforma fiscal justa y progresiva o la regulación del cannabis.