El resurgir del diálogo social: 12 acuerdos de Yolanda Díaz en menos de dos años

Hace unos días se celebró el 25 aniversario del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos laborales (ASEC), bajo el epígrafe de El poder del diálogo social. Allí, la vicepresidenta segunda de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se definió como "una firme defensora de la mediación"; "no es lo que le conviene a mi colectivo, pero es así", aseguró la abogada laboralista, consciente de que una buena mediación es enemiga acérrima del conflicto judicial.

El Gobierno, las patronales y los sindicatos exhibieron en ese acto un músculo del diálogo social que hace apenas unos años era prácticamente inimaginable. En lo que va de legislatura, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han rubricado un total de 12 acuerdos, 10 de ellos con la firma de todas las partes, incluida la del empresariado.

Muchos de ellos han sido aprobados en un contexto de pandemia inesperado y se han diseñado, precisamente, como respuesta a la crisis económica originada por la covid-19. Otros, en cambio, estaban en la hoja de ruta del Gobierno, y en la actualidad son considerados como legislación pionera que puede servir de marco a futuras normativas de otros países (como es el caso de la denominada ley rider).

El primer acuerdo de Díaz como ministra fue la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros, en febrero del año 2020. En esa negociación también participó y tuvo un papel destacado el entonces vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que mantuvo interlocución directa con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En este momento, el Ejecutivo de coalición apenas llevaba un mes en funcionamiento.

El del salario mínimo fue el primer y último gran acuerdo prepandemia; el siguiente pacto del diálogo social tuvo que responder ya a la situación generada por la emergencia sanitaria del coronavirus y las restricciones impuestas. Se trata del Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19, una normativa en la que se desplegó la herramienta de protección laboral de la que el Ejecutivo de coalición ha hecho su bandera: el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Desde la aprobación del decreto, el diálogo social ha prorrogado este mecanismo hasta en seis ocasiones; la última, el lunes de la pasada semana, después de varias jornadas de intensas negociaciones y de discrepancias entre patronal y sindicatos, por un lado, y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (que también ha formado parte, con un papel activo, de los acuerdos en materia de ERTE), por otro.

Dos acuerdos sin la patronal

Los acuerdos sobre las primeras tres prórrogas se alcanzaron en mayo, junio y septiembre de 2020; mientras que las tres últimas ampliaciones se acordaron en enero, mayo y septiembre de 2021. En la actualidad, la Vicepresidencia de Trabajo negocia con los agentes sociales, en el marco de la reforma laboral, convertir la figura de los ERTE en una herramienta estructural y permanente del sistema de protección del empleo.

En julio de 2020, Trabajo rubricó con el Ministerio de Igualdad y los sindicatos dos reglamentos sobre los planes de igualdad y de igualdad retributiva que, entre otras medidas, obliga a las empresas a documentar los salarios de forma desglosada para verificar que no existe discriminación por cuestión de género en las retribuciones de los trabajadores y las trabajadoras. Este es uno de los dos acuerdos que el departamento dirigido por Yolanda Díaz sacó adelante con el apoyo de los sindicatos, pero sin el concurso de las patronales.

A finales de septiembre de 2020, el diálogo social dio a luz a otro de los grandes acuerdos de la legislatura: el real decreto ley que regula el trabajo a distancia; una norma que se tramitó como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y que en el verano de 2021 dio lugar a la denominada Ley del Teletrabajo. Entre otras cuestiones, esta legislación otorga a los trabajadores a distancia los mismos derechos que los que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y pone en el centro la voluntariedad y el acuerdo entre empresarios y empleados.

La 'ley rider' causó un cisma interno en la patronal que bloqueó las negociaciones durante meses

Ya en 2021, en el mes de mayo, se produce uno de los acuerdos más difíciles y más relevantes para el Ministerio de Trabajo: el real decreto ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, mejor conocido como ley rider. La gestación de esta norma puso a prueba la fortaleza del diálogo social y, en muchas ocasiones, las negociaciones estuvieron a punto de romperse (de hecho, permanecieron encalladas durante meses).

Un asunto tan pionero y sin precedentes legislativos, como era la regulación de las plataformas digitales, llegó a provocar un auténtico cisma interno en la patronal, que se dividió entre aquellas empresas que defendían la necesidad de regular las plataformas digitales, con el fin de evitar prácticas y situaciones de competencia desleal, y aquellas que sostenían que había que mantener la ausencia de regulación.

Finalmente, se logró un acuerdo. Todas las partes (incluida la patronal) estamparon su firma y los repartidores a domicilio salieron de la situación laboral de falsos autónomos en la que se encontraban. 

El último gran acuerdo de Trabajo fue la subida del salario mínimo (la segunda de Yolanda Díaz) de 950 a 965 euros. La ministra ya había tratado de acometer una subida en 2020, pero el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optaron por congelar la cuantía ya que, según esgrimieron, el SMI había experimentado dos subidas muy importantes en los últimos años.

Díaz decidió entonces crear un comité de expertos que estableciera una senda de subida del SMI, que tenía que arribar a una cuantía que supusiera el 60% del salario medio (como recoge la Carta Social Europea y el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos).

Los expertos marcaron esta senda, y la vicepresidenta puso en marcha el diálogo social para alcanzar un acuerdo. La patronal, que ya fue reticente a la subida en el 2020, volvió a mostrar su rechazo al incremento, y fue acusada por Díaz de negarse a negociar: "Entrar pidiendo cero euros de subida y salir pidiendo cero euros no es negociar; es otra cosa, pero no negociar", dijo la titular de Trabajo.

Finalmente, en septiembre se alcanzó un acuerdo, después de que Díaz insistiera en la subida y de que los sindicatos amenazaran con movilizarse en contra del Gobierno. Este fue el segundo acuerdo que vio la luz sin la firma de la patronal.

Pedro Sánchez no desaprovecha la ocasión en cada comparecencia pública que hace para poner en valor estos acuerdos alcanzados dentro del diálogo social, pero Unidas Podemos sabe que la ciudadanía los identifica con Yolanda Díaz. En todo caso, más allá del rédito político que quiera sacar cada parte, el Gobierno lleva casi dos años de acuerdos y de paz social.