Si las negociaciones de la futura ley de Vivienda entre el PSOE y Unidas Podemos están enquistadas desde hace algunas semanas por las diferencias entre los socios de Gobierno, las palabras de este lunes del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre la regulación de los alquileres parecen haber complicado las cosas, no solo con los de Pablo Iglesias, sino también con los partidos que sustentan la mayoría parlamentaria del Ejecutivo.

Ábalos apuntó en la rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva socialista que el ministerio que dirige apuesta por tratar de rebajar los precios de los alquileres a través de incentivos fiscales. "Respecto a la intervención de los precios, existen dos concepciones distintas y en nuestro caso consideramos más positivo y eficaz promover que no imponer. Lógicamente, los más recurrentes son los (incentivos) fiscales, aunque también puede haber otras medidas que no sean imponer", dijo.

Estas declaraciones han tensado a su socio de Gobierno y coproponente de la futura norma sobre Vivienda, Unidas Podemos, que desde hace varios meses denuncian que Transportes no les ha presentado una sola propuesta concreta en esta materia, pese a que los socialistas han rechazado las remitidas por la formación morada.

Los de Iglesias advierten de que llevar a la ley de Vivienda medidas fiscales en vez de poner directamente límites a los precios del alquiler sería incurrir en un incumplimiento de los acuerdos firmados en esta materia. El acuerdo que alcanzaron el PSOE y Unidas Podemos a finales de octubre para sacar adelante los Presupuestos de 2021 habla literalmente de "regular la contención de las rentas del alquiler en la ley de Vivienda".

En concreto, se explica que "en las zonas de mercado tensionado, determinadas en función de los sistemas de índices de referencia, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes". Y se añade que "se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda".

Este acuerdo abunda en la misma línea que el de coalición, firmado en diciembre de 2019 para conformar el Ejecutivo. Para el Ministerio de Transportes las medidas fiscales no van en contra de los acuerdos firmados con Unidas Podemos, ya que consideran que también constituyen una regulación para contener las rentas del alquiler.

Habrá índice de precios y zonas tensionadas

En este sentido, fuentes del Ministerio de Transportes afirman que habrá índice de referencia de precios de alquiler y se podrán decretar zonas tensionadas para intervenir, aunque precisan que las diferencias con Unidas Podemos están en cómo hacerlo. Aquí, los de Ábalos abogarán por bonificaciones, rebajas fiscales en el IRPF y otros incentivos que lleven a la baja el precio de los alquileres. Para el ministro, los estímulos pueden ser más efectivos que las imposiciones o fijar los precios.

Sin embargo, los de Pablo Iglesias advierten de que no asumirán lo que para la formación morada es un incumplimiento de los acuerdos. En esta línea, apuntan a que esta sería una línea roja que, unida a las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE sobre el papel de los grandes fondos de inversiones en la nueva ley de vivienda y el impuesto que proponen para movilizar vivienda vacía (que Transportes rechaza), así como las diferencias sobre la prohibición de los desahucios, amenaza con hacer descarrilar unas negociaciones que no pasan por su mejor momento.

Desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales se recuerda que, más allá de las discrepancias respecto a los contenidos de la futura norma, su desarrollo ya está fuera de los plazos acordados en el último compromiso adquirido por ambas formaciones. El 27 de octubre el PSOE y Unidas Podemos acordaron llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en el plazo de tres meses, un periodo que venció a finales del mes de enero.

Sin embargo, hace tiempo que en el Ministerio de Transportes hablan del mes de marzo para llevar la ley al Consejo, y este lunes Ábalos ha insistido en que "si en 40 años no se ha hecho (una ley de Vivienda), para hacer una mala ley tampoco hay por qué correr". 

Las palabras del ministro no solo han tensado a Unidas Podemos, sino que también han sembrado la duda entre las formaciones del denominado bloque de la investidura, que sostienen la mayoría parlamentaria del Ejecutivo de coalición y que fueron clave en la aprobación de medidas como los Presupuestos de 2021.

En este sentido, ERC y Bildu han solicitado en el Congreso una petición para que Ábalos comparezca en la Comisión de Transportes con el objetivo de que el ministro aclare cuáles son sus propuestas concretas respecto a la ley de Vivienda (no se conoce aún nada del borrador que estaría manejando el Ministerio, un documento que la Vicepresidencia de Derechos Sociales no ha visto, pese a ser coproponente de la norma).

La formación catalana y la vasca aseguran estar preocupadas tras las declaraciones de Ábalos y temen un "posible incumplimiento de los acuerdos alcanzados para limitar los precios del alquiler y la necesidad de dar respuesta a la emergencia habitacional". En octubre del pasado año, unos días antes de que Unidas Podemos y el PSOE cerraran su acuerdo en materia presupuestaria, siete partidos de la Cámara Baja (entre los que se encontraba la formación morada) firmaron un manifiesto que pedía limitar los alquileres.

Fuentes del Ministerio de Transportes siguen intentando rebajar la polémica e insisten que los objetivos para regular el mercado de vivienda y del alquiler son los mismos, y que se piensan cumplir los acuerdos alcanzados para el Gobierno de coalición y para los Presupuestos.

Estas mismas fuentes explican que se sigue dialogando y creen que se puede llegar a puntos de acuerdo si hay voluntad política para no hacer de esta ley un nuevo foco de confrontación dentro del Gobierno. De hecho, Ábalos recuerda una y otra vez que será la primera ley de vivienda la etapa democrática y que supondrá un gran avance para potenciar la función social de la vivienda.