VALLADOLID.- El alcalde en funciones de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), ha defendido hoy su absoluta inocencia y ha anunciado que recurrirá el fallo que le condena por un delito de desobediencia judicial por incumplir una sentencia y que supone, según fuentes jurídicas, su inhabilitación inmediata para ocupar cargo público.

En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, con el respaldo de parte de su actual equipo municipal, León de la Riva, de 69 años y que lleva 20 al frente de la alcaldía, ha afirmado que está "disconforme con la sentencia" que le condena a 13 meses de "inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal", aunque la "acata" y la recurrirá ante la Audiencia provincial en el plazo de diez días que tiene.

La sentencia, que también incluye una multa de 12.810 euros, "no le obliga a nada", a su juicio, ya que "sólo le afectaba a su elegibilidad para cargo público" por lo que prevé seguir como alcalde en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento, el próximo 13 de junio.

Fuentes jurídicas han explicado que, según la ley electoral, la inhabilitación para empleo y cargo público se traduce en "ilegibilidad" para ser candidato, o "incompatibilidad" en el caso de haber sido elegido. La interpretación surge en cómo afecta esa incompatibilidad a la figura del "alcalde en funciones", ya que según las fuentes consultadas por Efe se abrirían dos escenarios.

El primero sería el de la inhabilitación inmediata con la convocatoria de un pleno para elegir a otro alcalde en funciones hasta la constitución del nuevo Ayuntamiento, independientemente del recurso que ya ha anunciado.

En el segundo caso, en la línea que esgrime la defensa del regidor, habría que esperar a la constitución del Ayuntamiento para que esa inhabilitación fuera efectiva, lo que supondría que De la Riva seguiría como alcalde en funciones hasta el 13 de junio.

Insiste en que la sentencia no es firme

De la Riva ha insistido en que la sentencia no es firme y ha confiado en que la Audiencia Provincia le dará la razón, después de que en un primer momento el caso fuera archivado por un jugado de instrucción, aunque luego se reabrió a petición de la fiscalía del Juzgado 2 de lo Penal de Valladolid y de la acusación popular ejercida por la federación de vecinos de la ciudad.

El alcalde en funciones ha observado que será él quien marque los tiempos sobre su futuro político y ha reconocido que sólo su familia sabe cuál será su decisión final. "Ni el secretario ni mi equipo lo saben, lo sabrán cuando lo tengan que saber", ha zanjado. No va a cesar hasta que él decida "cesar", ha recalcado De la Riva, quien ha reconocido que no está feliz con la decisión judicial y que le duele especialmente por Valladolid y su familia.

Ha manifestado su "inocencia absoluta", ha recordado que desde el primer momento su "voluntad fue que se cumpliera la sentencia", que se cumplió finalmente "a satisfacción de la sala". "Ha sido un proceso por el incumplimiento de un fallo, no por prevaricación ni malversación, delitos tan en boga actualmente", ha sostenido León de la Riva, quien ha reiterado su confianza en la justicia.

Trasteros convertidos en áticos

La sentencia le afectará "cuando sea firme", ha insistido León de la Riva, condenado hoy por un delito de desobediencia judicial por incumplir una sentencia. En sus 36 folios, el juzgado de lo Penal 2 de Valladolid constata que existió una "reiterada y evidente pasividad a lo largo del tiempo sin dar cumplimiento al mandato" judicial de restituir la legalidad urbanística en un edificio.

También recoge el fallo el "propósito de incumplir" del regidor, que se revela "de manera implícita por el reiterado actuar del acusado opuesto al acatamiento de una orden".

Los hechos se remontan al 2008, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad declaró ilegal la rehabilitación de un céntrico edificio de Valladolid, en el que el alcalde tiene su vivienda, y obligó a restituir a su estado original, entre otros elementos, unos trasteros convertidos en áticos, lo que no se cumplió hasta 2014, cinco años después y tras cinco requerimientos al regidor para que lo hiciera.