Tras semanas de negociación, finalmente este jueves el PSOE y Junts per Catalunya han cerrado el acuerdo político que garantiza el voto afirmativo de los siete diputados de la formación independentista a la investidura de Pedro Sánchez.

Según consta en el documento firmado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, el acuerdo pretende “contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya” a cambio de “procurar la gobernabilidad” de la actual legislatura estatal.

Desgranamos las claves de un pacto en el que ambas formaciones admiten que parten de “posiciones divergentes” y no esconden que sus propuestas para avanzar en la resolución del conflicto y en las otras grandes demandas catalanas -como la financiación- están alejadas.

La creación de un mecanismo de verificación “internacional” y la celebración de reuniones para negociar la resolución del conflicto y las limitaciones del actual autogobierno son los elementos más destacados del documento, además de la ley de amnistía, que ha acaparado la atención los últimos días.

Los acuerdos

A nivel concreto, los dos partidos han acordado dotarse de un “verificador internacional” -en el redactado se puede leer que “han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”-, que es una solución a sus “profundas discrepancias” y a las “desconfianzas mutuas”.

“Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación”

Acuerdo de investidura entre PSOE y Junts

En este marco, Junts y PSOE deben pactar la metodología de la negociación y los contenidos de los acuerdos a negociar, que deben partir de las dos principales demandas catalanas: “La superación de los déficits y limitaciones del autogobierno” y las relativas “al reconocimiento nacional de Catalunya”.

Las dos partes celebrarán una primera reunión de negociación en la que ya detallan que partirán de propuestas divergentes. En concreto, en cuanto al reconocimiento nacional de Catalunya, “Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución”, mientras que “el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006 [antes de ser recortado por el Constitucional], así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.

Junts pide la recaudación de todos sus impuestos y el PSOE aboga por autonomía financiera para Catalunya

En lo que se refiere a “los déficits y limitaciones del autogobierno”, Junts propondrá modificar la LOFCA para que se establezca una “cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya”. El PSOE, en cambio, “apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Catalunya, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya”.

Además, el documento destaca el acuerdo sobre una ley de amnistía que abarque las movilizaciones independentistas de la última década y que aborde también “situaciones de lawfare” y “la ampliación de la participación directa de Catalunya en las instituciones europeas y demás organismos y entidades Internacionales”.

Origen del conflicto en el siglo XVIII

El texto del acuerdo sitúa los antecedentes del actual conflicto territorial en el siglo XVIII, con la imposición de los Decretos de Nueva Planta que tras la guerra de Sucesión “abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya”. Ya en la política contemporánea, el documento recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional contra el actual Estatut de Catalunya, como punto de partida de un procés que vivió su momento culminante en 2017, con el referéndum del 1-O.

El pacto de Junts y PSOE admite que “solo la política” puede “buscar una solución” a un conflicto que, “seis años después” del referéndum, “sigue sin resolverse”. En este sentido, ambas partes concluye que “la resolución debe ser negociada y acordada y por lo tanto corresponde intentarlo a los actores a los que las urnas les han dado esta posibilidad”.